Son niñas, no madres: latinoamericanas contra el embarazo infantil

América Latina y el Caribe tiene un deshonroso título que, inexplicablemente, no termina de sacudir a la sociedad: es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos en niñas menores de 15 años, solo superada por África. Esto quiere decir, niñas que son víctimas de violencia sexual, a menudo en sus familias, y que son obligadas a ser madres, niñas que ven truncados sus proyectos de vida para dedicarse a maternar por decisión de jueces, médicos o políticos. Algo tan aberrante como las violaciones masivas que sufrió la francesa Giselle Pelicot, pero en niñas. Las cifras son variables entre países, pero las últimas disponibles, de 2021, indican que las tasas de natalidad fueron de 53,2 nacimientos por cada 1.000 niñas entre los 10 y 14 años.

Por eso, el 29 de mayo de 2019, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Planned Parenthood Global (PPG), Mujeres Transformando el Mundo (MTM) de Guatemala, y Surkuna de Ecuador se unieron para adelantar un litigio internacional simultáneo y sin precedentes y presentaron los casos de Norma de Ecuador, Fátima de Guatemala, y Lucía y Susana de Nicaragua, cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual, forzadas a la maternidad, ante Naciones Unidas. Este 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a los Estados de Ecuador y Nicaragua por la violación a los derechos humanos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual, a las que se les negó el acceso a la interrupción del embarazo.

Las abogadas Catalina Martínez Coral; Ana Vera, Paula Barrios y la comunicadora Marianny Sánchez Núñez son algunas de las mujeres que lideran el movimiento y buscan sacudir a la región sobre la dimensión de la violencia sexual y la maternidad forzada.

Catalina Martínez Coral

Es una abogada de Cali (Colombia) que ha hecho su carrera en las entrañas de los organismos internacionales de derechos humanos. Es la vicepresidente del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe y en Colombia. Su rostro y su trabajo son conocidos porque es una de las fundadoras del movimiento Causa Justa, que ayudó a eliminar el delito de aborto en el país suramericano. Ahora se embarcó en una apuesta regional que ella reconoce como transgresora, pero que le da sentido a su trabajo y a su vida: llevar adelante, acompañar y litigar casos de niñas de diferentes países de la región obligadas a maternidades forzadas. “Va más allá de que salgan las decisiones judiciales. Es estar ahí como una piedrita en el zapato hasta que los Estados cumplan”, dice con tono suave pero firme. Sabe que los cinco casos son apenas una muestra de la violencia sexual contra niñas en la región y de otros patrones como la impunidad en la justicia y la revictimización que sostiene esas violaciones.

En términos procesales cada caso del litigio llega y sigue su curso de forma individual en el Comité de Derechos Humanos, pero lo innovador, dice Martínez, es que al presentarlos en colectivo demuestran la magnitud del problema. “Le decimos a las Naciones Unidas: esto es lo que está pasando en la región y no lo decimos con un caso, son cinco de países con contextos legales diferentes donde todas las niñas pasan por la misma situación. Por eso, necesitamos tener el mayor estándar posible”.

El litigio apunta entonces a reparaciones individuales de tipo social y de salud para estas víctimas concretas que hoy ya son mayores de edad; pero también a dejar un precedente para toda la región. “Pedimos también que el Comité pueda generar unas recomendaciones robustas frente a erradicar la violencia sexual y de medidas más estructurales de política pública que tienen que adoptar los estados; que pueda decirles a los estados que deben eliminar el delito aborto”, agrega.

En 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU condenó al Estado peruano por vulnerar los derechos de Camila, que siendo una niña víctima de violación fue juzgada por abortar. Y ahora están a la espera de la decisión del caso de Ecuador.

Marianny Sánchez Núñez

“Las maternidades forzadas en América Latina son una epidemia silenciosa. Una realidad que está allí, pero de la que no se habla lo suficiente”, dice Marianny Sánchez (Puerto Ordaz, 1985), comunicadora, migrante y feminista. Lo atribuye, entre otras razones, a “lo doloroso de la situación, es como que nadie quiere abrir esa herida”.

Sánchez es la directora de comunicaciones de Planned Parenthood en América Latina y dice que siempre le ha preocupó que la frase: “la segunda región con las tasas más altas de partos en niñas” parece haberse convertido en una más de las que se leen al paso en comunicados oficiales de organismos, pero nadie dimensiona su gravedad. En 2016, la organización realizó una investigación que contaba, en profundidad los testimonios de víctimas de violencia sexual y embarazo infantil en toda la región. Se llamó Vidas Robadas y evidenció la vida que habían perdido las niñas obligadas a maternar.

