El negocio de Ortega con las fronteras: “Pagué 6.000 dólares para poder regresar a Nicaragua”

José David llevaba más de dos años sin salir de Nicaragua. Aprovechando las vacaciones de Semana Santa en abril pasado, decidió viajar a Miami a visitar a sus tíos y primos. Fueron a los parques de atracciones en Orlando, hizo compras y comió bastante, agasajado por sus familiares. El buen momento se acabó de golpe cuando, la noche antes de abordar su avión de regreso a Managua, la aerolínea le envió un correo electrónico en que le notificó que Migración y Extranjería le negaba el ingreso a su país. Lo que más temía se hizo realidad.

José David no se llama José David. Pide a EL PAÍS anonimato por temor a represalias. Él sabía que era una posibilidad que le negaran el reingreso, una de las razones que lo habían llevado a no salir de Nicaragua en más de dos años. Veía en las noticias que una de las nuevas tácticas represivas del régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo era impedir el regreso de nacionales al país.

Los afectados generalmente eran personas que participaron en las protestas de 2018, familiares de exiliados, influencers o empresarios. Como se sentía alejado de esos grupos, José David tomó el riesgo de comprar el boleto a Miami. Pero eso no le impidió caer en esa espiral de represión migratoria, que ha alcanzado a miles de personas. A algunos, incluso, les han impedido retornar por el simple hecho de haber puesto en algún momento algún comentario en redes sociales crítico con la pareja gobernante.

Varado en Miami, el joven pronto cayó en la desesperación. Su único objetivo era tratar de volver a Nicaragua, a su trabajo estable en un banco, a su novia, a su familia… Por ese entonces, a finales de abril, entre los afectados corría el rumor de que si se escribía al Ministerio de Gobernación podría abogar por el retorno. “Decían que debíamos escribir una carta pidiendo a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Otros decían que se debía pagar una cantidad de dinero”, relata José David.

Más de 300 casos y cobros de hasta 25.000 dólares

Lo hizo. Escribió un correo al ministerio de Gobernación, dirigido por el viceministro Luis Cañas, a quien se le conoce como el arquitecto de la represión migratoria. Las autoridades sandinistas le solicitaron un anticipo de 1.000 dólares para “estudiar su caso”, y si este era “aprobado”, debería pagar 5.000 dólares más para ser admitido en territorio nacional. Sin embargo, los cobros también se imponen en función a la capacidad adquisitiva de la víctima.

Para garantizar que los agentes migratorios del régimen sandinista revisen uno a uno los casos de los ciudadanos que regresan hacia Nicaragua, el régimen obliga a las aerolíneas a enviar tres días antes la lista de pasajeros. Desde allí empieza “la lotería” de ser perfilado para ser extorsionado. Una fuente de Migración relató a este periódico que después de 2018 se crearon listas de personas vetadas, pero ahora estas son mucho más amplias.

“Basta con buscar en Internet información del pasajero, sobre todo en redes sociales, y si tiene alguna publicación contraria al Gobierno, se le niega automáticamente el ingreso. No sé cuál es la razón, pero es lo que han instruido”, asegura la fuente ligada al entorno migratorio. Entre los otros casos confirmados por medios de comunicación están personas sin vinculación política y se trata más bien de nicaragüenses radicados hace décadas en Estados Unidos.

José David, con ayuda de sus familiares de Miami, aceptó y recogió la plata, porque durante el proceso de “negociación” lo señalaron de “golpista” y de “traición a la patria”. Pagó la extorsión, pero le advirtieron que no dijera nada ni se atreviera a denunciar lo sucedido. El de José David no es un hecho aislado.

Organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Monitoreo Azul y Blanco, contabilizan en lo que va de 2025 más de 300 personas impedidas de regresar al país. Sin embargo, se cree que el subregistro es grande porque, por temor, no se denuncia. Tres testimonios más recabados por EL PAÍS y otros publicados por medios de comunicación nicaragüenses dan cuenta de estas extorsiones, incluso algunas dirigidas a empresas a cambio de dejar regresar a sus empleados por cobros de hasta 25.000 dólares.

“Impacto devastador”

También han existido casos en los que el régimen sandinista, a través de sus instituciones, realizan peticiones de participación o patrocinio para sus actividades políticas como prueba de “buena voluntad” hacia el régimen. Un caso particular que llamó mucho la atención fue el de la influencer Valeria Sánchez, a quien le negaron la entrada al país, aunque un mes después apareció en su casa en Managua, sin explicar por qué existió tal retraso en su ingreso a Nicaragua.

Sánchez pasó de ser una mujer activa en redes sociales con marcas de empresas muy respetadas en el país, a solo compartir su día a día con su familia. Según la “influencer”, se está tomando un respiro porque está enfocada en proyectos personales con su esposo y por eso no estaba compartiendo contenido como antes.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas ha denunciado que las expulsiones y bloqueos de ingreso forman parte de un plan sistemático de persecución y destierro ordenado por Ortega y Murillo. Según su más reciente informe presentado en Ginebra este 23 de septiembre, estas medidas han convertido a cientos de nicaragüenses “en apátridas de facto, despojados de su identidad legal y sus medios de vida”. “Su vida entera se desmantela sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que deriva en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia omnipresente”, advirtió Jan-Michael Simon, presidente del Grupo.

La ONU calificó estas prácticas como crímenes de lesa humanidad, al sumarse a la lista de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2018. “El impacto humano es devastador: familias divididas, ciudadanos atrapados en países distantes y empresas bajo chantaje”, subrayan.