El PP pide marcar un plazo legal de cuatro años para que un ex cargo público pueda ser fiscal general

El PP presentará una proposición de ley en el Congreso para tratar de limitar el acceso de cargos públicos al puesto de fiscal general del Estado tras la polémica por el nombramiento para el cargo de la exministra de Justicia, Dolores Delgado. La propuesta de los populares es marcar un plazo legal de cuatro años antes del cual ningún excargo público podría ser nombrado fiscal general. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido este viernes a Delgado que renuncie al puesto y ha asegurado que "su parcialidad...

El PP presentará una proposición de ley en el Congreso para tratar de limitar el acceso de cargos públicos al puesto de fiscal general del Estado tras la polémica por el nombramiento para el cargo de la exministra de Justicia, Dolores Delgado. La propuesta de los populares es marcar un plazo legal de cuatro años antes del cual ningún excargo público podría ser nombrado fiscal general. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido este viernes a Delgado que renuncie al puesto y ha asegurado que "su parcialidad será utilizada contra España", sin concretar cómo.

"Su nombramiento es un regalo para los independentistas, que van a imponer sus criterios jurídicos ya que la demostrada parcialidad de Delgado será utilizada para debilitar al sistema judicial", ha señalado el número dos de los populares en una rueda de prensa posterior a un encuentro de Pablo Casado con José María Aznar en la sede de Génova. García Egea ha calificado ese encuentro con el expresidente "en la normalidad" y ha señalado que el líder popular sí se lleva bien con los exmandatarios del partido, "al contrario que Sánchez. "Ni González se habría atrevido a nombrar a un ministro fiscal general del Estado", ha dicho. Fue precisamente, Felipe González, sin embargo, quien en el año 1986 nombró para el puesto a su ministro de la presidencia, Javier Moscoso.

El PP, por otro lado, mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. Fuentes de la dirección señalan que si Pedro Sánchez les convoca para hablar del órgano de gobierno de los jueces, acudirán  "por respeto institucional" pero, como adelantó EL PAÍS,  se niegan a pactar cualquier renovación si no se cambia la ley y el método de elección de los vocales del CGPJ de forma que 12 de ellos sean elegidos directamente por los jueces. Los populares reafirman su rechazo a negociar la renovación del organismo en la decisión del presidente de nombrar a Delgado fiscal general. "Sánchez no es de fiar", ha señalado García Egea.  El PP ya bloqueó durante dos años del Poder Judicial durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la composición actual del organismo le favorece ya que hay una mayoría de vocales propuestos por sus siglas. El partido no da por aludido ante la decisión del  Consejo de paralizar todos los nombramientos como medida de presión para agilizar la renovación del organismo.