Una licitación fallida, un canciller suspendido y el apoyo de gobiernos extranjeros: la larga odisea de los pasaportes colombianos

A simple vista, la licitación para la expedición de pasaportes y etiquetas de visados en Colombia puede parecer un tema árido, repleto de tecnicismos y difícil de seguir. Los detalles de la contratación o las empresas postulantes parecen lejanos de la ciudadanía y más propios de expertos. Sin embargo, a muchos les preocupa que se garantice la continuidad del servicio a partir del 3 de octubre, cuando vence el contrato actual. Además, este asunto relativamente rutinario de la burocracia estatal se ha convertido con el Gobierno de Gustavo Petro en una novela por entregas, con enredos que han copado la atención mediática. En el centro ha quedado la determinación del presidente de no volver a contratar con Thomas Greg & Sons (TGS), la empresa que se encarga de estos documentos desde 2007. Cuestiona que las licitaciones favorezcan a los mismos empresarios de siempre y cree que la prioridad debe estar en fortalecer lo público.

Contra viento y marea, la Cancillería ha hecho de todo en el último año para lograr un cambio en el sistema. Pero no ha logrado definir qué pasará a partir del 3 de octubre, cuando se vence una prórroga que entregó a regañadientes a TGS para evitar que se paralizara la expedición de las libretas. Se ha sumado en las últimas semanas un nuevo capítulo de gobiernos extranjeros que son candidatos a reemplazar a la compañía colombiana y a tutelar el proceso junto a un socio privado. Lo harían durante un año, mientras se robustecen las capacidades de la Imprenta Nacional, de propiedad estatal, para hacerse cargo a largo plazo. En el medio, la Cancillería tarda en tomar una decisión en un proceso del que entrega información a cuentagotas, por lo que abundan los rumores, los trascendidos y la confusión.

El jueves, el desconcierto aumentó. Varios medios de comunicación informó que el Ejecutivo ahora dialoga con Thomas Greg para lograr una conciliación en la demanda, lo que algunos han interpretado como una forma de abrir la puerta para que se mantenga el contrato actual. La Cancillería, en tanto, ha señalado a este periódico que se trata de mesas de diálogo que se acordaron en unas reuniones con la Procuraduría.

La licitación fallida

El germen del conflicto está en la licitación abierta en mayo de 2023. En ella participaron varias empresas extranjeras como la alemana Veridos, la francesa IN Groupe y una alianza entre la colombiana Cadena y la Casa de la Moneda de Portugal. Buscaban ganarle el pulso a Thomas Greg, pero pronto quedó claro que estaban en desventaja. Se retiraron de la convocatoria y denunciaron que los pliegos estaban amañados a favor de los actuales encargados de los pasaportes. Señalaron que los documentos del proceso, definidos por la Cancillería, daban prioridad a quien tuviera una planta de producción en Bogotá —que solo tiene Thomas Greg— y otorgaban solo 44 días para que cada candidato presentara las muestras de tintas, chips de seguridad y papeles especiales.

El mismo Gobierno que había abierto el proceso dio un giro de 180 grados. Aprovechó la oportunidad para diferenciarse de las administraciones anteriores, pues el presidente ha sido crítico de las contrataciones con un solo competidor real. En junio, la Cancillería suspendió la licitación ante las irregularidades denunciadas. Los críticos de la decisión cuestionaron que la ley permite este tipo de procesos y que la emisión y distribución de pasaportes funcionaba bien, pero Exteriores se mantuvo firme. El entonces ministro Álvaro Leyva declaró desierto el proceso en septiembre y el presidente lo respaldó públicamente. “Todo funcionario tiene mi mensaje (...). Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, explicó Petro. Eso, sin embargo, no es lo que determina la ley, y por lo tanto Thomas Greg contaba con argumentos para demandar al Estado.

La empresa, propiedad de la poderosa familia Bautista, es un blanco fácil: tanto Petro como la oposición la han señalado en los últimos años por sus conexiones con el establecimiento y por sus grandes contrataciones, sobre todo en logística electoral. No obstante, parece ser la única compañía en condiciones de asegurar la emisión y distribución de pasaportes en Colombia. Dos semanas después de declarar desierta la licitación, la Cancillería prorrogó el contrato antiguo hasta el próximo 2 de octubre de 2024. La empresa, por su parte, comenzó a reclamar una indemnización de 117.000 millones de pesos (unos 27,3 millones de dólares) por la licitación fallida.

Los gritos del canciller Leyva

El tema tomó mayor revuelo mediático en diciembre, cuando se evidenciaron las tensiones que había producido en el Ejecutivo. El periodista Daniel Coronell, en W Radio, reconstruyó una escena en la que el canciller Leyva presuntamente terminó gritando —él lo niega— a la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora. La cuestionó por haber buscado una conciliación con Thomas Greg para evitar la demanda y, según la reconstrucción, la acusó de “no cuidar al presidente”. “A mí no me importa que condenen al Estado con lo que se demora un proceso en Colombia”, citó Coronell sobre los presuntos dichos de Leyva. “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”, remató. Petro respaldó a su canciller y aseguró que no permitiría que “se utilice una institución pública para defender intereses privados”.

