La policía cubana quiere obligar a abortar a una presa política

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Lisdany Rodríguez no va a abortar. Es la decisión que tomó desde la prisión para mujeres de Guajamal, y que sostiene su esposo desde la prisión para hombres de El Yabú. Si todo sale bien, si la policía política cubana no hace que Lisdany aborte, en nueve meses nacerá alguien que no vivirá con sus padres, quienes están cump...

Esta es la versión web de Americanas, la newsletter de EL PAÍS América en el que aborda noticias e ideas con perspectiva de género. Si quieren suscribirse, pueden hacerlo en este enlace.

Lisdany Rodríguez no va a abortar. Es la decisión que tomó desde la prisión para mujeres de Guajamal, y que sostiene su esposo desde la prisión para hombres de El Yabú. Si todo sale bien, si la policía política cubana no hace que Lisdany aborte, en nueve meses nacerá alguien que no vivirá con sus padres, quienes están cumpliendo el castigo con el que cargan en Cuba los que se manifiestan contra el Gobierno o los que venden carne de res.

Cuando la policía se llevó a Lisdany tras las protestas del 11 de julio de 2021, su pareja, Luis Ernesto Jiménez, hacía unos meses que estaba preso por su negocio en el mercado negro. Lisdany notó hace unos días que, tras la última visita conyugal, sentía malestares en el cuerpo y dejó de tener el período. Un primer test resultó positivo. Una prueba de ultrasonido confirmó que tenía siete semanas y cinco días de embarazo.

“Me quedé sorprendida”, mandó a decir Lisdany, de 25 años, con su madre Bárbara Isaac Rojas, que la visitó en Guajamal el miércoles 31 de enero. “La verdad no lo esperaba. Llevo muchos años intentándolo y nunca lo había logrado. Y un hijo es una bendición de Dios, no importa el momento”.

El pantalón de reclusa apenas cierra. Lisdany tiene malestares, muchos vómitos. Han comenzado a aparecer los primeros antojos, unas veces quiere tomar helado, otras comer naranjas, antojos que Bárbara complace como puede. Está feliz. La preocupación mayor ahora es que los agentes de la Seguridad del Estado no la sigan persuadiendo para que aborte, como denuncia que sucedió desde su primera revisión. Si aborta, habrá sido obligada, un aborto directamente inducido por la política.

El día en que le hicieron el ultrasonido, el doctor Frank, del sistema penitenciario, comenzó el trámite para que Lisdany abortara, como si desde el inicio hubiese asumido que era un deber, una orden más por cumplir. “Empezó a llenar papeles para hacerle análisis y sacarle la barriga sin contar con ella”, dice Bárbara. “Pero ella no quiso, estaba loca por salir embarazada, lleva nueve años con el muchacho y nunca lo había estado”.

Luego a Lisdany la enviaron con una psicóloga, convencidos de que nadie querría parir en una cárcel sin medicinas o comida. “Me dijo que no lo tuviera ahora, que tenía ocho años por cumplir y que no hay condiciones”, cuenta la joven.

De las 218 mujeres que fueron detenidas durante las protestas de 2021 en varias provincias de Cuba, Lisdany y su hermana gemela, Lidiany Rodríguez, están entre las que aún quedan en prisión. Ambas están condenadas a ocho años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. De llevar a término su embarazo, Lisdany no sería la primera presa política de las protestas masivas en Cuba que da a luz bajo la custodia de la policía cubana.

Lucas nació hace poco más de un año. Su madre, Lázara Karenia González, quedó embarazada en una de las visitas conyugales y luego le permitieron pasar el primer año de vida del niño en prisión domiciliaria. Ahora las autoridades quieren que regrese a la prisión a terminar su condena de tres años y seis meses de privación de libertad por los mismos delitos de desorden público, desacato y atentado, tras participar de las protestas en Cárdenas, Matanzas. “Ella está desesperada”, asegura su hermana Kirenia Suárez. “Tiene miedo a tener que dejar al bebé en una edad tan emocional de la vida. Es traumático”. Su abogado presentó una solicitud de licencia extrapenal que fue denegada, y ahora han presentado un recurso de súplica. Lucas se quedará bajo el cuidado de su abuela cuando Lázara vuelva a la cárcel.

Si Lisdany da a luz a finales de este año, el bebé pasará un primer tiempo en la prisión y luego Bárbara se encargará de cuidarlo, como mismo ha tenido que cuidar desde hace tres años a otra nieta, hija Lidiany Rodríguez. Nada por el momento ha convencido a Lisdany de abortar. Ni la falta de comida para alimentar a las embarazadas en prisión, ni los pocos medicamentos para aliviar sus náuseas, ni las amenazas de la policía política. Si aborta por la presión de los agentes cubanos, habrán incumplido con la ley que dice que en Cuba son las mujeres las que deciden sobre sus cuerpos.

