La Asociación de Planificación Familiar critica la "criminalización" de las mujeres que abortan
Asegura que los profesionales y las pacientes se encuentran en una "situación de inseguridad jurídica"
La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB) ha mostrado su "indignación" por la "criminalización y persecución" de las mujeres que abortan y de los profesionales que practican abortos.
En un comunicado, la asociación ha censurado que en los últimos días se han vivido "nuevos ataques" con el requerimiento notarial por parte de E-Cristians al portavoz de ACAI y APFCIB en Cataluña, Santiago Barambio, la comparecencia ante el juez de los profesionales de la Clínica Isadora de Madrid "y las fundadas sospechas de que ha sido un montaje de la Guardia Civil" y la cit...
La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB) ha mostrado su "indignación" por la "criminalización y persecución" de las mujeres que abortan y de los profesionales que practican abortos.
En un comunicado, la asociación ha censurado que en los últimos días se han vivido "nuevos ataques" con el requerimiento notarial por parte de E-Cristians al portavoz de ACAI y APFCIB en Cataluña, Santiago Barambio, la comparecencia ante el juez de los profesionales de la Clínica Isadora de Madrid "y las fundadas sospechas de que ha sido un montaje de la Guardia Civil" y la citación a declarar de 170 personas que se autoinculparon en Tarragona.
La APFCIB ha asegurado que el requerimiento notarial y el anuncio de interposición de una denuncia contra Barambio por unas declaraciones en una conferencia en Roma, "supone una obstaculización de un servicio y un desprestigio de una práctica sin ninguna prueba de referencia".
Para la APFCIB, los profesionales y las mujeres se encuentran en una "situación de inseguridad jurídica" que vulnera los derechos fundamentales y dijo que esta "ofensiva antielección desafía permanentemente la ley estatal y las convenciones internacionales" referentes al aborto.
La asociación critica que "estos grupos integristas" utilizan las estructuras de la Justicia "para imponer sus valores morales". Por ello, ha exigido al Estado y a la Generalitat que "cumplan con los compromisos adquiridos y garanticen la seguridad jurídica" de mujeres y profesionales.