Ciudadanos libres, pero sin derecho al voto: la lucha de cuatro millones de exconvictos por recuperar su voz política

Casi todos han cumplido sus condenas. Algunos siguen bajo libertad condicional. Quieren reincorporarse a la sociedad habiendo pagado en la cárcel por los delitos que cometieron. Pero volver a ser libres no significa que recuperan todos sus derechos: en 48 Estados se les niega el derecho al voto a quienes hayan sido condenados por delitos graves. Se calcula que, debido a leyes estatales a lo largo del país, cuatro millones de estadounidenses anteriormente condenados no podrán votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre, en las que Kamala Harris, una exfiscal, se enfrenta a Donald Trump, un delincuente convicto. Se trata de uno de cada 59 ciudadanos adultos, según un nuevo informe de The Sentencing Project, un centro de investigación que aboga por la reforma del sistema de justicia penal de Estados Unidos, uno de los pocos países que priva de este derecho a su población exconvicta. Dentro de esos millones, las comunidades más afectadas son las negras y las latinas.

“En este histórico año electoral, persisten los interrogantes sobre la estabilidad de las instituciones democráticas, la imparcialidad de las elecciones y la supresión del voto en las comunidades marginadas. La exclusión sistemática de millones de personas condenadas por delitos graves debería ocupar un lugar destacado en estos debates”, señalan los autores del reporte. La cifra de 4 millones representa una caída del 31% solo desde 2016, a medida que más Estados promulgan políticas para restringir esta práctica y disminuye la población penitenciaria.

Esta semana, Nebraska se convirtió en el último Estado en defender este derecho: el Tribunal Supremo estatal dictaminó que todos aquellos previamente condenados que hayan cumplido sus penas pueden votar sin ninguna restricción. Aunque Nebraska abolió en 2005 la prohibición de votar de por vida para exconvictos, hasta hace unos meses el Estado requería que las personas esperaran dos años para votar una vez cumplidas sus condenas. Cuando en abril la legislatura local revocó esa norma, el principal funcionario electoral del Estado tiró de los frenos, argumentando que devolverles ese derecho era inconstitucional.

Pero la máxima corte de Nebraska le dio la razón a los legisladores y ordenó que se eliminaran todos los obstáculos para restaurar plenamente el derecho de voto de esta población. The Sentencing Project calcula que la decisión de la corte permitirá votar este noviembre a 7.000 ex convictos, que ahora correrán contrarreloj para inscribirse antes de la fecha límite del 25 de octubre. “El Tribunal Supremo de Nebraska se puso del lado de la justicia, afirmando que miles de nebraskenses merecen la oportunidad de que se escuche su voz. Esta decisión es un paso significativo hacia el desmantelamiento de las barreras que han silenciado durante mucho tiempo a las personas con condenas por delitos graves”, opinó Nicole D. Porter, directora de defensa de The Sentencing Project.

“Sin embargo, Nebraska no debe detenerse aquí,” añadió Porter. “La verdadera justicia exige extender el derecho al voto a todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal actual, garantizando que todos puedan contribuir a forjar el futuro de nuestras comunidades”. Incluso con el nuevo cambio en la ley, 12.000 individuos permanecen fuera del proceso electoral porque siguen cumpliendo sus penas. Aunque Nebraska no es uno de los siete codiciados territorios bisagra, sí tiene una peculiaridad que lo hace relevante cada campaña: otorga un voto electoral al ganador de cada uno de sus distritos electorales. Por ello, cada voto cuenta, especialmente en la ciudad de Omaha, único bastión demócrata en un Estado sólidamente republicano.

Nebraska es uno de los 28 Estados —incluyendo Pensilvania y Carolina del Norte, dos territorios clave en una campaña extremadamente reñida— donde la tasa de privación del derecho al voto de los latinos es superior a la de la población general, según detalla el informe de The Sentencing Project, publicado antes de que el tribunal de Nebraska tomara su decisión. Allí, el 1,93% de la población latina elegible a votar no puede hacerlo, frente al 1,5% a nivel nacional. Se calcula que en todo el país hay 495.647 ex convictos latinos privados de este derecho, aunque los investigadores de The Sentencing Project alertan que “los datos sobre origen étnico de la población penitenciaria no se comunican de forma homogénea y en algunos Estados no se contabilizan suficientemente”. Por tanto, es probable que las cifras proporcionadas por el centro de investigación “subestimen la tasa real” en muchos territorios.

