El drama circular de La Mojana: cuando la corrupción y el desastre ambiental se dan la mano

Así como cada cierto tiempo explota un nuevo escándalo de corrupción en Colombia, también explota un mismo drama en su costa Caribe: las inundaciones en la región llamada La Mojana. Pero este año hay algo distinto. El escándalo político del momento y el drama ambiental están unidos por una misma institución y su anterior cabeza, ...

Así como cada cierto tiempo explota un nuevo escándalo de corrupción en Colombia, también explota un mismo drama en su costa Caribe: las inundaciones en la región llamada La Mojana. Pero este año hay algo distinto. El escándalo político del momento y el drama ambiental están unidos por una misma institución y su anterior cabeza, la hoy polémica Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en manos del político de izquierda Olmedo López. Esa es la oficina de la que hoy, según alega su anterior subdirector, salieron millonarios sobornos del Gobierno de Gustavo Petro para los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Es la misma oficina que debía prevenir una tragedia ambiental en La Mojana. Ni se previno el desastre a tiempo, ni se sabe bien cómo se movió el dinero para evitarlo.

La alerta arrancó hace un poco más de una semana, el 6 de mayo, cuando aumentó la frecuencia de lluvias en el país y el enorme río Cauca —que cruza casi todo Colombia, de sur a norte por el occidente— se desbordó poco antes de llegar al mar Caribe. Lo hizo en el municipio de San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, donde está el llamado boquete de Caregato. Un costoso dique, que se estaba construyendo allí para evitar inundaciones, quedó resquebrajado.

La Defensoría del Pueblo calcula que hay unos 40.000 damnificados, entre los que están ganaderos, arroceros, pescadores y campesinos. Aquel boquete, Caregato, es uno que algunos empresarios han querido tapar varias veces con diques para mantener secas sus tierras, mientras que ambientalistas dicen que esa ingeniería es nociva e inane: va en contra del fuerte cauce del río Cauca que, al final, rompe los muros. Así ocurrió en agosto de 2021, cuando se rompió el último dique construido. Los ambientalistas promueven permitir que el agua haga inundaciones controladas —en una zona por la que cruzan tres grandes ríos y ha vivido con el agua entrando y saliendo desde tiempos prehispánicos—, y la reubicación de una parte de la población. Pero no más construcciones.

El presidente Gustavo Petro decía estar del lado ambientalista de la ecuación. Pero su Gobierno, en septiembre de 2023, un mes antes de las elecciones locales, apoyó la otra esquina del debate, donde estaban varios políticos y empresarios de la zona: la UNGRD contrató ese mes la construcción de un nuevo dique. El presidente habla ahora con sorpresa de esa decisión. “Desde el inicio del Gobierno se advirtió a autoridades locales y a la población campesina que Caregato no era un problema que se arreglara tapando un boquete con un jugoso contrato, sino que había que liberar el agua y restablecer sus flujos naturales cortados por terratenientes”, escribió recientemente en su cuenta de X. “Esta indicación del presidente fue desobedecida por la UNGRD”, añadió.

Carlos Carrillo, nuevo director en la UNGRD, dio en redes el nombre del funcionario responsable: “Fue un proyecto adjudicado, además, por el señor Olmedo López que está envuelto en tantas polémicas”. López, el mismo exdirector de la UNGRD que, supuestamente, entregó miles de millones a los presidentes del Senado y Cámara para que estos ayudaran a aprobar las reformas del Gobierno, con dinero que estaba destinado para agua en La Guajira. El presidente Petro pidió a la Fiscalía investigar el contrato para la obra del dique en Caregato.

“Obviamente es una alerta que el presidente pida investigar”, dice Carrillo a EL PAÍS. “No tengo pruebas de que el contratista sea corrupto, pero Olmedo López sí es un corrupto: ya está buscando un principio de oportunidad en la Fiscalía. Así que creo que el presidente puede tener una duda razonable sobre el contrato de La Mojana”, añade. Curiosamente, en su carta de renuncia en febrero, López menciona como logros haber llevado agua a La Guajira y lograr el “corte de flujo de agua del río Cauca a la altura de Caregato”. En febrero, incluso, celebró públicamente que ya estaba cerrado el boquete. Pero ni el agua llegó a la Guajira, ni el dique estaba terminado. “Olmedo López fue extremadamente irresponsable al afirmar que ese problema estaba solucionado, eso generó una expectativa falsa para la gente que quería volver a sembrar”, finaliza Carrillo.

