La extraordinaria historia de cómo ‘Playboy’ hizo posible analizar y rastrear el ADN de violadores

«El movimiento feminista me puso a caldo, pero qué se le va a hacer. Si hubiese sido Penthouse o Hustler, no. ¿Pero Playboy? ¡Venga ya!». Martha ‘Marty’ Goddard es una activista feminista que a los mediados de los 70 fundó el Citizens Committee for Victim Assistance, una organización sin ánimo de lucro en Chicago cuyo objetivo era desmontar la cultura de la violación. ...

«El movimiento feminista me puso a caldo, pero qué se le va a hacer. Si hubiese sido Penthouse o Hustler, no. ¿Pero Playboy? ¡Venga ya!». Martha ‘Marty’ Goddard es una activista feminista que a los mediados de los 70 fundó el Citizens Committee for Victim Assistance, una organización sin ánimo de lucro en Chicago cuyo objetivo era desmontar la cultura de la violación. Lo trató de hacer con un aliado inesperado: Playboy, la revista a la que el feminismo le encantaba odiar. Ironías del destino, la misma empresa en la que se infiltró Gloria Steinem para destrozar esa ilusión de libertad sexual femenina exponiendo ante todos la precariedad y explotación laboral de las conejitas, fue la única que le tendió la mano económicamente para revolucionar el sistema de atención a las víctimas de agresiones sexuales.

Ajena al universo empresarial de Hugh Hefner, Goddard no aspiraba a poco y quería deconstruirlo todo: desde cómo se hablaba de las violaciones en las noticias a cómo se trataba clínicamente y legalmente en la asistencia de hospitales y comisarías. Una tarea de pedagogía mastodóntica en una sociedad cuya concepción de las agresiones sexuales se podía reducir simbólicamente a un chiste visto en una tarjeta de felicitación en la cola del súper: «Ayuda a acabar con las violaciones. Di que sí». La activista no solo consiguió que se retirasen las tarjetas («Seguro que os parece desternillante. Pero no»), también asediaba a periodistas para quejarse del tratamiento informativo sobre las supervivientes. En los 70 se escribía francamente mal sobre las mujeres violadas. Goddard lo sabía y era la que subía a las redacciones y obraba milagros, como conseguir que un periodista de sucesos pidiese disculpas. Lo hacían después de que la activista les recriminase que aunque no hubiesen puesto su nombre, cualquiera con dos dedos de frente podría saber quién era la camarera violada de la que escribían si decían el nombre del restaurante en el que trabajaba o describían su aspecto físico.

Más allá de convertirse en un estandarte incansable, el auténtico hito de la activista estaba llamado a ser mucho más trascendental. Tras reunirse insistentemente con policías, fiscales, médicos y enfermeros de urgencias, detectó la problemática cadena de errores en las investigaciones de violaciones. Los agentes mezclaban y contaminaban pruebas por despiste y falta de organización –las pruebas de sangre, pelo o semen se etiquetaban de forma errónea– y en los hospitales no había protocolos. La policía sabía que más de una vez los sanitarios de emergencias habían guardado dos láminas juntas o contaminado pruebas. La mayoría de víctimas, además, volvía a casa con una delatora bata de hospital puesta porque ni siquiera existían prendas de repuesto en los centros –la policía almacena como prueba la ropa vestida en la agresión–. Volver con el culo aire y zuecos de hospital en un coche patrulla en pleno shock emocional y físico no te hace pasar desapercibida precisamente frente a tus vecinos. Alguien debía poner remedio. Goddard lo hizo.

Con la ayuda de un microanalista de la policía y la financiación de una fuente del todo inesperada, la activista facilitó la creación del examen protocolario para víctimas de violación, conocido en EEUU como «kit de violación» («rape kit» en el inglés original) por el aspecto de la caja en que introducen las pruebas. Goddard se alió con Louis Vitullo, un microanalista que dirigía el laboratorio de criminalística de Chicago, para diseñar una caja de cartón azul y blanca que protocolizase la recogida de pruebas en las agresiones sexuales. El kit incluía torundas y láminas específicas, así como carpetas etiquetadas que había que reseñar y sellar. Todo lo que no tenían ni sanitarios ni policía. Un sistema que lleva décadas vigente y que ha permitido estandarizar la recogida de pruebas médicas en caso de agresión sexual.  Esa «financiación inesperada» vino de la revista Playboy. Un aliado que desvela la propia Goddard a T. Christian Miller y Ken Armstrong en el recomendable Creedme (Libros del KO, 2019), el premio Pulitzer a reportaje explicativo de 2016 que se editó en castellano a mediados de este año y que ahonda en la problemática de las investigaciones de los delitos sexuales y el desamparo al que se enfrentan las supervivientes que no encajan en los parámetros patriarcales.