Zamora renunció unos días después, tras una petición del presidente. Afirmó que ella no estaba en contra de la visión del mandatario sobre Thomas Greg, pero que él no sabía “ni la mitad de las cosas que pasaron en ese proceso licitatorio” y que habían sido responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Leyva, en tanto, mantuvo su postura “absolutamente irrenunciable” y Thomas Greg demandó al Estado.

La lealtad al presidente tuvo un costo elevado para el canciller, que solo duró unas pocas semanas más en el cargo. En enero, la Procuraduría lo suspendió durante tres meses por haberse extralimitado en el cumplimiento de sus funciones. Durante un tiempo, merodeó por los pasillos del Palacio de San Carlos y dio a entender que pronto volvería a su despacho. Pero la Procuraduría extendió la suspensión en abril por considerar que su regreso a la Cancillería podía afectar al nuevo proceso de licitación y en mayo Luis Gilberto Murillo dejó de ser canciller encargado y pasó a serlo en propiedad.

Murillo y la rebeldía de un subordinado

Mientras Murillo consolidaba su autoridad como canciller encargado, otro episodio aumentó la tensión. En febrero, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, revocó la decisión de declarar desierta la licitación del año anterior y le otorgó el contrato a Thomas Greg. El presidente reaccionó con furia y lo echó con un mensaje en X: “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata”. Salazar, en tanto, respondió que las resoluciones ya habían entrado en vigor y que se iba feliz por haber cumplido “con la Constitución y la ley”. “Después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva”, dijo en Caracol Televisión.

Horas después, Murillo lo desmintió. Afirmó que el funcionario no tenía autoridad para tomar la decisión y que, por consiguiente, la licitación seguía suspendida. Petro, por su parte, volvió a mostrar su enojo en X: “No se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto. El señor Salazar ha roto la ley y a la justicia penal le corresponde investigar los motivos”.

En abril llegó el siguiente giro. Murillo anunció en la Cámara de Representantes que las intenciones de la Cancillería eran crear una alianza público-privada para producir los pasaportes y darle un rol protagónico a la Imprenta Nacional. Esto sembró aún más dudas. Desde hace unos meses, la entidad adscrita al Ministerio del Interior ha reemplazado a Thomas Greg en la producción de cédulas de extranjería y no le ha ido bien: sin capacidad suficiente, tuvo que subcontratar a una empresa mexicana que ha tenido todo tipo de problemas.

Propuestas extranjeras

El Ejecutivo reconoció a mediados de agosto que la Imprenta registra “algunas debilidades” para asumir la producción de pasaportes en el corto plazo. Anunció que estaba en conversaciones con los gobiernos de Alemania, Austria, Canadá, Francia, Portugal y Países Bajos para conocer cómo funcionan sus sistemas y conformar un programa de cooperación. La idea es que el elegido, con un aliado privado, sustituya a Thomas Greg el próximo 3 de octubre. Asumiría la labor por el plazo de un año, mientras ayuda a fortalecer las capacidades del Estado colombiano para que este pueda hacerse cargo del proceso en 2025.

El miércoles 14 de agosto, el canciller comentó que se esperaba una decisión para esta semana e informó que los detalles se definirán después. “Tan pronto firmemos el acuerdo con el país que nos va a cooperar vamos a tener discusiones sobre cuál es la mejor ruta para no afectar la producción de los pasaportes. Una puede ser que produzcan los pasaportes en sus países, otra posibilidad es que revisen la infraestructura que tiene el país y lo hagan acá. Todas las opciones van a estar sobre la mesa”, remarcó en declaraciones a medios. Destacó el rol del Gobierno extranjero y de la Imprenta Nacional en el esquema: “Uno de los criterios que nos dio el presidente Petro fue que se priorizara lo público. Eso es lo que estamos haciendo”.

La decisión, sin embargo, no llegó esta semana. El martes 20, tras una reunión en la Procuraduría, Murillo señaló que aún esperaban una propuesta de Países Bajos y aplazó una semana la selección. Simultáneamente, los medios de comunicación han publicado todo tipo de informaciones que han aumentado la incertidumbre. Caracol Radio aseguró el miércoles que Portugal era una de las opciones favoritas, pero que la reciente muerte del embajador José Fernando Bautista había ralentizado el proceso. El Tiempo reveló el mismo día que la Imprenta de Portugal y la empresa alemana Veridos ya habían adelantado pruebas de impresión en las instalaciones de Migración Colombia. Los dos medios informaron el jueves que la Cancillería mantiene contactos con Thomas Greg para estudiar opciones, entre ellas la posible conciliación de la demanda en curso.

Murillo, en tanto, informó que se prepara un nuevo sistema de agendamiento de citas. “[El actual] está asociado a un software bastante anticuado y eso se presta para que puedan aprovecharse de él. Hemos hecho algunas denuncias, se han hecho investigaciones y se han judicializado personas”, comentó en declaraciones a medios en el Congreso. La fecha de entrada en vigencia del nuevo software, al igual que todo el sistema de procesamiento y expedición con el socio internacional, sería el próximo 3 de octubre. Asimismo, el viernes actualizó la lista de países interesados: ya no están Austria y Países Bajos, pero se ha sumado Polonia y se mantienen Canadá, Alemania, Francia y Portugal.

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