A quién protege el Servicio Secreto y otras claves para entender a la agencia
El organismo tiene la obligación de proteger a los principales candidatos de la elección general presidencial, que incluye al expresidente Donald Trump
Tras lo que las autoridades han descrito como un segundo aparente intento de asesinato de Donald Trump, han surgido preocupaciones sobre la capacidad de la protección del Servicio Secreto para el expresidente y candidato presidencial republicano. En respuesta, el Gobierno de Joe Biden ha pedido al Congreso una autorización especial para aumentar la financiación del Servicio Secreto, y advirtió que, sin ella, la agencia no dispondría de “recursos suficientes” para mejorar sus operaciones de protección.
Esta conversación sobre el Servicio Secreto ha despertado curiosidad en la población general sobre cómo se forjó la organización y cuál es su papel específico dentro del Gobierno de Estados Unidos. A continuación una explicación sobre el origen de la agencia y cuáles son sus responsabilidades de seguridad:
¿Cómo nació el Servicio Secreto?
El Servicio Secreto de los Estados Unidos, uno de los organismos policiales federales más antiguos del país, ha desempeñado un papel fundamental a la hora de garantizar tanto la seguridad física de los altos cargos del Gobierno como la integridad de los sistemas financieros de la nación. Creado en 1865 como una rama del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, su misión original era combatir la falsificación generalizada de moneda estadounidense después de la Guerra Civil.
El papel del Servicio Secreto se amplió en 1901, tras el asesinato del presidente William McKinley. Este suceso hizo que se le asignara la responsabilidad de custodiar al presidente de Estados Unidos, lo que marcó el inicio de su misión de protección. Con el tiempo, esta meta se ha ampliado para incluir no solo al presidente, sino también a otros altos funcionarios y dignatarios extranjeros. En la actualidad, el Servicio Secreto tiene encomendadas dos misiones fundamentales: en primer lugar, proporcionar protección al presidente, al vicepresidente y a otras personas; y, en segundo lugar, investigar los delitos que amenazan la infraestructura financiera de Estados Unidos.
¿A quién protege el Servicio Secreto?
Por ley, el Servicio Secreto protege a varias personas, principalmente al presidente y el vicepresidente, junto con sus familiares directos. Esta defensa se extiende también al presidente electo y al vicepresidente electo después de las elecciones generales, según el sitio oficial de la agencia.
Por otro lado, los expresidentes y sus cónyuges están protegidos de por vida, a menos que decidan renunciar a la protección, según autorizó el Congreso en 1965, mientras que los hijos de los expresidentes reciben protección hasta los 16 años. El Servicio Secreto también ofrece protección a los jefes de Estado o de Gobierno extranjeros visitantes, a sus cónyuges y a otros visitantes extranjeros distinguidos durante sus viajes oficiales a Estados Unidos.
Además, durante una campaña presidencial, los principales candidatos presidenciales y vicepresidenciales y sus cónyuges reciben protección en los 120 días previos a las elecciones generales. Esta protección la determina el Secretario de Seguridad Interior con un comité consultivo. Por último, el Servicio Secreto es responsable de garantizar la seguridad en los “acontecimientos nacionales especiales de seguridad”, que son designados por el Secretario de Seguridad Interior.
El Servicio también trabaja en coordinación con otros organismos federales, estatales y locales. La División Uniformada del Servicio Secreto, junto con organismos como el Departamento de Policía Metropolitana y la Policía de Parques de Estados Unidos, patrullan las zonas próximas a lugares clave como la Casa Blanca. La agencia consulta periódicamente a expertos en seguridad y emplea técnicas avanzadas para garantizar la protección de los protegidos. El ejército también desempeña un papel de apoyo ya que otorga ayuda a través de equipos de desactivación de explosivos y recursos de comunicaciones. Cuando el presidente viaja, un equipo de agentes del Servicio Secreto colabora con las fuerzas de seguridad locales y los funcionarios de seguridad pública para aplicar medidas estrictas.
Otras actividades
El Servicio Secreto también se involucra en la investigación de una amplia gama de delitos financieros. Entre ellos figuran la falsificación de la moneda estadounidense; la falsificación o el robo de cheques y bonos del Tesoro de Estados Unidos; el fraude con tarjetas de crédito, en telecomunicaciones, el fraude informático y de identidad. La agencia también investiga delitos que afectan a instituciones financieras aseguradas por el Gobierno federal.
¿Qué poder tiene?
De acuerdo con el Título 18, Sección 3056 del Código de los Estados Unidos, los agentes y oficiales del Servicio Secreto están facultados para portar armas de fuego, ejecutar órdenes judiciales y efectuar detenciones sin orden judicial por cualquier delito cometido en su presencia. También pueden detener a personas por delitos graves si tienen motivos razonables para creer que son culpables. Además, la agencia está autorizada a ofrecer recompensas por información que conduzca a la detención de delincuentes implicados en violaciones de las leyes que el Servicio Secreto es responsable de hacer cumplir. Tiene jurisdicción para investigar fraudes relacionados con documentos de identificación, comercio fraudulento e instrumentos ficticios, entre otros delitos. En sus funciones de investigación y protección, la agencia colabora de cerca con la Fiscalía de Estados Unidos.
Las amenazas contra personas protegidas por el Servicio Secreto se toman muy en serio, y se anima a cualquier persona con información legítima sobre amenazas o complots para dañar a personas protegidas a que se ponga en contacto con la oficina de campo del Servicio Secreto más cercana. Sin embargo, es importante señalar que la agencia no busca información relacionada con la oposición política o la crítica de las políticas del Gobierno, centrándose únicamente en las amenazas que suponen un peligro para las personas bajo su protección.