Si bien el trabajo de esta pareja de periodistas profundiza en una cadena de sucesos ajena a la invención del rape kit (cuya historia apenas ocupa varias páginas de su investigación), la invención de Goddard fue del todo extraordinaria y se extendió hasta formar parte del protocolo en todo Estados Unidos. El kit de violación allanó el camino para que las pruebas de ADN a finales de los 80 convirtiesen a los kits en herramientas muy potentes para investigaciones judiciales. La propia Goddard nunca imaginó que aquellos 10.000 dólares iniciales de apoyo de Margaret Standish, directora de la Fundación Playboy, transformarían toda una cultura y tratamiento de las agresiones sexuales.

Playboy fue su último recurso. En las fundaciones de proyectos de mujeres, como la YWCA o las Girl Scouts, les dieron la espalda y dijeron que no querían tener nada que ver con las violaciones. «La mayoría de los miembros de las fundaciones y las corporaciones eran hombres«, aclara Goddard a los autores de Creedme, y añade: «Ellos eran quienes tenían el dinero de verdad, los que abrían o cerraban el grifo. Y no parecían estar muy por la labor de aflojar».

Fue Standish, la amiga personal de Goddard y directora de la fundación Playboy, la que acabó aflojando.La fundación de Hugh Hefner era el brazo activista de Playboy. El empresario jugó toda su vida con esa yuxtaposición de acusaciones de explotación femenina frente a su apoyo económico a causas políticas como el derecho al aborto (era donante y organizaba actos para Naral), así como otras iniciativas como Children of the Night, que ‘rescató’ a más de 10.000 niños de la prostitución en EEUU. La directora de la entidad cedió parte del espacio de la revista y consiguió mesas plegables, café y sándwiches gratis mientras los voluntarios montaron los primeros kits de violación con los 10.000 dólares sufragados. «En septiembre de 1978, veintiséis hospitales del área de Chicago empezaron a usarlos. Al año siguiente, el laboratorio de criminalística de Chicago analizó 2777 kits», recogen los investigadores en el texto. Ese mismo año, un fiscal utilizó uno de los kits como prueba para acusar a un hombre de la violación de una conductora de autobús. El jurado votó para que se le condenase y, tras el juicio, el juez permitió a la organización de Goddard preguntar a los miembros si el kit les había ayudado a llegar a un veredicto. Nueve respondieron que sí.

Más allá de las mejoras que supuso para el análisis clínico y su uso en criminalística, la propia gestión del rape kit ha sido complicada para las mujeres a las que se someten a él debido a la estructura del sistema sanitario estadounidense. En muchos casos, cuando el seguro médico no lo ampara, las agredidas tienen que costearse su propio kit de violación. Y no es barato: a una mujer le cobraron en 2016 unos 1.200 euros por la prueba y tuvo que recurrir al micromecenazgo para costearla. Afrontar la factura meses después del suceso puede, además, revivir el trauma. Lo ejemplificó la española Jana Leo en Violación Nueva York (Lince, 2017), el crudo ensayo sobre la agresión sexual que sufrió de un intruso en su casa de Harlem a punta de pistola: «Me cobraron el ‘kit de violación’ en el que buscaban huellas de la agresión y recogieron muestras de ADN como prueba. Aunque había sido víctima de un delito, yo era la principal responsable de los costes de mi visita a la sala de Urgencias. […] Se trataba de otra forma de humillación. Me enfurecí».

Con la implantación del rape kit se aportaron datos empíricos frente a un tipo de agresiones en las que el escepticismo y los prejuicios morales sitúan a las víctimas con desventaja. La base de la investigación  de Creedme incide en esta problemática a través de varios casos conectados en EEUU. «En la mayoría de delitos violentos, los policías se enfrentan a víctimas con lesiones evidentes. Sin embargo, las lesiones no suelen apreciarse a simple vista en los delitos sexuales. En un examen forense, una mujer que ha mantenido relaciones sexuales consentidas puede presentar las mismas características que una mujer violada a punta de pistola», apuntan. Pese a los avances médicos, la credibilidad todavía queda en tela de juicio constantemente y depende en demasiadas ocasiones de los prejuicios morales de los investigadores. Las estadísticas y los estudios que recogen los ganadores del Pulitzer nos recuerdan que apenas entre el 2% y el 8% de las acusaciones de delitos de violación son falsas, pero la gran asignatura pendiente sigue siendo tan simple como la de intentar creer a una mujer violada. Una credibilidad, resumen, que «se pone en tela de juicio tanto como la del propio acusado».