Florida ejecuta a un preso con una presunta discapacidad mental y eleva a 12 su récord de pena de muerte este año

Florida ha ejecutado este miércoles con una inyección letal a David Pittman, un hombre de 63 años acusado de un triple asesinato en 1990. Es la duodécima persona ejecutada en Florida en lo que va de año, una cifra sin precedentes en la historia moderna del Estado que representa un tercio de las ejecuciones en todo el país. Su caso desató gran controversia porque familiares y abogados argumentaron durante años que Pittman era una persona con discapacidad intelectual. El Estado de Florida se opuso a las alegaciones.

Pittman estaba en el corredor de la muerte desde 1991 tras su condena por el asesinato de Barbara y Clarence Knowles, de 50 y 60 años, respectivamente, los padres de su esposa, de la que estaba separado, y la hija de ambos, de 21, en la residencia de la familia en el condado de Polk, al oeste de Tampa. La ejecución tuvo lugar en Raiford, un pueblo en el condado Union, al norte de la península, donde se ejecutan las penas capitales de hombres en el Estado.

El caso de Pittman pasó por una larga batalla en los tribunales estadounidenses durante los 35 años desde los hechos. Los abogados de Pittman mostraron evidencia de su discapacidad con pruebas de coeficiente intelectual (CI) en torno a 70 puntos (de un promedio de 100) cuando era niño, y expedientes escolares que indican que fue ubicado en educación especial en la primaria. También recopilaron testimonios sobre retrasos del desarrollo, y pruebas que lo describieron como analfabeto funcional con escasas habilidades de razonamiento, de acuerdo con documentos de la corte. En el juicio de Pittman en 1991, un perito de la fiscalía declaró que su coeficiente era de 95, dentro del rango promedio, pero años más tarde, los abogados impugnaron los métodos de evaluación. En 2015, un perito de la defensa realizó una nueva evaluación y reportó un coeficiente de 70.

En 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la ejecución de personas con discapacidad intelectual estaba prohibida por la Octava Enmienda de la Constitución, lo que presentó la oportunidad de Pittman apelar, que no había antes. La defensa ha argumentado que la ejecución de Pittman viola la Constitución y solicitó reiteradamente una audiencia probatoria para demostrar su discapacidad.

La Fiscalía de Florida, por su parte, sostuvo que Pittman esperó demasiado para plantear la alegación de discapacidad, que debía ser presentada dentro de 60 días tras entrar en vigor una regla estatal en 2004, y mantuvo el resultado del coeficiente de la época del juicio como evidencia de que Pittman no presentaba discapacidad intelectual en el momento del delito, por lo que la alegación carecía “de fundamento”. El Estado consideró también que la ley estatal no permite la aplicación retroactiva del fallo de la Corte Suprema y, por tanto, Pittman no podía reabrir su causa.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución el 15 de agosto. La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada una apelación y una solicitud para suspender la ejecución. El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos también denegó suspender la ejecución y rechazó revisar el caso, agotando las opciones legales de Pittman.

Una cifra récord para el Estado

Florida ha ejecutado a 12 personas en lo que va de año. El máximo registrado anteriormente en el Estado desde que se reinstauró la pena capital en 1976 fueron ocho ejecuciones en 1984 y la misma cifra en 2014.

Una petición en línea de Death Penalty Action (Acción por la abolición de la pena de muerte) a DeSantis y a la Junta de Indultos y Clemencia estatal para detener la ejecución recogió más de 4.500 firmas. La organización organizó una vigilia virtual antes de la ejecución.

Abraham J. Bonowitz, presidente de Death Penalty Action, dijo a EL PAÍS que la ejecución no habría tenido lugar si Pittman “hubiera sido juzgado hoy en día”, que no había dudas sobre sus deficiencias cognitivas, y que su ejecución era “una flagrante violación de la Constitución de EE UU”. También indicó en un correo electrónico que “preocupa profundamente la racha de ejecuciones del gobernador DeSantis”.

El grupo Floridanos por Alternativas a la pena de muerte, un grupo de abogacía, escribió en la petición que la ejecución pone a Florida “entre las pocas jurisdicciones dispuestas a ignorar protecciones categóricas reconocidas por la Corte Suprema de Estados Unidos” y que los tribunales del Estado hicieron interpretaciones “cambiantes e inconsistentes” sobre la retroactividad en el caso.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Pittman cortó las líneas telefónicas y entró en la casa de los Knowles, mató a puñaladas a las tres víctimas, y luego incendió la vivienda para destruir pruebas. El tribunal le impuso tres condenas a muerte, señalando la naturaleza atroz del delito.