Para romper con el pasado autoritario en Guatemala

Ochenta años después, la Revolución guatemalteca se mantiene en la historia latinoamericana como un período emblemático de profunda transformación social y política

Manifestantes marchan para conmemorar la Revolución de 1944 en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala, en 2023.Santiago Billy (AP)

Hay similitudes entre los acontecimientos en Guatemala en 1944 y 2024. En ambos momentos se produjo una movilización generalizada de la sociedad civil, poniendo las aspiraciones democráticas de las mayorías populares contra los intereses arraigados de la minoría con poder económico y político. En ambos momentos,...

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Hay similitudes entre los acontecimientos en Guatemala en 1944 y 2024. En ambos momentos se produjo una movilización generalizada de la sociedad civil, poniendo las aspiraciones democráticas de las mayorías populares contra los intereses arraigados de la minoría con poder económico y político. En ambos momentos, fuerzas antidemocráticas intentaron impedir o revertir el cambio progresista. Ambas situaciones atrajeron una importante atención internacional. A pesar de tener roles opuestos, la participación de los Estados Unidos en la resolución de los eventos históricos fue crucial.

Si bien los resultados fueron diferentes—la democracia surgió en 1944, fue derrocada en 1954 y preservada en 2023-2024—ambos períodos ponen de relieve la lucha en curso por la consolidación democrática en Guatemala y la compleja interacción de factores nacionales e internacionales que configuran la tumultuosa trayectoria política del país.

El legado de la Revolución guatemalteca es complejo y controvertido. Se la recuerda como un período de progreso democrático y reforma social, pero también como una época de promesas incumplidas y consecuencias trágicas. Su influencia en la sociedad guatemalteca es innegable ya que moldeó el discurso político, el repertorio contencioso de los movimientos sociales y la memoria colectiva sobre lo que es posible. Sus líderes, Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán, son figuras recurrentes en el panteón de íconos democráticos latinoamericanos.

La Revolución guatemalteca fue un acontecimiento multifacético con profundas raíces históricas. Fue la culminación de años de opresión, desigualdad y autoritarismo, combinados con la inspiración de acontecimientos internacionales y la movilización de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. El florecimiento democrático de posguerra trajo consigo una ola de movimientos democráticos en toda América Latina. Guatemala no fue la excepción, con estudiantes, maestros y jóvenes oficiales militares uniendo fuerzas para exigir cambios estructurales. Estos movimientos fueron impulsados por la creencia en la posibilidad de una sociedad más justa y equitativa. El ascenso del fascismo en Europa y la posterior Segunda Guerra Mundial tuvieron un profundo impacto en los intelectuales y activistas guatemaltecos, quienes vieron la lucha contra la dictadura del General Jorge Ubico, admirador del nacional-socialismo alemán, como parte de una lucha global por la democracia y los derechos humanos. Además, las luchas ideológicas de la Guerra Civil Española, en particular en contra el régimen de Francisco Franco, resonaron entre quienes buscaban romper con el pasado dictatorial de Guatemala. Los revolucionarios se inspiraron en los esfuerzos de la República Española por desafiar a la Iglesia Católica y a la clase terrateniente descendiente de las autoridades coloniales.

El derrocamiento de Ubico en junio de 1944, tras protestas y huelgas masivas, creó una oportunidad política para la reforma. Este acontecimiento marcó el inicio de los Diez Años de Primavera y preparó el terreno para los acontecimientos posteriores de la Revolución de Octubre con el derrocamiento del sucesor de Ubico, el general Federico Ponce Vaides, lo que solidificó el movimiento revolucionario y condujo al establecimiento de un Gobierno democrático bajo Arévalo Bermejo. Este acontecimiento alimentó aún más las esperanzas de una Guatemala más justa y equitativa. En aquel entonces, los estudiantes universitarios desempeñaron un papel crucial en el inicio de la revolución. Sus protestas y manifestaciones desafiaron la autoridad de Ubico y crearon un clima de disenso. Continuaron activos durante toda la revolución, presionando por reformas más radicales. El crecimiento de los sindicatos en la década de años cuarenta, particularmente en las plantaciones de la United Fruit Company, dio a los trabajadores una plataforma para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Su activismo puso en primer plano la cuestión de la soberanía nacional y el poder de las empresas extranjeras. Si bien se debate el alcance de la participación indígena en la revolución, algunas comunidades, como Chupol, participaron activamente en movimientos revolucionarios. Sus demandas de reforma agraria y justicia social desafiaron el orden social existente y contribuyeron al impulso de la revolución.

La revolución trajo consigo importantes cambios democráticos. Se introdujo el sufragio casi universal, lo que amplió los derechos de voto para toda la población. Se comenzaron a celebrar elecciones libres, lo que marcó un cambio respecto del régimen autoritario anterior. Hubo un esfuerzo concertado en mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, construyendo centros de salud para mejorar el acceso a la atención médica, aumentando la financiación de la educación, ampliando las oportunidades educativas e introdujendo programas de seguridad social.

