Estados Unidos castiga con sanciones económicas a la esposa de un juez que condenó a Bolsonaro
Washington castiga a la mujer del magistrado Moraes y la Fiscalía de Brasil denuncia al hijo de Bolsonaro por coaccionar al tribunal
Nuevo capítulo en el pulso que Estados Unidos libra con Brasil a cuenta del juicio —ahora, condena— contra el expresidente Jair Bolsonaro. El Departamento del Tesoro estadounidense ha castigado este lunes a la abogada brasileña Viviane Barci de Moraes, de 56 años, y al bufete que dirige, con sanciones económicas. Barci, esposa del juez Alexandre de Moraes, que lleva el caso por golpismo contra el expresidente, entra así en el club internacional de los violadores de derechos humanos sancionados, donde su marido fue incluido en julio y en el que acaban de entrar nada menos que los Mayos, una poderosa facción de narcos del cartel de Sinaloa, o dos islamistas sudaneses con conexiones con Irán. Poco después, la Fiscalía de Brasil ha anunciado que denuncia a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, por coaccionar al tribunal que condenó al ultraderechista.
El castigo del Tesoro llega once días después de que un tribunal condenara por cuatro votos contra uno a Bolsonaro a 27 años por encabezar un intento de asonada tras perder las elecciones. Las sanciones implican el congelamiento de los eventuales bienes que la abogada y su bufete tengan en EE UU y la prohibición a las entidades financieras de aquel país de hacer negocios con ellos.
Cuando al secretario del Tesoro, Scott Bessent, le han preguntado por qué la abogada brasileña había sido sancionada, ha respondido que “no hay Clyde sin Bonnie”. Antes había dicho en una nota que “esta acción deja claro que el Tesoro seguirá persiguiendo a quienes brindan apoyo material a De Moraes mientras este abusa de los derechos humanos”. El Tesoro sostiene que el bufete de la abogada puede servir para que el juez eluda las sanciones.
EE UU acusa al magistrado de orquestar “una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”.
La afectada ha guardado silencio mientras su esposo ha emitido una nota en la que dice: “La ilegal y lamentable aplicación de la ley Magnitsky a mi esposa no solo contrasta con la historia de Estados Unidos, de respecto a la ley (…), sino que violenta el derecho internacional, la soberanía de Brasil y la independencia del poder judicial”.
Para el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estas nuevas sanciones son “una nueva injerencia indebida en asuntos internos brasileños” y ha avisado de que “no se plegará ante una nueva agresión”.
También este lunes la fiscalía de Brasil ha denunciado a Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente que está en EE UU haciendo lobby a su favor, por coacción al tribunal. Tanto el diputado Bolsonaro como Paulo Figueiredo, uno de sus más estrechos colaboradores en la campaña y nieto de un presidente dictador, son acusados de maniobrar en EE UU para que impusiera sanciones “en una estrategia de intimidación”.
Desde hace semanas se anticipaba en Brasil que la esposa de Moraes sería la siguiente víctima de las represalias económicas con fines políticos que EE UU viene aplicando a Brasil. En las semanas previas al juicio, Washington impuso a las importaciones de Brasil un arancel del 50%, castigó al juez Moraes con sanciones económicas y retiró los visados a casi todos los jueces del Supremo. Solo se libraron tres: los dos designados por Bolsonaro y el único del tribunal que lo juzgo que pidió su absolución.