Los pueblos que luchan para reconquistar sus caminos rurales a los terratenientes

“Prohibido el paso propiedad privada”, “zona de reserva”, “coto privado de caza”, “¡peligro!, ganado bravo”. Una constelación de amenazantes carteles decora la enorme cancela que veda el paso al camino rural en el que se crio Pepe Menacho. A fuerza de idas y venidas al pueblo, “a por tomates, al molino, a por leche”, se lo conoce a cada palmo. “Yo debí ser el último que entró ahí antes de que lo cerrasen. Pero eso tiene que abrirse ya, ¡es de todos!”, exclama visiblemente molesto el gaditano de 80 años. Cortado desde hace 19 años, el camino que va desde Benamahoma a Zahara de la Sierra es el e...

“Prohibido el paso propiedad privada”, “zona de reserva”, “coto privado de caza”, “¡peligro!, ganado bravo”. Una constelación de amenazantes carteles decora la enorme cancela que veda el paso al camino rural en el que se crio Pepe Menacho. A fuerza de idas y venidas al pueblo, “a por tomates, al molino, a por leche”, se lo conoce a cada palmo. “Yo debí ser el último que entró ahí antes de que lo cerrasen. Pero eso tiene que abrirse ya, ¡es de todos!”, exclama visiblemente molesto el gaditano de 80 años. Cortado desde hace 19 años, el camino que va desde Benamahoma a Zahara de la Sierra es el epítome de las intrincadas batallas a la que se enfrentan pequeños ayuntamientos rurales de zonas como la Sierra de Cádiz para inscribir como públicos miles de kilómetros de senderos históricos. Tan cruentas como para crear un burdo complot para intentar hacer pasar por traficante al histórico ecologista Juan Clavero.

Clavero siente resarcido, al menos en parte, aquel mal trago vivido en 2017, después de que dos de los cuatro acusados por aquella coloqueta hayan sido condenados a un año de prisión por denuncia falsa: habían urdido un complot para acusar al histórico ecologista de tráfico de drogas. Pero el origen de todo el conflicto, el trecho de 16 kilómetros que atraviesa en canal las 2.000 hectáreas que el millonario empresario belga Marnix Galle compró en 2013 en el corazón de la Sierra de Cádiz, sigue cerrado a cal y canto. La inscripción del camino como público en 2010 por parte del Ayuntamiento de Grazalema —competente sobre el tramo en disputa— abrió una batalla legal de dos ramificaciones, una ganada por el municipio en el Tribunal Superior de Justicia, la segunda aún atascada en un juzgado de Ubrique. Sin embargo, propiedad y consistorio paralizaron en mayo ese segundo contencioso para pactar el deslinde necesario para su reapertura. “Si no alcanzamos un acuerdo nos podríamos llevar años, podría ser un pleito interminable. Hemos propuesto un trazado con asistencia de la Diputación de Cádiz y se lo hemos trasladado a la propiedad. Le hemos advertido que no puede demorarse mucho, si no, reactivaremos el procedimiento civil”, resume el regidor de Grazalema, Carlos Javier García.

La vuelta de los vecinos a ese camino que atraviesa la finca de la Breña del Agua y que trazó estrechas relaciones entre zahareños y benamahometanos durante siglos no debería demorarse mucho más de unos meses, aunque ya nadie se fía. Paradojas de la vida, los seis kilómetros de esa misma vía que discurren por Zahara hasta toparse con otra valla que cercena el camino sí son transitables, pero aún no están inscritos como públicos. Será por poco tiempo. El consistorio —de apenas 1.400 vecinos— contrató los servicios del abogado y perito Manuel Perujo para elaborar su inventario pendiente de caminos, paso previo a su inscripción ante el Registro de la Propiedad. “Estamos en fase de notificación a particulares colindantes. Es espectacular el tesoro que tenemos. Los caminos son nuestros, son públicos, nadie se puede quedar con algo que es de todos, pero es que además son estratégicos como senderos”, explica el alcalde zahareño, Santiago Galván.

Solo Zahara, con un término municipal de 72 kilómetros cuadrados, ha detectado con ese estudio 200 kilómetros de caminos públicos. Grazalema, en cuyo término está la pedanía de Benamahoma, ha descubierto 61 vías, algo más de 100 kilómetros, en un estudio realizado con la ayuda económica de la Diputación de Cádiz. En ambos consistorios están en vías de hacer los deberes, en otros aún no han comenzado. Cada municipio, habitualmente pequeño y con pocos recursos, hace lo que puede, quiere y sabe ante una tarea que es “una obligación legal”, como advierte Perujo. “Los caminos son imprescriptibles, inembargables e inalienables, si alguien lo ha ocupado da igual”, añade el experto, que recuerda que la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas obliga desde 2003 a la inscripción. Pero el abogado también reconoce que el proceso para hacerlo es todo “un galimatías porque para ir al registro no existe una escritura, porque vienen de tiempos inmemoriales”.

