La justicia transicional abre un nuevo caso para investigar los crímenes contra pueblos étnicos
La Jurisdicción Especial para la Paz se enfocará en cuatro territorios donde las comunidades indígenas sufrieron la violencia de forma acentuada, con una cifra provisional de 1.350.181 víctimas
“Hoy es un día muy importante en la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es la primera vez que, a nivel nacional, se podrán investigar los crímenes contra pueblos y territorios étnicos y reconocer el impacto diferencial, masivo, que tuvo el conflicto sobre ellos”. Así anunció el presidente del sistema de justicia transicional, el magistrado Eduardo Cifuentes, la apertura del nuevo Caso 09, la macro investigación sobre los crímenes no amnist...
“Hoy es un día muy importante en la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es la primera vez que, a nivel nacional, se podrán investigar los crímenes contra pueblos y territorios étnicos y reconocer el impacto diferencial, masivo, que tuvo el conflicto sobre ellos”. Así anunció el presidente del sistema de justicia transicional, el magistrado Eduardo Cifuentes, la apertura del nuevo Caso 09, la macro investigación sobre los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos durante el conflicto armado.
Los investigados serán los exintegrantes de las extintas FARC, miembros de la fuerza pública, y otros agentes del Estado y terceros civiles que hayan participado en estos delitos. En medio de un ritual indígena inédito también en este tribunal, creado en los acuerdos de paz con las FARC, se conoció que el universo provisional de este caso es de 1.350.181 víctimas de origen étnico, una cifra que habla de las enormes afectaciones contra las comunidades indígenas en el conflicto armado. El dato preliminar parte de los reportes de 976 informes entregados por organizaciones étnicas, de derechos humanos y entidades estatales.
El macrocaso se enfocará en 4 territorios, donde han sido identificadas 375.967 víctimas. Una de las más afectadas fue la región de Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio.. Las restantes son la Sierra Nevada de Santa Marta y sus zonas adyacentes; la Amazonía y Orinoquía; y Chocó, concretamente en la zona del Medio Atrato.
La JEP había abierto recientemente un macrocaso -como se conocen estos grandes procesos- para investigar todos los delitos cometidos por alianzas de militares y paramilitares. También existe uno sobre la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC; los llamados “falsos positivos”, asesinatos de civiles para hacerlos pasar como bajas en combate; uno sobre el genocidio a miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, y tres más sobre todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en regiones particularmente azotadas por él. Aún está pendiente la apertura de un macrocaso sobre violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de la víctima.
Patrones de criminalidad contra los indígenas
“El hecho con más víctimas documentadas es el desplazamiento forzado, seguido del homicidio y la desaparición forzada”, explicó la presidenta de la Sala de Reconocimiento y magistrada de origen indígena, Belkis Izquierdo, quien recordó que los pueblos consideran el territorio como un sujeto vivo, una entidad sagrada dotada de relaciones espirituales basadas en procesos culturales propios, por lo que el desplazamiento “debilitó su conexión sagrada con el territorio ancestral y colectivo”. Ambos magistrados reiteraron que las violencias contra las comunidades indígenas “están acentuadas por el racismo y la discriminación, y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual, situación que ha reconocido la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas”.
La investigación para decidir la apertura del macrocaso identificó patrones de criminalidad que afectaron con más fuerza a las comunidades indígenas. “Los informes presentados a la Sala relatan las formas como las FARC, en algunas regiones del país, implementaron como estrategia de guerra, desestructurar y desarticular a los Pueblos Étnicos, sus tejidos comunitarios y sus formas organizativas político-administrativas, y sus usos y costumbres”, indicó la JEP. Las acciones de ese grupo armado no solo buscaron asesinar a las lideresas y los líderes de los pueblos indígenas, sino también a afectar las “estructuras culturales en que se basan sus saberes propios”.
La JEP también investigará cómo la fuerza pública les impuso “restricciones al acceso de alimentos y medicamentos, a la movilidad a través de la fijación de horarios para actividades sociales y culturales, y del control en el tránsito por el territorio colectivo”. También, de acuerdo con los informes que analiza el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP como hipótesis preliminar, ahondarán en cómo los militares participaron en el despojo de los territorios de los pueblos étnicos en alianzas con paramilitares y con terceros o agentes económicos.
Además, como ha documentado también la Comisión de la Verdad, los militares se instalaban en escuelas y sitios sagrados o de fragilidad ecosistémica, importantes para las comunidades indígenas, “en contravía al principio de distinción”.
Después de analizar los reportes recibidos, la JEP también investigará los tipos de armas utilizadas por integrantes de la Fuerza Pública y la forma en la que se hizo uso de estas, así como con otros métodos ilícitos utilizados para atacar. “Aquí se agrupan los crímenes relacionados con tomas a poblaciones con homicidios de civiles pertenecientes a pueblos étnicos, homicidios de combatientes con pertenencia étnica puestos fuera de combate, destrucción de bienes culturales y lugares de culto, así como otros ataques y afectaciones a la población étnica”, informa la Jurisdicción Especial para la Paz.
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