La población negra y latina en Estados Unidos es más perseguida por la policía y encarcelada que la blanca y, por tanto, tiene más probabilidades de perder su derecho al voto. Uno de cada tres niños negros nacidos hoy puede esperar ir a la cárcel a lo largo de su vida, al igual que uno de cada seis latinos, frente a uno de cada 17 blancos, de acuerdo con datos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Es un círculo vicioso en el que las comunidades de color sufren “un impacto desproporcionado”, destacan los autores del reporte.

Las cifras lo demuestran: si bien a nivel nacional el 1,7% de las personas en edad de votar no podrán hacerlo el 5 de noviembre debido a condenas penales previas, esa tasa asciende a 4,5% entre la población afroamericana. La cifra supera el 5% en 15 Estados y el 10% en otros cinco territorios (Arizona, Florida, Kentucky, Dakota del Sur y Tennessee). En total, son 1,3 millones de personas negras. Y en cuanto al medio millón de ex convictos latinos sin derecho de voto, los investigadores de The Sentencing Project explican que muchos de ellos “fueron condenados en una época en la que la población latina era significativamente menor que en la actualidad”. “Dado que la población latina en Estados Unidos se ha más que cuadruplicado desde 1980, prevemos que en los próximos años la privación del derecho al voto de los latinos constituirá una proporción cada vez mayor”, señalan.

El caso de Florida

Florida ha sido y continúa siendo el líder nacional en privación del derecho al voto en cifras absolutas, según The Sentencing Project. En las elecciones de este año, 961.757 ciudadanos del Estado no podrán votar. De ellos, se estima que 730.000 siguen privados del derecho al voto a pesar de un referéndum electoral de 2018 que prometía restaurárselo.

En noviembre de ese año, los votantes de Florida aprobaron una enmienda a su Constitución que devolvió el derecho al voto a la mayoría de las personas que habían cumplido sus condenas, con la excepción de aquellos condenados por delitos sexuales y asesinato. En 2019, sin embargo, la legislatura del Estado aprobó una ley con nuevas restricciones: el ex convicto que quiera volver a votar debe antes pagar todas las sanciones monetarias ordenadas por el tribunal.

Esa norma ha vuelto a dejar a miles sin acceso al proceso electoral “porque la mayoría de estas personas no están en condiciones de pagar”, explica el abogado Cesar Ruiz, de la organización nacional Latino Justice. “Son multas y tasas asociadas a los cargos que se les imputan, a su reclusión en el sistema penitenciario y a su puesta en libertad, por lo que pueden oscilar entre cientos y miles de dólares”, elabora el licenciado especializado en el derecho al voto.

“Esto ha creado una enorme barrera con la que todavía estamos tratando de lidiar”, añade Ruiz. Y es una barrera que ha generado un “sistema de confusión” porque “determinar la cuantía de las multas y tasas que debe pagar una persona es un proceso realmente arduo”, explica el experto. No existe una entidad estatal que lo supervise, sino que todo va a través de los condados y los gobiernos locales, cuyos registros no siempre son coherentes. Esa falta de información deja a las personas previamente encarceladas sin saber si son elegibles a votar o no.

Ruiz recuerda cómo en las elecciones de 2020 y 2022, ex convictos acudieron a las urnas pensando que ya se les había restaurado el derecho al voto y fueron nuevamente arrestados por tratar de votar de manera ilegal, sin pagar las tasas que le debían al Estado. Los propios funcionarios electorales les permitieron votar porque, al igual que ellos, desconocían los detalles de la nueva ley.

“Ha sido un proceso muy difícil que ha deprimido la participación electoral en las comunidades en las que vivimos porque el sistema de justicia penal ataca de forma desproporcionada a la población negra y latina”, señala Ruiz, a quien le preocupa que ocurra lo mismo este noviembre.

Algunos avances

The Sentencing Project recalca que desde las últimas elecciones presidenciales, ha habido avances en la restauración de este derecho. Desde 2020, en 11 Estados han entrado en vigor leyes o cambios normativos que amplían el derecho de voto a algunas personas con condenas por delitos graves y que ya hayan salido de prisión.

En el caso de la población latina, el cambio en las leyes ha hecho que en los últimos cuatro años, el número de ex convictos latinos sin derecho al voto haya disminuido de 561.486 a 495.647.

Sin embargo, en la mitad del país se sigue denegando este derecho a personas en libertad condicional o libertad vigilada. Y en el caso más extremo, 10 Estados siguen sin restaurar este derecho para ex convictos que hayan cumplido satisfactoriamente sus penas de prisión, libertad condicional o libertad vigilada. Y a pocas semanas de las elecciones de este año, solo dos Estados —Maine y Vermont— permitirán que su población previamente condenada acuda a las urnas sin ninguna restricción.