Los indígenas de Colombia piden a Petro saldar una deuda histórica aprovechando la COP16

Fabio Valencia, líder indígena del Vaupés, uno de los departamentos que forman la Amazonía colombiana, guarda una certeza: sin el cuidado de los indígenas, la riqueza natural de uno de los lugares más biodiversos del mundo estaría desprotegida. “Este país estaría envuelto en nada, explotado, deforestado”, dice. Es representante del pueblo Makuna, una de las comunidades nativas que habitan cerca del río Pira Paraná, el corazón de un área que alberga el conocimiento tradicional de los chamanes jaguares de Yuruparí, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2011. En sus territorios, la salvaguardia de ríos, bosques y selvas para mantener el equilibrio entre la vida humana y la naturaleza es sagrada.

A pocos días del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16 en Cali (Valle del Cauca), varias organizaciones indígenas nacionales ven en esa cumbre mundial una oportunidad para que el Estado salde una deuda que ya suma más de 30 años. Piden que se formalicen las entidades territoriales indígenas, una figura consignada en la Constitución de 1991 que les otorgaría autonomía política, jurídica y administrativa a través de gobiernos propios, como los que ejercen las alcaldías en más de 1.100 municipios y distritos o las gobernaciones en 32 departamentos del país. De concretarse, sería un hito para la conservación del bioma amazónico que cubre el 44% del suelo colombiano.

La Constitución Política de Colombia, que reconoce la diversidad étnica y cultural en un país con al menos 115 pueblos indígenas y más de 65 lenguas nativas, determinó la división del ordenamiento territorial por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Solo estos últimos no han tomado forma. La carta magna contempló que su conformación se haría según una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que definiría la coordinación con los departamentos de los que forman parte. Así, las llamadas entidades territoriales indígenas estarían gobernadas por consejos indígenas, integrados según sus costumbres y encargados de diseñar políticas y planes de desarrollo, percibir recursos, ejecutar inversiones y ayudar a mantener el orden público, según el contexto de las comunidades.

Ese pacto constitucional no se ha cumplido, advierte Doris Ochoa, directora ejecutiva encargada de la fundación Gaia Amazonas, una ONG colombiana que trabaja por la protección de la Amazonía. “Los indígenas se han encargado de la educación, de la salud, de la protección ambiental. Hay una cantidad de contribuciones que ya es hora que sean reconocidas, que se les dé el estatuto de autoridad pública territorial para que puedan coordinar con autoridades nacionales y departamentales el destino en temas de interés común”, explica.

La demora en formalizar las entidades territoriales indígenas es una deuda estructural del Estado colombiano. En el año 2011, el Congreso de la República –donde se entremezclan intereses de padrinos políticos de alcaldes y gobernadores– desarrolló el marco jurídico para los departamentos, municipios y distritos, pero dejó por fuera a las entidades territoriales indígenas. En cambio, desde el Capitolio se ha dado vía libre a la creación de municipios sobre territorios indígenas, como Barrancominas en Guainía o Taraira y Carurú en Vaupés.

La Corte Constitucional, que más adelante prohibió la municipalizacion exprés de los territorios indígenas, ha cuestionado una tardanza que suma más de tres décadas. “No hay razón constitucional válida”, declaró el tribunal en una sentencia de 2023. Ante la falta de legislación, el Gobierno del entonces expresidente Juan Manuel Santos expidió un decreto ley en el año 2018, que definió normas transitorias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados al interior de los resguardos, en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.

Esos tres departamentos componen casi la mitad de la Amazonía colombiana. En el borde suroriental del país, forman un gigantesco complejo biocultural en el que habitan más de 45 pueblos indígenas en una quinta parte del territorio colombiano, justo donde están los bosques mejor conservados. “En estas áreas la deforestación es casi nula, manteniéndose la cobertura boscosa en un 98%”, destaca un informe de Gaia Amazonas citando datos de la iniciativa Mapbiomas. De aplicarse allí la figura que quedó en la Constitución, las gobernaciones que dirigen a 192.000 habitantes tendrían menos territorio bajo su dominio, o por lo menos tendrían que compartirlo con una nueva división administrativa.