En Andalucía, la ausencia de una ley de caminos que sí tienen comunidades como Baleares o Extremadura hace más intrincado aún el proceso y obliga a Perujo a hacer encaje de bolillos para elaborar sus inventarios. El abogado recurre a cartografías antiguas, fuentes históricas —incluso orales— y la jurisprudencia creada en los tribunales para elaborar y justificar su listado. De forma paralela, recomienda a los ayuntamientos aprobar una ordenanza en la que se definan los parámetros de lo que es un camino público. Todo para sortear los litigios que arruinan el proceso. “La ratio de caminos cortados no llega al 20%, pero esos hacen mucho ruido. El problema llega cuando cruza una finca de mil hectáreas dedicada a la caza”, apunta Perujo. Ahí es cuando el letrado ve a los equipos de gobierno vacilar, temerosos de verse en juicios largos y costosos. “Se discute todo, la sensación es de frustración porque estamos totalmente maniatados en la defensa de los caminos”, añade el también perito.

La historia vital Pepe Menacho y su mujer, Josefa Séllez, de 77 años, bien resume cómo han llegado los ayuntamientos rurales a verse en esta complicada tesitura legal del presente. Los dos se criaron en cortijos en mitad de la Sierra. Los caminos y las vías pecuarias —estas últimas, más anchas, competencia pública de las comunidades autónomas y no exentas también de disputas con los privados— eran las arterias que conectaban entre sí a las localidades en tiempos sin carreteras. Séllez recuerda la odisea que fue llevar al médico a su hermano “metido en el serón de un burro”. Menacho se acuerda de cómo el fin del carbón como combustible y la emigración rural le llevó a salir de España a él también y a pasar una década por Europa, allá por los 70. “Fue entonces cuando se perdió la actividad de los caminos”, resume Clavero, sentado en un banco en la plaza de Benamahoma con el matrimonio y otros mayores que, como la pareja, residían en el campo.

Cuando Menacho regresó a su casa, después de encontrar un trabajo como carpintero en la cooperativa de muebles del pueblo, el campo ya había cambiado. Nuevos dueños se habían hecho con las fincas y, en algunos casos, habían cercenado veredas que atravesaban sus propiedades. “Si las desamortizaciones del XIX ya fueron un saqueo para el campo porque se perdieron tierras comunales, esto fue un saqueo por desidia. Pero en los 80 surgió el senderismo y comenzaron las reivindicaciones”, explica Clavero. El ecologista, comprometido e incansable como pocos, presume de los remiendos de seis paños de malla de alambre que suma ya el camino de Zahara, de tanto cortarlo. Ecologistas en Acción lleva ya más de una década organizando marchas en Cádiz en defensa de los caminos y presume de haber conseguido la reapertura de vías en Prado del Rey o San José del Valle. En otros puntos, como en la finca Las Albarradas de Grazalema, no lo han conseguido, como ejemplifica Clavero.

Santa Ana la Real, un pueblecito onubense de 475 habitantes, señala el camino de los beneficios que esperan a los consistorios que se determinen a culminar la inscripción de sus veredas de herradura. Desde hace 16 años lleva inmerso en el proceso y ha elaborado una guía práctica para ayudar a otros municipios en la misma tesitura. “La reenviamos a los 45 municipios de Cádiz y solo contestaron tres”, se queja Clavero, molesto con “la lentitud y desidia” de muchos municipios. Además, el pueblo de Huelva ha señalizado y divulgado cada vía para convertirla en un recurso de turismo activo. Y Perujo da otra poderosa razón para hacerlo: “Es cierto que hay que verlo como una obligación para acabar con un limbo jurídico, pero que un Ayuntamiento tenga su red de caminos inscrita aumenta su patrimonio municipal, lo que aumenta su solvencia financiera para presupuestos. Además, para optar a subvenciones para arreglar esos caminos te piden la titularidad de los mismos”.

Manuel Jarillo se suma a la conversación distendida en la plaza. Recuerdan que Clavero y Ecologistas en Acción organizaron una marcha días después de aquella pesadilla de verse engrilletado por una denuncia falsa. Fue multitudinaria. Allí estuvieron Menacho, Séllez o Jarillo. “Esos caminos eran para estar unidos. Te encontrabas con uno que iba para un sitio y otro que volvía de otro”, apunta este último. El sol de octubre comienza a ponerse y las escarpadas crestas de la Sierra comienzan a virar del verde al negro. Clavero señala al valle que se abre entre las dos, la zona cero de la discordia, y se esfuerza por explicar lo que hay dentro: “una laguna, un bosque de pinsapos, alcornoques, algarrobos… Es una preciosidad”. Al otro lado de las montañas está Zahara. Menacho y Séllez están dispuestos a volver por esos fueros, tan pronto caiga la cancela. “Ese era nuestro paseo, pero lo mismo me muero y no lo veo abierto”, zanja la mujer con resignación.