Asesores de la Generalitat proponen una ley de plazos para el aborto
El Comité de Bioética presidido por Victoria Camps pide bajar al edad de decisión a los 16 años
El Comité Consultivo de Bioética de la Generalitat ha propuesto hoy la adopción de una ley que permita abortar libremente en las primeras 16 o 24 semanas del embarazo como máximo. La presidenta del comité, la profesora de Filosofía Victoria Cámps, ha presentado esta mañana un informe encargado por el Departamento de Salud en el que también proponen la ausencia de plazo cuando se detecten malformaciones en el feto o riesgo para la vida o la salud de la madre.
El comité rechaza condicionar el derecho al aborto a la situación económica de la madre, por considerarlo un criterio "difícil de ...
El Comité Consultivo de Bioética de la Generalitat ha propuesto hoy la adopción de una ley que permita abortar libremente en las primeras 16 o 24 semanas del embarazo como máximo. La presidenta del comité, la profesora de Filosofía Victoria Cámps, ha presentado esta mañana un informe encargado por el Departamento de Salud en el que también proponen la ausencia de plazo cuando se detecten malformaciones en el feto o riesgo para la vida o la salud de la madre.
El comité rechaza condicionar el derecho al aborto a la situación económica de la madre, por considerarlo un criterio "difícil de demostrar". Cámps propone "diluirlo" en la ley. El comité pide fijar la edad mínima para decidir en los 16 años y reclama mejores políticas de educación sexual, especialmente entre las mujeres inmigrantes, por ser las que mayor índice de abortos tienen y considerarlo, a menudo, un instrumento más de planificación familiar. Recomiendan también que el asesoramiento que reciban las mujeres que decidan abortar sea lo más neutro posible.
Cámps ha pedido también que el aborto esté garantizado por la sanidad pública, y ha recordado que sólo un 2,6% de los abortos se llevan a cabo en hospitales públicos. Considera que "no hay cultura" de practicarlo en la institución.Para Camps, con una nueva legislación se evitaría la situación actual, en que la mayoría de abortos se tienen que llevar a cabo en la sanidad privada debido a la "inseguridad jurídica" en que la ley sitúa a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que practican las interrupciones del embarazo.