Después de muchos años de retraso, el asunto quedó en manos del Gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la Colombia contemporánea y en el que los indígenas han alcanzado una participación histórica en cargos de poder. En el Plan Nacional de Desarrollo se contempló revisar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para incluir el fortalecimiento y la articulación de los resguardos y entidades territoriales indígenas. Una tarea compleja en medio de las relaciones inestables del Gobierno con el Congreso y su prioridad de sacar adelante las reformas sociales.

El camino que le quedaría al Gobierno del presidente Petro para que las entidades territoriales indígenas superen los laberintos burocráticos sería seguir la ruta trazada desde la administración Santos y sellar los acuerdos interculturales que resulten de los diálogos entre el Gobierno nacional y los indígenas. “El Ministerio del Interior protocolizará mediante la expedición de un acto administrativo el acuerdo intercultural de puesta en funcionamiento del territorio indígena…”, establece uno de los artículos del decreto ley de 2018. “Al Gobierno nacional le corresponde formalizar el acuerdo a través de un decreto para asegurar la articulación de los gobiernos indígenas con el resto de autoridades del Estado”, precisa Juan Carlos Preciado, asesor legal de Gaia Amazonas.

Hasta hoy, sin embargo, no está del todo claro cuáles funciones tendrían las entidades territoriales indígenas, cómo se relacionarían con los municipios y con los departamentos, cómo estarían distribuidos los presupuestos y cómo se sobrepondrían a otras instancias de gobierno indígenas. Tampoco se conoce cuáles serían las implicaciones económicas. Para Preciado, es una oportunidad de poner en orden la casa sin aumentar el gasto del Estado. “Es la distribución efectiva, como dice la Constitución, haciendo que la inversión sea eficaz y eficiente, con pertinencia cultural”, señala.

Actualmente, 20 territorios se encuentran en alguna fase del proceso de formalización; los más avanzados son 12 consejos indígenas registrados y con solicitudes para entrar en funcionamiento. Hasta el momento, la figura que se reconoce en Colombia es la de los resguardos indígenas, que respaldan la propiedad colectiva de la tierra. Incorporar el ordenamiento territorial ancestral a la estructura actual política y administrativa actual implicaría un nivel distinto, un poder de decisión que rompería con la dependencia que hoy tienen los territorios indígenas de las gobernaciones.

La demora ha profundizado las desigualdades que han existido en el relacionamiento entre pueblos indígenas y el Estado, según Valencia. Por su parte, Kelly Johana Yukuna, secretaria del territorio indígena del Mirití-Paraná, subraya que el proceso también impacta la vida de las mujeres. “Para nosotras es muy importante porque hemos ganado espacio en ese sistema de gobierno propio, hemos ayudado a construir los planes de vida, que definen la visión del territorio y las líneas de acción. Tenemos las mismas capacidades de los hombres y por eso estamos dando esta lucha”, asegura.

La conformación de las entidades territoriales indígenas supone reconocer que existen otras formas de comprender, habitar y gobernar el territorio y el papel de los indígenas como guardianes de la Amazonía. “En términos ambientales, son las áreas mejor conservadas de la Amazonía colombiana y quizás de la gran cuenca amazónica integrada por ocho países. Ese gran bosque es responsable del agua que llega a Bogotá”, resalta Ochoa.

El presidente Gustavo Petro ha puesto la lucha contra la deforestación como una de sus prioridades ambientales. En la más reciente asamblea general de la ONU redobló su llamado para atajar la crisis climática. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha anticipado que “en la COP16 se va a decidir la aprobación del plan de trabajo para los próximos 10 años para pueblos indígenas y comunidades locales, que implicaría un acuerdo de cómo los gobiernos van a apoyar el trabajo de los pueblos indígenas … precisamente para que sean actores fundamentales en el cuidado de la diversidad biológica”. Sin embargo, el Gobierno no ha dado señales sobre la formalización de las entidades territoriales que encierran una deuda histórica.