Internet no es de ellos: hacia un servicio público en red

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Un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha comprobado estos días lo frustrante que puede resultar pelearse contra una plataforma digital. El viernes ...

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Un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha comprobado estos días lo frustrante que puede resultar pelearse contra una plataforma digital. El viernes suspendió de forma cautelar la actividad de Telegram, una aplicación de mensajería alternativa a WhatsApp, a raíz de una denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, tres productoras de televisión que acusan a la red social de utilizar contenidos protegidos por derechos de autor. Este lunes ha tenido que meter la marcha atrás.

Tanto los juristas especializados como los analistas tecnológicos se habían pasado el fin de semana señalando que bloquear Telegram era una medida desproporcionada —perjudicaría a ocho de millones de usuarios en España que no tienen nada que ver con esos contenidos ilegales— y estéril, puesto que no hay forma razonable de llevarla a cabo sin montar una escabechina.

También estos días ha cundido la inquietud sobre la legislación aprobada por la cámara baja del Congreso estadounidense que amenaza con prohibir TikTok, otra red social, si no rompe sus lazos con ByteDance, su matriz china. El presidente Joe Biden firmará la ley si pasa el trámite por el Senado. Los argumentos en este caso no provienen de las empresas de comunicación, sino del ambiente de guerra comercial con China que desató Donald Trump y que Biden no ha hecho nada por revertir.

El uso masivo de TikTok por los ciudadanos estadounidenses pone un montón de datos en manos de Pekín y su entorno empresarial. También en este caso, el posible cierre de TikTok en Estados Unidos ha suscitado críticas de los usuarios, la inmensa mayoría de los cuales no tiene nada que ver con el espionaje industrial ni con la guerra comercial. Al igual que Telegram, TikTok tiene algunas ventajas sobre otras plataformas que nadie querría perder.

Estos días se ha vuelto a oír a menudo la expresión “poner puertas al campo”, que se pronuncia cada vez que surge la cuestión de la regulación de internet. Es cierto que el campo siempre ha tenido algunas puertas, como las que impiden que los toros bravos se escapen de la dehesa y corneen a los niños del colegio de al lado, pero también lo es que esas puertas de alambre fino y madera rancia se rompen con una pasmosa facilidad. La inteligencia artificial, que centra el actual debate de la regulación a los dos lados del Atlántico, no hace sino confirmar la tarea descomunal que los reguladores tienen por delante, y que tal vez no concluya nunca.

Pero hay una idea alternativa que no consiste en bloquear ni prohibir redes —un vano propósito con toda probabilidad—, sino en crearlas. En crear unas plataformas, aplicaciones y redes sociales que funcionen como un servicio público, como un recurso para los ciudadanos, en lugar de como un negocio para las mayores compañías del mundo. Por emplear una metáfora pretecnológica, que exista un ciudadano Kane no nos debe privar de la BBC. La información, la educación y el conocimiento no debería depender, o no exclusivamente, de las decisiones arbitrarias de un puñado de billonarios de Silicon Valley.

Tendremos que ser nosotros, los ciudadanos y nuestros representantes políticos, quienes fundemos y financiemos otro estilo de red, una internet que funcione como un servicio público. Así es como la concibieron sus creadores, que eran científicos que pusieron su enorme talento al servicio de la sociedad.

Cuarenta años después, va siendo hora de desarrollar ese proyecto inicial. Los videojuegos han estado muy bien para costear el desarrollo de las tecnologías necesarias, pero ahora tenemos que aterrizar en el duro, tenebroso e injusto suelo que yace debajo de la pantalla. La científica y experta en medios Helen Jay recoge algunas iniciativas interesantes en Scientific American. Léelas y, sobre todo, piensa otras por ti mismo. El mundo espera tus ideas.

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