Ciudadanos bien informados, por Ana Pastor

Cerró su discurso aquel 11 de agosto de 2009 con la siguiente frase: «Creo que este es un gran día». Chile, que durante años había sido noticia por las terribles decisiones de algunos de sus dirigentes, había conseguido convertirse de nuevo en referencia mundial con una acción de gobierno simple pero trascendental. Gracias al empeño de su presidenta, Michelle Bachelet, el país daba pasos de gigante en un terreno concreto y lo hacía sorprendentemente desde sus instituciones. Esa mañana de agosto Bachelet anunciaba la aprobación de la nueva Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a...

Cerró su discurso aquel 11 de agosto de 2009 con la siguiente frase: «Creo que este es un gran día». Chile, que durante años había sido noticia por las terribles decisiones de algunos de sus dirigentes, había conseguido convertirse de nuevo en referencia mundial con una acción de gobierno simple pero trascendental. Gracias al empeño de su presidenta, Michelle Bachelet, el país daba pasos de gigante en un terreno concreto y lo hacía sorprendentemente desde sus instituciones. Esa mañana de agosto Bachelet anunciaba la aprobación de la nueva Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información.

La presidenta insistía en su discurso en que una democracia es mejor y más fuerte si sus ciudadanos están bien informados. Decía que distribuir esa información también es una de las principales responsabilidades de las administraciones. Parece una obviedad, pero viendo lo que sucede en países como el nuestro no lo es tanto.

Quizá ha llegado el momento de que se impongan las obviedades. Sobre todo algunas. Hace unos días Ferran Adrià hablaba en CNN de mimetizar lo bueno y de la importancia de observar Latinoamérica sin esa mirada superior y condescendiente que, en ocasiones, se ha practicado en España. Chile tiene una Ley de Transparencia que obliga a dar respuesta a las dudas de los ciudadanos en un plazo máximo de 30 días. España no. Chile tiene una ley que establece infracciones para los responsables públicos que no faciliten esos datos. España no. Chile tiene además una ley específica para los partidos. España no. En aquel país cualquier ciudadano puede acceder a una página web, bastante sencilla, en la que es posible consultar las cuentas de las principales formaciones políticas. En ella se especifican las donaciones, los créditos con los bancos, los gastos de campaña y hasta los de mobiliario. Y, por cierto, esas cuentas las firman los presidentes de cada partido y los tesoreros.

Y Chile no es el único país. Hay muchos más ejemplos en los que inspirarse. En el Reino Unido se hacen públicos los presupuestos detallados de la Casa Real británica y en la página web del Gobierno cualquiera puede consultar los regalos que reciben los ministros, los nombres de todas las personas que los visitan en la sede oficial, las reuniones que mantienen y los viajes que realizan. ¿A quién queremos parecernos? ¿Queremos seguir siendo el único país de la Unión Europea, con una población superior a un millón de habitantes, sin una ley de ese tipo? El Gobierno español ha puesto en marcha su proyecto, así que quedan pocos meses para obtener respuestas a estas preguntas y para comprobar si realmente todo lo que está pasando en España sirve para hacer el reset que tanta falta hace a nuestro país en algunos ámbitos. Ciudadanos bien informados. Obvio.