La revolución hizo esfuerzos para abordar la marginación de la población indígena de Guatemala. Se abolieron las duras leyes de vagancia que obligaban a los indígenas a trabajar para los terratenientes. La reforma agraria de 1952, durante el Gobierno de Árbenz Guzmán, benefició especialmente a las familias indígenas, mejorando significativamente sus niveles de vida. Hoy en día, es sabido que la reforma agraria fue lo que comenzó el intervencionismo estadounidenses que culminó en el golpe de 1954.

Pero los intentos de la Revolución guatemalteca de modernizar la agricultura indígena y promover la conservación llevaron a varias consecuencias no deseadas a pesar de las mejores intenciones de los responsables de las políticas. Los esfuerzos de modernización, sumados a la escasez de tierras, intensificaron los mismos problemas que pretendían abordar. Los funcionarios creían que la producción indígena de maíz, o milpa, conducía a la deforestación y la erosión del suelo. El gobierno revolucionario subestimó la sofisticación del sistema de milpa, priorizando la resiliencia a largo plazo por sobre los rendimientos máximos. Los responsables de las políticas abogaron por el monocultivo y las nuevas tecnologías sin abordar la distribución desigual de la tierra, la causa fundamental de los problemas ambientales. Esto y el rápido crecimiento demográfico obligaron a muchos campesinos a acortar los períodos de barbecho, lo que llevó a una disminución de los rendimientos y agravó los problemas ambientales.

El discurso conservacionista utilizado para justificar la reforma agraria expuso contradicciones en el enfoque del Gobierno. Mientras que la deforestación de las tierras altas se consideraba un signo de atraso, la tala de árboles en la costa se celebraba como un progreso. Esto reveló los sesgos raciales y de clase inherentes a la agenda de modernización. Aunque la reforma agraria pretendía empoderar a los agricultores indígenas, muchas veces terminó desplazándolos. La rápida redistribución de tierras sobrepasó los recursos del gobierno, dejando a muchos campesinos sin el apoyo financiero y técnico que necesitaban para establecer granjas modernas. En consecuencia, algunos se vieron obligados a abandonar sus tierras recién adquiridas y buscar trabajo en las plantaciones, perpetuando el mismo sistema laboral que la revolución pretendía desmantelar.

Si bien las políticas de Arévalo y Herrera reflejan algunos de los principios de reforma democrática y social de la Revolución de 1944, su enfoque es en general más moderado y opera dentro de las limitaciones de las realidades políticas y económicas actuales de Guatemala. El gobierno enfrenta desafíos similares en términos de oposición de intereses arraigados, pero difiere en su enfoque económico y en sus relaciones internacionales.

A diferencia del Gobierno revolucionario de su padre, el Gobierno del presidente actual Bernardo Arévalo de León y Herrera Aguilar, quienes asumieron el cargo en 2024 luego de una intentona golpista por socavar su victoria electoral, han propuesto varias políticas que reflejan y divergen de los principios de la revolución. El fuerte énfasis de Arévalo en la lucha contra la corrupción se hace eco del objetivo de la Revolución de 1944 de limpiar el Gobierno y promover la transparencia luego de la dictadura de ubiquista. Los esfuerzos del gobierno en curso por fortalecer las instituciones democráticas y resistir los intentos de socavar el proceso electoral resuenan con el impulso de la revolución a la gobernabilidad democrática. Si bien el progreso ha sido limitado, las promesas de campaña de Arévalo de abordar la desigualdad y la pobreza se alinean con la agenda social del período revolucionario.

Es muy temprano para especular cómo se recordará el gobierno de Arévalo de León y Herrera Aguilar. Para romper con el pasado autoritario de una vez por todas, una lección clave es la importancia de implementar reformas de manera gradual e inclusiva. La revolución de 1944-1954 introdujo cambios radicales que amenazaron intereses arraigados y que, en última instancia, provocaron una reacción violenta. Cualquiera diría que el gobierno de hoy debería apuntar a reformas graduales y constantes que involucren a más partes interesadas y eviten alienar a los grupos poderosos demasiado rápido. Pero hoy en Guatemala, la reforma judicial es impostergable. Se debe implementar un proceso transparente de selección del fiscal general y otros fiscales clave para asegurarse que el Ministerio Público sea imparcial, creando mecanismos para asegurar la independencia de los fiscales frente a influencias políticas. Establecer un proceso de selección basado en el mérito para los jueces de todos los niveles e implementar medidas para proteger a los jueces de la intimidación y la presión política es urgente. La reforma del sistema electoral, que implica fortalecer la independencia y la capacidad del Tribunal Supremo Electoral e implementar salvaguardas contra el fraude y la manipulación electoral, también debe de ser objetivo promovido por el gobierno. Todo esto apunta a un cambio de fondo: la reforma constitucional.

Al aprender tanto de los éxitos como de los fracasos del período revolucionario de 1944-1954, el Gobierno de Arévalo de León y Herrera Aguilar tiene la oportunidad de consolidar los logros democráticos y resistir las tendencias autoritarias que han plagado el pasado de Guatemala. La clave está en equilibrar el cambio progresista con la estabilidad política, al tiempo que se construyen instituciones sólidas y se cultiva una amplia base de apoyo popular. Están a tiempo.


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