LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer en su totalidad los autos del juez Baltasar Garzón por los que suspendió las actividades de Batasuna por entender que es una parte de la organización terrorista ETA-Ekin, a la que subordina su estrategia.
La Ertzaintza y la Guardia Civil lanzaron anoche sendas operaciones contra el terrorismo urbano. La policía autónoma detuvo a ocho jóvenes en Vizcaya acusados de haber participado, entre otras agresiones, en el ataque en Portugalete (en agosto de 2001) con artefactos incendiarios contra dos ertzainas, que sufrieron graves quemaduras.
El Gobierno y el PSOE están dispuestos a introducir algunos cambios en la proposición de ley en defensa de la seguridad de los concejales, con el fin de ampliar el consenso. Ayer comenzó la ronda, con la entrevista del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares.
La Junta de Andalucía, presidida por el socialista Manuel Chaves, saludó ayer 'la rectificación en toda regla' del Gobierno en las medidas más polémicas de la reforma del desempleo.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, no escatimó ayer elogios al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, tras la firma del Tratado de Amistad y Cooperación que eleva el marco de las relaciones entre los dos países.
Siete personas murieron en la madrugada de ayer en Almansa (Albacete) al chocar la ambulancia en que viajaban contra un camión que transportaba cuatro vigas de 29,8 metros de longitud y 15 toneladas de peso cada una. A las 7.36, cuando aún no había amanecido, la ambulancia embistió la carga del camión, mientras éste se incorporaba a la carretera N-430.
Nueve inmigrantes -seis mujeres subsaharianas (una de ellas embarazada), un magrebí y otras dos personas cuyos cuerpos no pudieron ser rescatados- se ahogaron ayer frente a unos acantilados de Barbate (Cádiz)al hundirse la patera en la que viajaban 42 personas.
ROSA BIOT | Valencia
Diez inmigrantes consiguen la regularización tras denunciar que su empresa les pidió 900 euros con la falsa promesa de legalizarles