La defensa de la paz, la igualdad y la naturaleza

Después de un año de asumir la Defensoría del Pueblo y con un decálogo de las situaciones más graves de derechos humanos en Colombia, construimos una hoja de ruta en la que nos propusimos defender los derechos para que la igualdad se materialice, todas las v...

Después de un año de asumir la Defensoría del Pueblo y con un decálogo de las situaciones más graves de derechos humanos en Colombia, construimos una hoja de ruta en la que nos propusimos defender los derechos para que la igualdad se materialice, todas las voces se escuchen en paz, se dignifique la vida en armonía con la naturaleza y para que tengamos confianza en un buen futuro.

Una Defensoría cuya capital es el territorio: nuestras 42 regionales. Una Defensoría con un 70% de mujeres en el equipo directivo, incluyendo indígenas y afrodescendientes. Una Defensoría comprometida con el Acuerdo de Paz y que transformó la delegada de asuntos agrarios en la de derechos del campesinado. Y una Defensoría para el derecho al buen futuro de las juventudes: que se ha propuesto brindar acompañamiento psicosocial y apoyar las iniciativas juveniles; y que otorga a jóvenes abogados su primera experiencia profesional en la defensoría pública.

Trabajamos en colaboración armónica con las ramas del poder público desde el principal baluarte constitucional de la Defensoría: la independencia, que se construye día a día, priorizando los derechos de la gente sobre las presiones de quienes preferirían una entidad complaciente o en silencio.

Trabajamos en tres ejes temáticos. Primero, el de derechos de las víctimas y construcción de paz. Nuestro país se resiste a su derecho a vivir en paz. En los últimos cinco años, los grupos armados ilegales y la criminalidad organizada se han expandido, aumentando el reclutamiento, el desplazamiento forzado y los confinamientos. Persiste la violencia contra líderes y lideresas sociales, firmantes de paz, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Las economías ilegales son motor y finalidad de la violencia: minería, narcotráfico, trata, extorsión y control de rutas de migración. En muchos lugares imponen un régimen de control violento y de gobernanza ilegal que somete a algunas comunidades y que victimiza a la naturaleza. Los ríos y bosques sufren por cultivos ilícitos, minería y deforestación.

Creemos en la necesidad del diálogo para alcanzar la paz. Sin embargo, se requiere una apuesta integral del Estado: es indispensable fortalecer la articulación de los esfuerzos de diálogo con la respuesta a alertas tempranas, la política de seguridad y la de desarrollo, especialmente territorial y tener como base de navegación la obligación constitucional de cumplir el Acuerdo de Paz de 2016. Asimismo, actualizar la financiación para la reparación a las víctimas es fundamental. De lo contrario, imposible sostener que los derechos de las víctimas son el centro de la construcción de paz.

En segundo lugar, defendemos los derechos humanos y los de la naturaleza en un contexto de cambio climático. Colombia, uno de los países más biodiversos, pierde a diario miles de hectáreas de bosque y sus ríos se contaminan por minería ilegal. Nuestro informe sobre extremos climáticos en la Amazonia evidenció las afectaciones desproporcionadas que sufren pueblos étnicos, pero también los mestizos. Por ello, trabajamos para acompañar la participación informada de las comunidades en la construcción de soluciones, según el Acuerdo de Escazú.

La amenaza es transnacional y la respuesta debe serlo también, por eso trabajamos con las defensorías de Perú, Ecuador y Brasil para la protección de la Amazonía. Como coordinadores de la Red de Movilidad Humana de la FIO, llamamos a una ley integral que adopte respuestas frente a la movilidad humana causada por la crisis climática y desastres, como lo ha ordenado la Corte Constitucional. Asimismo, en el marco de las redes de defensorías (FIO, RINDHCA y GHANRI) adoptamos una posición regional para activar el Fondo de Pérdidas y Daños del Acuerdo de París, para amortiguar los impactos del cambio climático en las comunidades más vulnerables.

En tercer lugar, la igualdad material y los derechos sociales. Si tuviéramos que señalar una causa principal de las crisis en Colombia entre la violencia, la falta de respeto a la separación de poderes o la desigualdad material, escogería esta última. Aunque la afirmación simplifica una realidad compleja, en mi opinión, la desigualdad explica con mayor profundidad la crisis estructural que vive nuestro país: regional y según la identidad de la persona. No tienen las mismas oportunidades una niña indígena que nace en el Chocó, que un niño que nace en un estrato alto en Bogotá.

Según el Banco Mundial, aunque la pobreza bajó y la clase media creció levemente desde 2021, Colombia sigue entre los países más desiguales y con menor movilidad social: un hogar tarda once generaciones en ascender a la clase media. Por eso, respaldamos las reformas sociales, orientadas a cerrar brechas y a ampliar los derechos.

La crisis del derecho a la salud es tal vez la que más afecta a la población general. Los pacientes enfrentan demoras en citas, falta de medicamentos y ausencia de tratamientos especializados, en un contexto de ineficiencia institucional y debilitamiento de la tutela como herramienta de protección.

La desigualdad golpea con mayor fuerza a las mujeres y a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. No me deja de aterrar que la expectativa de vida de las mujeres trans no supere los 40 años, y que los feminicidios y la violencia sexual sigan incrementándose. A esto se suma la resistencia a una representación equitativa de las mujeres y su diversidad en los espacios de poder, como en las Altas Cortes o el Congreso.

Las personas migrantes enfrentan persecución, violencia y pobreza. En 2025, debido a la persecución de migrantes por el cambio de Gobierno en Estados Unidos, más de 4.000 connacionales fueron deportados desde ese país en condiciones discriminatorias y con vulneración de sus derechos. Además, el flujo migratorio hacia el norte del continente se invirtió y los migrantes retornan por rutas inseguras, expuestos a riesgos y explotación.

Mi compromiso es que la Defensoría siga siendo un puente entre la gente y el Estado, una institución que no se calla frente a la injusticia y que acompaña a quienes más lo necesitan. Con amor e independencia, con la Constitución en la mano, del lado de la gente.