La Comisión denuncia a España por incumplir la norma sobre el impacto ambiental de proyectos
El Ejecutivo comunitario entiende que la legislación española no se ajusta a la directiva sobre la materia
La Comisión Europea ha anunciado hoy que ha emprendido acciones legales contra España, Italia, Bélgica y Reino Unido para que cumplan la legislación comunitaria que exige realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) a determinados proyectos. En el caso de España, la Comisión se dirigirá al Tribunal de Justicia "debido a los defectos que presenta la legislación española introducida para aplicar la directiva", precisa el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La Comisión estima que "la normativa española no da garantías para la debida información pública sobre las decisiones ante p...
La Comisión Europea ha anunciado hoy que ha emprendido acciones legales contra España, Italia, Bélgica y Reino Unido para que cumplan la legislación comunitaria que exige realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) a determinados proyectos. En el caso de España, la Comisión se dirigirá al Tribunal de Justicia "debido a los defectos que presenta la legislación española introducida para aplicar la directiva", precisa el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La Comisión estima que "la normativa española no da garantías para la debida información pública sobre las decisiones ante proyectos ya sometidos a la evaluación de impacto ambiental". Además, la CE estima que "la legislación española únicamente aplica los requisitos de la directiva a los proyectos presentados para su aprobación después del 8 de octubre de 2000, cuando la fecha que fija la Directiva es la del 14 de marzo de 1999".
La directiva sobre evaluación del impacto ambiental tiene por objetivo proteger el medio ambiente exigiendo que los efectos medioambientales de los proyectos se analicen antes de su aprobación y garantizando una consulta pública previa. Esta normativa exige a los Estados miembros realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA) sobre determinados proyectos públicos y privados, antes de ser autorizados, cuando se cree que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente. Para proyectos tales como autopistas, aeródromos y centrales nucleares, las evaluaciones son obligatorias. Para otros, como los urbanísticos, turísticos y de actividades recreativas, los Estados miembros deben poner en práctica un sistema de selección que permita determinar cuáles han de someterse a la evaluación.
Tratamiento de aguas residuales
Además, Bruselas ha enviado a Bélgica una solicitud formal para que acate una sentencia de 2002 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber promulgado la legislación nacional necesaria para aplicar la normativa EIA. El mantenimiento de la situación podría dar lugar a la imposición de sustanciosas multas a Bélgica, alerta la Comisión.
Bélgica y el Reino Unido han recibido requerimientos escritos instándoles a mejorar su aplicación de la legislación de EIA.
Por otra parte, la Comisión ha enviado un último apercibimiento por escrito a España por incumplir la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la directiva sobre aguas de baño en Sueca, en la región de Valencia.
El escrito señala que en Motilla, Valencia, la inadecuada modernización de las pperaciones de aguas residuales en el área ha producido la contaminación de las aguas de la playa.