“Pero no queríamos que se quedara como una investigación que cinco académicos iban a consultar a la hora de hacer un análisis de la maternidad forzada en la región”. Había que actuar. Así que pensaron que debían desarrollar una plataforma comunicativa junto a la apuesta jurídica. Lo que vino después fue elegir casos emblemáticos para llevarlos ante el sistema justicia. “Que esas historias no fueran contadas en vano y pudieran transformar el abordaje jurídico de la violencia sexual y de las maternidades forzadas en las niñas”.

Sánchez tiene un máster en Género, Identidad y Ciudadanía y estudios de postgrado en Estudios Culturales y considera que hay combo tóxico que permite la existencia de ese flagelo en la región. Se origina en la naturalización que existe de la violencia sexual en las familias y en las propias comunidades; en la impunidad rampante y en el machismo que le resta valor y autonomía a las mujeres y a las niñas. Se da el mensaje de que “el cuerpo de una niña se puede consumir y violentar”. Pero, además, dice, “hay romantización de la idea de la maternidad en nuestra región, según la cual, no importa cómo hayas llegado a ella: si te violaron de niña, si viviste en infierno y te quedaste embarazada”.

Por eso, más allá del litigio que busca que ningún caso de violencia sexual quede en la impunidad, piden que se reconozca que la maternidad forzada es una forma de trato cruel, inhumano y de tortura. En esencia, su objetivo es que en la región se garantice el “derecho a las niñas a gozar de su infancia”.

Ana Vera

Abogada y socióloga (Quito, 1984), integrante de la Fundación Surkuna (libertad en lengua quechua), dice que además del litigio, lo más valioso del movimiento Son niñas no madres es que cuestiona la naturalización de la maternidad en la infancia. “Ha generado conciencia. De repente la gente comienza a preguntarse y a decir no deberían ser madres. Ayuda a la despenalización social del aborto”.

Si bien su objetivo es lograr que ninguna niña sea forzada a una maternidad; insiste en que se necesitan políticas públicas para las niñas que ya fueron obligadas a ser madres. En su país, donde seis de cada 10 menores de entre 10 y 14 años dan a luz cada día producto de una agresión sexual, las víctimas con sus hijos tienen pocas opciones: o van a la única casa acogida estatal que hay en Quito y vive desbordada; o a lugares de acogida de la sociedad civil que reciben apoyos públicos “miserables”, a orfelinatos o permanecen en sus hogares donde a menudo están sus agresores.

Se trata de casas que no logran cubrir todo y requieren constantemente de labores benéficas para comprar útiles escolares o juguetes para las niñas y sus hijos. Con el agravante de que solo pueden estar ahí hasta los 18 años. “Es absolutamente brutal porque salen y no saben ni manejar dinero, no tienen trabajo ni cómo rentar una casa para ellas y sus guaguas”, explica Vera quien propone que las niñas obligadas a ser madres puedan recibir los bonos que el Estado da para personas en situación de pobreza y que ese dinero pueda guardarse en una cuenta que ellas puedan usar al cumplir la mayoría de edad mientras consiguen trabajo.

Aunque su trabajo es de “primeros auxilios legales” y como responsable de la estrategia del litigio, en la cercanía con estas niñas ha visto que sus necesidades son justamente seguir siendo niñas. Recuerda el caso de una fiesta de 15 años que celebraron para varias de ellas. Consiguieron vestidos donados, quién las peinara y lo que significó esa fiesta para que pudieran olvidarse por un rato de su maternidad forzada. “Nos interpela mucho ver, por ejemplo, las niñas pidiendo a las personas de la casa que cuiden a los hijos para poder jugar, o un momento para descansar porque están agotadas del cuidado”, cuenta Vera quien ha acompañado el caso de Norma, cuya decisión acaba de tomar el Comité de Derechos Humanos.

Paula Barrios

A pesar de los 2.300 kilómetros que la distancian de Quito, la realidad que Paula Barrios observa en Guatemala es muy similar. Allí más de 1.500 niñas violentadas sexualmente se convierten en madres cada año. Barrios es abogada y coordinadora general de la oenegé Mujeres Transformando el Mundo, que acompaña a niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. La organización acompaña también a Fátima, cuyo caso está en el Comité.

“Tenemos la expectativa de que a nivel de Latinoamérica se ponga en la palestra la importancia de la educación sexual integral, que tengamos herramientas para protegernos, visibilizar lo que está pasando y que haya mecanismos de respuesta inmediata para prevenir la violencia sexual que ha ido en aumento en los últimos cinco años”, dice.

También para ella, la normalización social de que las mujeres nacemos para ser madres incide en la crítica situación de maternidad infantil. “Entonces da igual que una niña quede embarazada a los 10 o a los 12 años, se piensa que ella solo se ha adelantado”, advierte.

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