El Gobierno admite que la radioactividad persiste en Palomares 35 años después
El Consejo de Seguridad Nuclear estudia pedir a las autoridades el establecimiento de restricciones sobre el uso de los terrenos que presentan más contaminación
La radiactividad todavía persiste en el término municipal de Palomares (Almería) treinta y cinco años después de que una bomba atómica se desprendiera de un avión militar estadounidense.
Así se pone de manifiesto en una respuesta que el Gobierno ha enviado por escrito al Congreso, en contestación al diputado socialista Francisco Javier García Breva, quien se interesó por las consecuencias de una posible alteración de uso de los terrenos afectados por la bomba.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha precisado que recientemente se han revisado los cálculos sobre la actividad rema...
La radiactividad todavía persiste en el término municipal de Palomares (Almería) treinta y cinco años después de que una bomba atómica se desprendiera de un avión militar estadounidense.
Así se pone de manifiesto en una respuesta que el Gobierno ha enviado por escrito al Congreso, en contestación al diputado socialista Francisco Javier García Breva, quien se interesó por las consecuencias de una posible alteración de uso de los terrenos afectados por la bomba.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha precisado que recientemente se han revisado los cálculos sobre la actividad remanente en la zona y los resultados han indicado que persiste "una cierta radiactividad".
Esta circunstancia, unida al incremento de la actividad agrícola y turística de la comarca, han aconsejado revisar el programa de seguimiento radiológico que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) lleva a cabo en la zona desde que se produjo el accidente.
Los resultados del plan de vigilancia del CIEMAT indican también que las dosis recibidas por los habitantes de la zona se mantienen dentro de los niveles considerados "aceptables".
El Consejo de Seguridad Nuclear está evaluando los datos con el fin de recomendar a las autoridades, "si las circunstancias radiológicas lo requirieran", el establecimiento de restricciones que sean necesarias sobre el uso de los terrenos que presentan más contaminación.
Con esta medida se pretendería garantizar que el impacto radiológico sobre las personas y el medio ambiente se mantiene dentro de los niveles aceptables, ha precisado el CSN en la respuesta remitida al Congreso.