Las condiciones en los centros de detención del ICE propician un auge de los intentos de suicidio

Desde que comenzó la campaña antiinmigración de la Administración de Donald Trump, los centros de detención se han visto desbordados por la llegada masiva de detenidos. El hacinamiento por sobrepasar la capacidad de los centros (hay más de 60.000 detenidos en todo el país), las instalaciones inadecuadas, insalubres en muchos casos, y el trato inhumano que muchos han reportado han propiciado las denuncias continuas de los propios detenidos y las organizaciones que los defienden. La desesperación que afecta a muchas de las personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha quedado plasmada en el aumento de los intentos de suicidio.

En dos casos, los intentos acabaron con la vida de los detenidos. Jesús Molina-Veya se suicidó en junio en el Centro de Detención Stewart en Georgia, y Chaofeng Ge, el mes pasado en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Pensilvania. Los dos son parte de la docena de personas que han muerto desde enero mientras estaban bajo custodia del ICE.

La falta de una atención médica adecuada, tanto física como psicológica, las dificultades para acceder a medicamentos, además de la tristeza por la separación familiar y la ansiedad que sufren muchos detenidos están aumentando los sentimientos suicidas entre quienes se han visto privados de la libertad por la cruzada contra los migrantes emprendida por Trump.

The New York Times tuvo acceso a informes y grabaciones de llamadas de emergencias en los que se revelan casos de intento de suicidio. En abril, se produjeron al menos dos intentos en Tacoma, Washington, en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste, administrado por la empresa privada GEO Group, según informes de incidentes del ICE compartidos con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. En un caso, un hombre turco de 32 años intentó estrangularse; en otro, un hombre indio de 30 años intentó cortarse. En marzo, un detenido saltó de una cornisa en las instalaciones del centro en el que estaba.

Una investigación realizada por Scripps News muestra que decenas de detenidos en la cárcel de Moshannon Valley presentaron recursos de hábeas corpus ante un tribunal federal. En las peticiones al juez para que puedan salir en libertad, se relatan casos como el del detenido encarcelado durante 15 meses sin una audiencia de fianza: “Su inestable salud mental se ha deteriorado... Durante su estancia en custodia de inmigración, también fue agredido sexualmente en dos ocasiones y puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio en varias ocasiones”.

En otra de las solicitudes se afirma que las autoridades de la cárcel “interrumpieron los controles de bienestar de 15 minutos” para un detenido que “experimentó varios ataques de pánico graves, incluyendo uno que lo llevó a la hospitalización tras un intento de suicidio”.

La detención, que puede resultar traumática para cualquier persona, suele agravar la condición de quienes tienen problemas mentales. Muchos centros carecen de profesionales que puedan atender estos casos y los detenidos que expresan pensamientos suicidas con frecuencia son recluidos en régimen de aislamiento, donde la soledad, la falta de luz natural y las condiciones de suciedad tienden a empeorar su estado mental. La permanencia prolongada en soledad puede provocar deterioro cognitivo, dificultad para dormir y pensamientos autodestructivos o de suicidio.

Desde diciembre de 2024 hasta finales de agosto, el número de personas confinadas en celdas en solitario por al menos un día aumentó un 41%, según un análisis realizado por The Marshall Project y Univision Noticias. El número también subió durante el Gobierno de Joe Biden. El máximo se registró en agosto pasado, cuando hubo más de 1.100 casos.

Las condiciones en las que se mantiene a los detenidos en las celdas de aislamiento, además, son deplorables, según las experiencias que han relatado quienes pasaron por ellas. Faviola Salinas Zaraté, una mexicana que fue deportada a su país de origen, declaró que “lloraba mucho y a veces, de la depresión, me orinaba en los pantalones”. Salinas, madre de tres niños estadounidenses, pasó dos meses sola en una celda de aislamiento, a veces durmiendo sobre una superficie metálica, con frío y sin un inodoro que funcionara. Ya sufría depresión postparto cuando fue detenida en febrero, apenas tres meses después del nacimiento de su último bebé, según dijo, pero el confinamiento empeoró su condición.

Familias que han sido detenidas con sus hijos también han aportado numerosos testimonios de las deficientes instalaciones donde les alojan, con el aire acondicionado demasiado fuerte, sin mantas y con la luz artificial encendida las 24 horas del día, haciendo casi imposible el descanso. También relatan el maltrato recibido por el personal que los custodia y la falta de acceso a servicios médicos y medicamentos necesarios.

El senador de Georgia Jon Ossoff publicó recientemente una investigación sobre el maltrato sufrido por las mujeres embarazadas y los niños en los centros de detención. El informe recoge que algunos detenidos que denunciaron abusos físicos y sexuales habían sido enviados al confinamiento en solitario como represalia.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad, Tricia McLaughlin, calificó de “falsas” las acusaciones de Ossoff. “Los centros de detención del ICE tienen estándares más altos que la mayoría de las prisiones estadounidenses que detienen a ciudadanos estadounidenses. Todos los detenidos reciben atención médica integral, alimentación adecuada y la oportunidad de llamar a sus familiares y abogados”, dijo.

Las condiciones de los centros de detención no son fáciles de comprobar, pues el acceso no está permitido. Varios congresistas han intentado infructuosamente entrar en algunos de ellos. El pasado jueves, al menos 11 funcionarios estatales, entre los que se encontraban congresistas y concejales, fueron arrestados cuando intentaban entrar en un centro de detención en el edificio federal ubicado en el número 26 de Federal Plaza, en la ciudad de Nueva York. En total, más de 70 personas fueron detenidas cuando protestaban por las pésimas condiciones en que mantenían a los migrantes, como mostraron algunos vídeos que se volvieron virales en las redes sociales.

Un día antes, un juez federal ordenó a los funcionarios del ICE que debían mejorar las condiciones de hacinamiento e insalubridad de los migrantes de centro. El juez Lewis A. Kaplan citó el “trato inconstitucional e inhumano” que se daba a los detenidos.

Según las directrices del ICE, los detenidos deben someterse a exámenes médicos y de salud mental en las primeras 12 horas de su reclusión y al cabo de dos semanas, además de poder acceder a servicios de emergencia. La realidad, según las organizaciones de defensa de los detenidos, es que esas reglas no se cumplen.

Una de las detenidas que dio su testimonio a Scripps era una migrante nigeriana que vivía en Nueva Jersey con sus dos hijos y lleva más de año y medio detenida. Su abogado afirma que sufrió violencia doméstica y mutilación genital femenina. Los agentes la desnudaron frente a la cámara, lo que le provocó un ataque de pánico. Se puso bajo vigilancia por riesgo de suicidio. La mujer reconoció haber tenido pensamientos suicidas. “Nunca había estado encerrada así en mi vida. Solo soy una madre soltera que vino a trabajar para ganarse el pan de cada día para mis dos hijos”.