Aunque Petro haya dicho que López le desobedeció cuando contrató el dique, este último no ocultó la obra: en septiembre del año pasado se publicó en varios medios la nueva construcción. Fue público incluso para ambientalistas cercanos al presidente, que rechazaron la decisión. “El director de UNGRD propone invertir 138.000 millones de pesos en La Mojana para seguir construyendo trampas humanas llamadas obras de mitigación o muros de defensa para controlar el agua contrario a nuestro Plan Nacional de Desarrollo de ordenar el territorio alrededor del agua”, decía entonces de forma crítica Javier Pava, el primer director de la UNGRD designado por Petro. Un comunicado de la institución, de aquel septiembre, dice que el contrato costó de 129.000 millones (alrededor de 33 millones de dólares).

López le entregó el contrato al Consorcio RCG, que ahora está bajo la mira de las autoridades. Está conformado por cuatro empresas: Petrolabin SAS, Valco Holding SAS, Contrusego SAS, y EMB Construcciones e Interventorías. Son empresas de construcción santandereanas que, como lo contó La W, tiene vínculos con el Clan Aguilar —el exgobernador y coronel Hugo Aguilar es un expolicía que mató a Pablo Escobar, entró a la política y fue condenado por ser aliado de grupos paramilitares―. El coronel impulsó la carrera política de Sneyder Pinilla, el exfuncionario de la UNGRD e ingeniero santandereano que destapó el actual escándalo de corrupción. Aguilar afirma que los dos cortaron relaciones hace nueve años.

El consorcio ha publicado cartas dirigidas a Pinilla y a la UNGRD, pidiendo que le hicieran los pagos pendientes para terminar la construcción. También publicaron una más reciente, pero previa a la ruptura del dique, dirigida al director Carrillo. “A la fecha hemos ejecutado obra por valor de $50.312.343.287 COP. Hemos recibido un pago anticipado de $23.500.897.698,09 COP, y con recursos propios hemos ejecutado obra por valor de $26.811.445.588,91 COP que no hemos podido facturar. Los requerimientos de obra, como lo he mencionado, son altos, lo que exige contar con un flujo de caja constante”, se lee en la carta.

Carrillo ha respondido que hará los pagos si la interventora los aprueba, pero que ahora mismo lo más importante es que el consorcio enfrente la inundación del 7 de mayo. “Acá sigo esperando el plan de contingencia”, dice Carillo en la tarde del martes. EL PAÍS intentó contactar al consorcio, pero no recibió respuesta. Mientras tanto, La Mojana sigue inundada.

“Con esta ya tenemos 30 años de inundaciones”, dice a EL PAÍS uno de los ganaderos y agricultores en la zona, Marco Tulio Uribe, quien reunió a varios empresarios de La Mojana en 2022 para liderar un agrario contra el entonces recién posesionado Petro, quien decía que no iba a hacer más construcciones para frenar al río Cauca. Ahora Uribe está en proceso de organizar un nuevo paro agrario para que haya “soluciones estructurales a la inundación”.

El empresario comparte con EL PAÍS un documento hecho entre los agricultores que enumera 33 inundaciones, desde 1996, por los ríos que llegan a La Mojana. “Cada año se hacen más frecuentes”, dice. Considera que, si el Gobierno es verdaderamente ambientalista, debería al menos devolverle al río Cauca su profundidad y aumentar así su cauce. Uribe recuerda que el lecho ha recibido toneladas de sedimentos que han reducido su flujo, especialmente producto de la minería del municipio antioqueño de Caucasia, justo antes de llegar a La Mojana. Pero él y otros ganaderos siguen defendiendo la construcción del dique.

“Entiendo que el doctor Carrillo haya encontrado un ambiente enrarecido en su oficina, por la corrupción, pero no por eso se puede disminuir el flujo de dinero al contratista que puede cerrar Caregato”, dice el empresario local. Mientras se abre un nuevo debate sobre el futuro de La Mojana, la tierra sigue inundada, una vez más. Y el dinero para las soluciones estructurales está bajo investigación, una vez más.

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