El Constitucional acusa a Torrent de “continuar el proceso secesionista”
El tribunal de garantías estima que las declaraciones en pro de la autodeterminación implican que no se han detenido las iniciativas unilaterales
El Tribunal Constitucional considera que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha asumido una estrategia que “persigue continuar con el inconstitucional proceso secesionista de Cataluña”. Así lo expone en su último auto sobre las resoluciones de la Cámara catalana que insisten en reivindicar el derecho de autodeterminación, en términos que según el tribunal de garantías no suponen solo la expresión de un objetivo político, sino que busca...
El Tribunal Constitucional considera que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha asumido una estrategia que “persigue continuar con el inconstitucional proceso secesionista de Cataluña”. Así lo expone en su último auto sobre las resoluciones de la Cámara catalana que insisten en reivindicar el derecho de autodeterminación, en términos que según el tribunal de garantías no suponen solo la expresión de un objetivo político, sino que buscan tener efectos políticos.
Esta decisión del Constitucional da un paso más en la atribución de responsabilidades a Torrent y otros tres miembros de la Mesa del Parlament, al estimar que las declaraciones en pro de la autodeterminación implican que no se han detenido las iniciativas unilaterales. Este auto es el segundo que se remite a la Fiscalía para que lo tome como base de una posible querella contra el presidente de la Cámara catalana, y en este caso también los miembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós (ambos de JxCat) y Adriana Delgado (ERC).
En la Fiscalía se estaba a la espera del auto y de la toma de posesión de la nueva fiscal general, Dolores Delgado, para decidir qué curso dar a la petición del Constitucional de que se estudie presentar una querella contra Torrent y los citados miembros del órgano de gobierno del Parlament. Los fiscales creen que debe iniciarse la acción penal, máxime a la vista de las imputaciones que realiza este auto, que insiste en que la moción presentada por la CUP el pasado 29 de octubre —y ahora anulada— expresaba claramente la voluntad de la Cámara de “ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación”.