Ayuntamientos ampliarán la distancia de 150 metros de las casas de apuestas impuesta por la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha establecido una distancia mínima de 150 metros entre las casas de apuestas y los centros educativos en un decreto que modifica loa anteriores reglamentos de juego de la comunidad y que este viernes ha sido publicado en el Boletín Oficial de la comunidad. La medida se considera poco ambiciosa por parte de la federación de exadictos al juego de Andalucía (Fajer) y de los Ayuntamientos que empezaron a r...

La Junta de Andalucía ha establecido una distancia mínima de 150 metros entre las casas de apuestas y los centros educativos en un decreto que modifica loa anteriores reglamentos de juego de la comunidad y que este viernes ha sido publicado en el Boletín Oficial de la comunidad. La medida se considera poco ambiciosa por parte de la federación de exadictos al juego de Andalucía (Fajer) y de los Ayuntamientos que empezaron a regular la ubicación de este tipo de locales en sus municipios a través de modificaciones en sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) con separaciones superiores y que recibieron advertencias por parte de la Consejería de Hacienda, recordándoles que la competente en materia del juego era la Administración regional. Los consistorios consultados entienden que las nuevas disposiciones son criterios de mínimos y que están facultados para incrementar la protección sobre sus ciudadanos.

“Con los municipios que intentaban regular nos hemos puesto en contacto para explicarles que el artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía establece que la competencia en materia de juego corresponde a las comunidades autónomas y lo que queremos es que todos nos sometamos a la misma medida”, señaló el consejero de Hacienda, Juan Bravo, el pasado martes cuando presentó el nuevo decreto. Sin embargo, el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, o el de Cádiz, dirigido por Adelante Andalucía, contemplan seguir con sus respectivos PGOU en los que la distancia mínima para la ubicación de las casas de juego es de 500 metros y no solo respecto de centros educativos, sino de centros culturales o deportivos.

“Nosotros no estamos regulando el juego, sino la ubicación. Entendemos que lo que marca el decreto de la Junta es una distancia mínima y a partir de allí nosotros podemos establecer 500 porque queremos una mayor sobreprotección”, explica Raúl López Maldonado, concejal de Urbanismo de Málaga. “En nuestro PGOU también establecemos que deben establecerse fuera del ámbito familiar, y eso incluye zonas verdes, deportivas, sociales… Es nuestra propuesta y queremos ser un ejemplo de avance social y servir de ejemplo”, abunda.

En el caso de Cádiz su PGOU con el establecimiento de la distancia de 500 metros respecto de centros educativos, culturales y deportivos fue aprobado el pasado mes de septiembre y recurrido por la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia. “Nuestro plan es más proteccionista que el del Gobierno andaluz, vamos a ver como se desarrolla el pleito que está en fase de medidas cautelarísimas, pero no vamos a renunciar a nuestros intereses, que son la protección de los ciudadanos”, sostiene el concejal de Urbanismo del consistorio gaditano, Martín Vila. En la fase de aprobación, su proyecto contó con el visto bueno de las Consejerías de Salud y Fomento.

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha sido pionero en imponer moratorias a las casas de apuestas y también recibió una advertencia por parte de la Consejería de Hacienda para que paralizara su modificación del PGOU, en la que también incluía distancias de 500 metros no solo de colegios e institutos, sino de centros culturales y deportivos. “Estamos estudiando si esos 150 metros es una distancia mínima que nos permitiría ampliarla, porque nuestra idea es seguir adelante con nuestra iniciativa”, señala su edil de Urbanismo Jesús Mora.

El consejero de Hacienda argumenta que los 150 metros son “proporcionados” y advierte de que haber establecido distancias más amplias podría vulnerar la libertad de establecimiento de las empresas, porque haría imposible la instalación de casas de apuestas en determinados municipios. Fuentes cercanas a la consejería argumentan, además, que en la comunidad hay margen para la apertura de este tipo de locales y aportan datos que ilustran la disminución de locales con máquinas instaladas en Andalucía entre 2010 y 2021: en el caso de los bingos se pasa de 62 a 34, en el de la hostelería de 21.402 locales a 15.759. Para los salones de juego —en Andalucía no hay casas de apuestas como locales específicos― el global no varía, manteniéndose en 859. En total la disminución es de 5.580 en una década.

“Entendemos que establecer limitación de distancias no es una medida eficiente”, explica Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, el consejo empresarial del juego, que se muestra escéptico sobre las modificaciones que pretenden algunos Ayuntamientos. “Ellos no pueden regular eso, porque no son competentes, establecer distancias máximas va en contra del sentido de la norma y cualquier tribunal lo tumbaría”, advierte.

Disminución de personas en tratamiento

Bravo también ha aducido que el establecimiento de los 150 metros es fruto del “compromiso y el consenso” de todos los actores implicados, entre ellos la federación andaluza de jugadores de azar rehabilitados. Su presidente, Francisco Abad, lamenta que la distancia sea tan corta. “Mejor eso que nada, como hasta ahora, pero nosotros siempre habíamos reclamado más distancia y respecto de más lugares donde pueda haber confluencia de menores y personas mayores. Veremos a ver cómo reaccionan las asociaciones de vecinos”, indica.

Abad no comparte otro de los argumentos que el consejero de Hacienda deslizó el pasado miércoles durante la presentación de un programa de prevención de adicciones impulsado desde la Consejería de Educación: la disminución del número de personas en tratamiento afectadas por juego patológico: de 2.334 en 2019 a 2.635 en 2020. “Esos datos no son completos, porque no todos los adictos acuden a las entidades con las que la Consejería de Salud tiene los conciertos. Nosotros estamos apreciando una mayor demanda de ayuda en este último año”, advierte.

Prohibición de publicidad en fachadas

Desde Fajer sí dan la bienvenida a otras novedades del decreto como la unificación de los registros de control de acceso en Andalucía, hasta ahora diferenciados por provincias y tipos de salas; la obligación de eliminar la publicidad, cartelería o imágenes de las fachadas de las casas de apuestas o el endurecimiento de las sanciones para el caso de que haya menores en los locales, que incluyen la suspensión temporal de la autorización e incluso la clausura del establecimiento. Los salones también deberán controlar de manera personal la admisión de los clientes en la entrada e impedir el acceso a menores o a personas con problemas de adicción.

“No obstante, quien quiere jugar, entra y juega”, advierte Abad. Y a esa determinación se aferra también Landaluce para demandar que la aplicación del cierre de los locales no se haga de manera generalizada, sino caso por caso. “A veces es imposible reconocer la falsificación de un carnet, en estos casos que te quiten la licencia quizás sea excesivo”, sostiene.

El decreto que este viernes se ha publicado en el BOJA y que entrará en vigor en los próximos 20 días tiene un recorrido menor que la propuesta de ley que presentó el PSOE en octubre de 2019 y que contemplaba distancias de 500 metros de centros educativos y espacios de ocio juvenil y que fue rechazada por PP, Ciudadanos y Vox. La nueva norma que pretende unificar criterios y sentar medidas homogéneas en todo el territorio y “no impide la libertad de establecimiento de las empresas y va encaminada a dotar de una mayor protección a las personas menores de edad”, de acuerdo con el preámbulo del texto, no convence a aquellos Ayuntamientos que empezaron a establecer distancias por su cuenta, ante la falta de regulación por parte de la Junta. La Administración se mostró muy beligerante en los últimos meses con estos consistorios, llegando hasta los tribunales en el caso de Cádiz. Habrá que ver cuál será su respuesta ante el envite de los gobiernos locales.