La crisis de los cementerios públicos de Bogotá entra al terreno penal
La directora de la entidad pública encargada de los camposantos y el representante del concesionario se denuncian mutuamente
Una disputa entre el Distrito y una sociedad concesionaria ha causado una crisis en los cementerios públicos de Bogotá. Desde el sábado se han presentado interrupciones en los servicios funerarios de los cementerios Centro, Norte, Sur y Parque Serafín, luego de que la empresa operadora decidiera limitar su funcionamiento regular en respuesta a una sanción por incumplimiento que impuso el pasado viernes la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la entidad pública encargada de los camposantos. Aunque la operación volvió el lunes a la normalidad, la pugna ha escalado a la esfera penal.
Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP, ha anunciado este miércoles que ha denunciado por calumnia a Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, el operador de los comentarios distritales desde 2021. La medida llega después de que Parada hiciera lo mismo contra Ordóñez, señalándola de haberle ofrecido prorrogar el contrato por tres años más a cambio de 5.000 millones de pesos. “Es una vil mentira. Jamás he pedido un peso por nada y esta situación que plantea el señor Parada es absurda. No tiene ninguna prueba y no podrá demostrar tal infamia”, ha respondido la directora, quien fue candidata a la alcaldía de Bucaramanga un año atrás, en una rueda de prensa.
Ya hay una consecuencia inmediata: el alcalde Carlos Fernando Galán, quien designó a la veterana política en su cargo, deberá nombrar a un director ad hoc para el manejo del contrato de los cementerios distritales, pues la denuncia presentada por Ordóñez produce un conflicto de intereses. Quien sea nombrado en las próximas horas deberá atender la siguiente fase de este lío contractual, que inicia este jueves, día en el que queda en firme la sanción de la UAESP. Al ser la quinta sanción durante la operación, Jardines de Paz deberá bien sea ceder la concesión a un tercero (que debe ser avalado por la entidad pública) o renunciar a la ejecución del contrato, que tenía plazo hasta 2026.
La sanción del pasado viernes, según ha explicado la UAESP, se debe a que el concesionario no contaba con una póliza de seguros. Al ser la segunda vez que toma una medida de tal calibre contra la sociedad (la primera fue durante la Administración de Claudia López), la empresa no podrá contratar con el Estado durante cinco años. “La concesión, desde su inicio [en 2021], ha tenido múltiples problemas de carácter administrativo”, señalaba esta semana en un video compartido en X la directora encargada de la UAESP, Dolly Arias.
La reacción fue inmediata. El operador cesó ese mismo día los servicios funerarios en los cuatro cementerios y cerró sus instalaciones. Además de impedir las visitas de familiares y allegados a las tumbas durante el fin de semana, los días más usuales para ese momento, no se pudieron realizar inhumaciones o cremaciones durante ese lapso. El lunes se volvieron a abrir las instalaciones y para este miércoles los servicios ya se habían reanudado y los camposantos operaban con normalidad, según un comunicado del concesionario.
El caso ha reverberado en la política local. Algunos concejales opositores, como el verde Leandro Castellanos, han pedido la renuncia de Ordóñez: “El alcalde debe tomar medidas frente a una funcionaria cuestionada”. En la misma línea, el uribista Daniel Briceño ha anunciado en sus redes sociales que convocará a Ordóñez a un debate de control político. “Necesitamos la verdad”, ha reclamado. Hasta el momento, Galán no se ha pronunciado al respecto.
Ante las alertas de concejales como Diana Diago, “la concejal de Uribe” —como se autodenomina—, por el riesgo de que el Distrito busque de afán un nuevo concesionario, Ordóñez ha asegurado que no se generará una contratación directa por un monto que alcanza los 40.000 millones de pesos. “La mención de una situación así es imposible”, ha manifestado. También ha descartado, de momento, declarar una situación de emergencia en la ciudad, pues la Secretaría de Integración Social se han encargado de facilitar que las familias más vulnerables tengan apoyo financiero para realizar sus entierros o cremaciones con cementerios privados.
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