“No puede caer sobre las mujeres toda la responsabilidad”

El Código Penal cubano actual asume como delito el aborto que se realiza sin el consentimiento de la gestante. Las cubanas nacidas después de 1959 lo hicieron en un país donde no se ponía en disputa el derecho al aborto. Dos años después del triunfo de la Revolución, el aborto en Cuba fue despenalizado, el primer país de América Latina en hacerlo. En 1965, se creó la base legal que lo reconoce como derecho. Hoy el aborto es permitido en las instituciones del Ministerio de Salud Pública por decisión voluntaria hasta las 12 semanas de edad gestacional, y hasta las 26 por malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Aunque el aborto en Cuba está institucionalizado y reconocido como un derecho, la activista Marta María Ramírez alerta que se trata solo de una disposición ministerial, sin carácter de legislación. “Pareciera suficiente, pero al no tener un carácter de legislación puede ser cambiada, llevada a consulta, anulada por un Gobierno, y sabemos el riesgo que entraña”, dice.

Si bien es cierto que la mujer cubana no ha tenido que entrar al debate regional en contra de la prohibición del aborto, y aunque también es una realidad que son mínimas las muertes de mujeres que se someten a estos procesos gracias a que no es una práctica ilegal, el aborto en Cuba también se vuelve una cuestión de doble filo: ¿Hay conciencia de riesgo? ¿Quiénes tienen mayor acceso al aborto?

El doctor Alexis René Girón González, médico ginecólogo con especialidad en Medicina Fetal, asegura que, en teoría, una mujer puede llegar a “la consulta de regulación menstrual” —como se llama en Cuba al aborto por aspiración manual endouterina—,de manera voluntaria y solicitar el servicio, “pero si no tienes un conocido o alguna forma de remunerar a alguien, y ese alguien va desde la secretaria hasta el médico, usted no llega hasta la consulta”.

En un país con un sistema de salud completamente colapsado y con una notable pérdida de personal médico, los servicios para abortar también se vuelven una cuestión de supervivencia. “Hay muy pocas condiciones, se hacen con materiales viejos y reutilizados, en ocasiones con muy malas condiciones de esterilidad”, asegura el doctor Girón González. “No existen, o al menos para las personas comunes y corrientes, los materiales desechables óptimos y, por supuesto, tanto el médico como el paciente se exponen a mucha inseguridad sanitaria. A eso, además, se le suma el alto índice de violencia obstétrica normalizada en Cuba”.

Los métodos más usados en la isla para abortar son la aspiración manual endouterina, que suele practicarse sin anestesia y en etapas tempranas del embarazo; el aborto quirúrgico o legrado, y el uso del misoprostol. El Anuario Estadístico de Salud del Ministerio de Salud Pública del año 2020 registra que entre 1980 y 2020 se realizaron más de 3,9 millones de abortos.

Unas de las críticas alrededor del aborto en Cuba es su práctica como método anticonceptivo ante la falta de recursos y una educación sexual adecuada que comience desde las infancias. Hoy es una realidad la falta de condones en el país y su venta en el mercado negro a precios alterados. Ante la falta de protección y el consecuente embarazo, muchas veces se acude al aborto. Las fuentes oficiales indican que en Cuba se realizaron 51.488 abortos en 2021.

“Asumir que el aborto es un método o medio para la anticoncepción ya es un acto nefasto”, asegura el doctor Girón González. “Es muy riesgoso para la paciente y para el médico. No debe ser una práctica recurrente, ni mucho menos habitual, pero en Cuba no le dan la información completa a muchas pacientes, y cuando la información es sesgada, usted no puede escoger bien. En Cuba no hay ni preservativos, qué podríamos esperar de los demás métodos”.

Ramírez dice que es el Estado el que está incumpliendo desde hace años con garantizar métodos anticonceptivos, por lo que hay mujeres en Cuba que se han hecho hasta más de tres abortos. “No puede caer sobre las mujeres, sobre las víctimas, toda la responsabilidad”, insiste. “Hay una responsabilidad en el acceso, tienen que dejarnos acceder a los métodos de control de la natalidad”.

La Encuesta Nacional de Fecundidad publicada en 2022 muestra que, entre 2009 y 2022, los abortos y las regulaciones menstruales en Cuba aumentaron en 14 puntos porcentuales. Según el estudio, las mujeres cubanas tienen un promedio de 1,14 hijos, la menor tasa de la región. La prensa independiente, incluso, ha registrado en los últimos tiempos el abandono de varios niños en edades tempranas en tanques de basura o líneas de tren. Aunque el Gobierno ha tratado de incentivar la necesidad de aumentar la natalidad en el país debido al envejecimiento poblacional cada vez más en ascenso, muchos son los que se resisten a tener hijos en un país marcado hoy por la crisis económica y la emigración como posibilidad.

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