El concurso público de RTVE enfrenta al comité de expertos con los letrados de las Cortes
Un informe jurídico sobre los órganos de gestión del organismo público irrita al comité encargado de su renovación
Las discrepancias entre el comité de expertos que evaluó las candidaturas para la elección del consejo de administración de RTVE y los letrados de las Cortes van en aumento. La Asociación Profesional de Letrados de las Cortes ha emitido este lunes una nota en la que rechazan las acusaciones de los especialistas que examinaron los proyectos y currículos del centenar de aspirantes. En su opinión las acusaciones vertidas en una carta remitida a las presidencias del Congreso y del Senado por 13 de los 17 miembros...
Las discrepancias entre el comité de expertos que evaluó las candidaturas para la elección del consejo de administración de RTVE y los letrados de las Cortes van en aumento. La Asociación Profesional de Letrados de las Cortes ha emitido este lunes una nota en la que rechazan las acusaciones de los especialistas que examinaron los proyectos y currículos del centenar de aspirantes. En su opinión las acusaciones vertidas en una carta remitida a las presidencias del Congreso y del Senado por 13 de los 17 miembros del comité que presidió el periodista Diego Carcedo “excede la crítica legítima” y “se adentran en un campo que debe quedar proscrito en una sociedad democrática”.
Aseguran los letrados que de ninguna manera resulta aceptable que al hilo de esas críticas se viertan “comentarios insidiosos”. Los expertos cuestionaban el informe emitido por la Secretaría General del Senado y exponían una supuesta “coincidencia con las posiciones de lobbies e intereses conocidos que intentan siempre poner palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE”.
El comité de expertos manifestó hace una semana su “queja y protesta” por el informe jurídico relativo a la renovación de los miembros del consejo de RTVE elaborado por los letrados que asesoran a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la corporación y solicitaban amparo a la presidencia del Congreso y del Senado. Aquel documento resumía, según los letrados, los trabajos realizados para la renovación de los órganos de gestión de RTVE, con el objetivo de facilitar su continuación. “Dicha nota se elaboró con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, con pleno respeto a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables, una vez analizado todo el expediente relativo al concurso público para dicha renovación, y en coordinación con los letrados que actuaron previamente”, sostienen.
El informe de los letrados argumentaba que para poder avanzar en el procedimiento se han de resolver los recursos pendientes (alrededor de una treintena). Proponían varias opciones: limitar las comparecencias en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso y en la Comisión de Nombramientos del Senado a los 20 candidatos considerados idóneos por el comité de expertos, con la incorporación del candidato número 21 por el fallecimiento de la candidata Alicia Gómez Montano (que obtuvo la más alta calificación). Esta opción limitaría a tres el máximo posible de mujeres elegidas. Otra de las alternativas pasaba por llamar a comparecer a otros candidatos que sin estar clasificados entre los 20 primeros y con ello ampliar el número de mujeres y cumplir así la paridad dentro del consejo.
En la nota hecha pública este lunes, los letrados aseguran que en el escrito de los miembros del comité de expertos se critican con dureza algunas de las opiniones recogidas en ese informe. “Nada hay que objetar a esa crítica. Como letrados de las Cortes conocemos sobradamente que nuestra actuación, opinión e informes están sometidos a la crítica y el escrutinio públicos, y lo aceptamos como parte de la función pública que ejercemos”, exponen. Reseñan, además, que el informe es de la Secretaría General del Senado y no tiene el carácter anónimo que le atribuían una mayoría de los miembros del comité de expertos. “Se ha realizado motivadamente y con rigor, y pretende ajustarse a lo que dispone el ordenamiento jurídico”.
“Puede legítimamente discreparse de su contenido”, añaden, “pero en una sociedad abierta y democrática resulta insostenible que la falta de argumentos de fondo pretenda salvarse con veladas acusaciones a maniobras y connivencias frontalmente opuestas a la imparcialidad, neutralidad política y profesionalidad, que nos son exigibles y que respetamos siempre en el ejercicio de nuestra función”.