Bernardo Arévalo y el reto de derribar el muro del “pacto de corruptos” en Guatemala

Bernardo Arévalo asumió el domingo la presidencia de Guatemala tras una agónica carrera de obstáculos que estuvo a punto de frustrar la investidura. El líder del Movimiento Semilla, un sociólogo progresista experto en resolución de conflictos, ganó las elecciones el pasado mes de agosto y durante los últimos cinco meses se ha enfrentado en repetidas ocasiones a los intentos de un sector del poder judicial de dinamitar la transición. El...

Bernardo Arévalo asumió el domingo la presidencia de Guatemala tras una agónica carrera de obstáculos que estuvo a punto de frustrar la investidura. El líder del Movimiento Semilla, un sociólogo progresista experto en resolución de conflictos, ganó las elecciones el pasado mes de agosto y durante los últimos cinco meses se ha enfrentado en repetidas ocasiones a los intentos de un sector del poder judicial de dinamitar la transición. El Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, una funcionaria sancionada en 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción, trató sin éxito de inhabilitar su formación e incluso anular el proceso electoral. Lo que se vio el domingo en el Congreso del país centroamericano, con la maniobra de un grupo de diputados que retrasó nueve horas la ceremonia de investidura, fue la enésima muestra de una red de poderes que promete hacer todo lo posible para entorpecer el mandato del nuevo presidente, que en las últimas semanas denunció un intento de golpe de Estado.

Esa trama se conoce en Guatemala como “pacto de corruptos”, un acuerdo entre sectores políticos, económicos y del poder judicial que prosperaron durante los períodos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuyo Gobierno estuvo marcado por un profundo deterioro institucional. La lucha contra la corrupción es la clave de todo. Lo fue para el inesperado triunfo de Arévalo, tras la estela de un creciente hartazgo social que se gestó en las protestas estudiantiles de 2015. Y lo es ahora para el programa de gobierno y sus principales trabas.

“El primer obstáculo que enfrenta el presidente es un Ministerio Público que trató de impedir que tomara posesión y probablemente ahora intentará limitar la capacidad de gobernar”, señala Ricardo Sáenz de Tejada, politólogo y profesor de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El propio Arévalo reconoció al tomar posesión de su cargo que afrontará “desafíos monumentales” para erradicar las prácticas corruptas. Una de sus primeras acciones, según adelantó hace semanas, será precisamente exigir la renuncia de Consuelo Porras, aunque con toda probabilidad tendrá que lidiar con las resistencias de la fiscal general. “Mientras el Ministerio Público siga estando en manos de redes ilícitas, allí hay un serio desafío”, continúa Sáenz de Tejada. Pero el de la Administración de justicia solo es uno de los frentes relacionados con la corrupción. Hay otro que tiene que ver con la gestión económica, un terreno crucial para una de las metas centrales del presidente, quien se ha propuesto profundizar la lucha contra la pobreza, que afecta al 55% de la población.

Se trata, según apunta el politólogo, de los negocios, cuestionados por su transparencia e incluso legalidad, que ya dejó comprometidos el Ejecutivo de Giammattei. “Eso incluye la terminal de contenedores en uno de los puertos del Pacífico, concesiones petroleras y carreteras que el Gobierno va a tener que abordar”. A eso se suman otros desafíos estructurales como las infraestructuras, el sistema de salud, la educación y los rezagos acumulados durante la pandemia de covid-19, los problemas de las escuelas rurales y la seguridad, después de un mandato que se ha caracterizado también por la persecución de opositores, empezando por los funcionarios de justicia dedicados a la lucha contra la corrupción.

Con todo, en opinión de Marielos Chang, politóloga y cofundadora de la organización especializada en transparencia Red Ciudadana, “estamos en el momento más débil de la coalición política dominante, que había cooptado las más importantes instituciones del país, del Ejecutivo a la Presidencia del Legislativo o el Ministerio Público”. “Si estuviéramos en enero de 2023 y me dijeran que Bernardo Arévalo y Samuel Pérez iban a ser, respectivamente, presidentes de la República y del Congreso nadie lo habría creído”, prosigue Chang. “Eso no significa que estén derrotados, pero están muy debilitados”. Incluso la envenenada sesión de constitución del Congreso se saldó en el fondo, al margen del show de un sector de legisladores, con un balance positivo para el Movimiento Semilla, que cuenta con 23 escaños de 160. “Uno de los retos de Arévalo es en primer lugar cumplir con su promesa de campaña de lucha contra la corrupción, pero con la presidencia del Congreso puede hacer un paquete de reformas que puedan reducir esos hoyos y agujeros negros. Eso hace unas semanas tampoco lo sabíamos, lo que visualizábamos era un Congreso completamente hostil al presidente”, razona.

Si hay margen para el optimismo, para la analista política Raquel Zelaya, Arévalo “sabe que tendrá que ir moderando la sobreexpectativa” generada. “Él ha hablado de lucha contra la corrupción y sus ámbitos de acción tienen que empezar por transparentar al Ejecutivo. Eso sí lo puede hacer, nada de nepotismo ni de favores ni de contratos mal hechos. Y rendición de cuentas”, afirma Zelaya, presidenta del think tank Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). En definitiva, en su opinión el presidente tiene que empezar por predicar con el ejemplo y, mientras tanto, tratar de llegar a acuerdos, puesto que la actividad legislativa se configura como uno de sus principales retos.

En la investidura de Arévalo hubo dos actores decisivos que protegieron la transición y, en última instancia, impidieron que el relevo se empantanara. Los pueblos indígenas de Guatemala ejercieron presión durante más de 100 días de resistencia, que comenzó el 2 de octubre de la mano de las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán. Esa potente organización indígena, observa Marielos Chang, es hoy “un actor nuevo con poder que va a ser una fuerza importante, pero no necesariamente aliada de Arévalo”, lo que supone otro desafío para el presidente. El segundo actor es la llamada comunidad internacional, que con Estados Unidos, la Unión Europea y Gobiernos latinoamericanas como el del colombiano Gustavo Petro o el chileno Gabriel Boric a la cabeza desplegó un amplísimo bloque de respaldo para Arévalo. Su papel será decisivo durante el mandato igual que lo fue en la larga transición para evitar que las fuerzas del “pacto de corruptos” frustren el cambio profundo que apoya más del 60% de los votantes guatemaltecos.

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