La Administración Trump lanza una ofensiva para deportar a los menores indocumentados que entraron solos

La ofensiva de la Administración Trump contra los migrantes indocumentados también incluye a los niños que llegaron solos al país como uno de sus objetivos de deportación. Mientras desde el Gobierno se afirma que la prioridad de su campaña es expulsar a los delincuentes, las directrices que llegan desde el Ejecutivo contradicen su discurso. Según un memorando obtenido por la agencia Reuters, los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) deberán seguir el rastro de los menores no acompañados para determinar si se les cita en los tribunales o si se les deporta, en caso de que reciban una orden de expulsión.

Según datos oficiales, desde 2019 más de 600.000 niños han cruzado la frontera de Estados Unidos con México sin la compañía de sus progenitores en medio del aumento de cruces ilegales de los últimos años. Un informe del año pasado calcula que, de ellos, unos 32.000 están en paradero desconocido porque no acudieron a sus citas con los tribunales, aunque se prevé que el número sea mucho mayor porque unos 290.000 no han recibido aún una cita de la corte.

“Mientras la Administración anuncia un plan para acelerar los procedimientos de cientos de miles de niños, cuyos documentos parecen haber sido perdidos o extraviados por el Departamento de Seguridad Nacional en el pasado, no debe socavar el derecho de los menores a participar en sus procedimientos judiciales acelerando sus deportaciones o negándoles asistencia legal. Privar a los niños de protección legal y acelerar las deportaciones solo los hace más vulnerables a las amenazas como la explotación o la trata y al mismo daño del que se les quiere proteger”, afirma Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro para la Justicia Acacia, organización que representa a unos 26.000 niños no acompañados.

Prevenir el riesgo de que los menores caigan en manos de las redes de tráfico de personas es una de las razones que el Gobierno ha dado para justificar la búsqueda de los niños. Desde las organizaciones de defensa de los migrantes, sin embargo, ven contradictorio que si se quiere proteger a los niños se adopten iniciativas como la de la semana pasada, que retiraba la representación legal de los niños en las cortes de inmigración. Una polémica medida que provocó duras críticas de los defensores de los menores y desencadenó un aluvión de cartas de protesta dirigidas al Congreso. Tres días después, la Administración dio marcha atrás y la orden quedó sin efecto.

Según el nuevo memorando, “los agentes de ICE determinarán cómo localizar, establecer contacto y entregar los documentos de inmigración según corresponda a los objetivos individuales, al realizar las operaciones de aplicación de la ley”, que involucren a niños no acompañados.

ICE afirma haber recopilado datos de varias fuentes y clasifica a los menores en tres grupos: “riesgo de fuga”, “seguridad pública” y “seguridad fronteriza”. La orden es que los agentes se centren en los niños considerados en “riesgo de fuga”, incluidos los que se ordenó deportar por faltar a audiencias judiciales y los que fueron entregados a patrocinadores que no son parientes consanguíneos.

Una vez que los menores son localizados por la Patrulla Fronteriza, son entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Sociales.

Desde el ORR, son transferidos a los familiares o patrocinadores, si es que aceptan hacerse cargo de ellos. En muchos casos, quienes van a acogerlos son también migrantes indocumentados, en el centro de los planes de deportación masiva de Trump.

“A menudo, los niños no acompañados son entregados a hogares donde viven sus familiares u otras personas que no tienen estatus legal, son inmigrantes no autorizados. Decir que están tratando de encontrar a estos niños podría ser en realidad un intento de localizar a otras personas en estos hogares”, apunta Kathleen Bush-Joseph, abogada del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).

El 14 de febrero, la Administración ordenó que se tomen las huellas digitales de todos los adultos que residan en los hogares de acogida de los menores y se comparta su estatus migratorio. Los expertos en inmigración opinan que la medida va a perjudicar a los niños, porque desincentiva a los familiares a acogerlos. Además, desalienta que acudan a sus citas de la corte, favoreciendo que se emita una orden de deportación.

“Durante la primera Administración Trump, cuando hicieron lo mismo, los niños terminaron languideciendo en detención porque sus patrocinadores tenían miedo de acercarse y recogerlos”, explica Bush-Joseph.

En 2024 se contabilizaron 98.536 niños bajo custodia del ORR, menos de los 118.938 de 2023 y 12.904 de 2022, pero muy superiores a la media anual del primer mandato de Trump, que solo en 2019 superó los 50.000.

El 32% de los menores no acompañados llegados en 2024 procedía de Guatemala; un 20%, de México; otro 20%, de Honduras, y un 8%, de El Salvador. Las familias envían a los niños solos a Estados Unidos huyendo de la situación de pobreza y violencia de sus países con la esperanza de que tengan un futuro mejor.

Cada año se producen miles de órdenes de expulsión de menores, pero su proceso de deportación es más lento que el de los adultos porque antes de llegar a un juez de inmigración debe pasar un procedimiento administrativo en USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). Debido al atasco de los tribunales, que tiene casi 4.000 casos pendientes, los sumarios de deportación se demoran una media de 1.200 días y muchos de los que entraron siendo menores de edad se convierten en adultos durante el proceso. Un tercio de los niños que cruzaron la frontera el año pasado era mayor de 17 años.

Si los menores no son recibidos por ningún familiar, permanecen en los centros de acogida públicos. En cuanto cumplen 18 años, pueden ser transferidos a ICE, lo que aumenta las posibilidades de que sean detenidos y deportados.