El juez mantiene en prisión a los cuatro miembros de los CDR tras revisar su caso
La Audiencia Nacional obligó al magistrado de instrucción a repetir las vistas de los detenidos
Manuel García-Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha acordado este miércoles mantener en prisión a los cuatro miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el sector más radical de los Comités de Defensa de la República (CDR), cuyo encarcelamiento provisional fue anulado el martes por la Sala de lo Penal al considerar que el instructor no proporcionó a sus abogados la "información esencial" para garantizar su derecho de defensa cuando la causa se encontraba bajo secreto d...
Manuel García-Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha acordado este miércoles mantener en prisión a los cuatro miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el sector más radical de los Comités de Defensa de la República (CDR), cuyo encarcelamiento provisional fue anulado el martes por la Sala de lo Penal al considerar que el instructor no proporcionó a sus abogados la "información esencial" para garantizar su derecho de defensa cuando la causa se encontraba bajo secreto de sumario.
Tras repetir la vista esta tarde, García-Castellón ha considerado que persisten los motivos por los que acordó el 26 de septiembre el ingreso en prisión de Eduardo Garzón, Guillem Xavier Duch, Xavier Buigas y Alexis Codina, acusados de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos. Según el juez, existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ordenó el martes al magistrado repetir las vistas sobre el encarcelamiento provisional de estos miembros de los CDR. "[La decisión] se basa en la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en recientes sentencias relacionadas con los derechos y las razones de la detención en causas que se encuentran bajo secreto, en las que debe proporcionarse una mínima información esencial en aras de garantizar el derecho de defensa", exponía la resolución, a la que responde García-Castellón en su auto de este miércoles: "Resulta manifiesto que la subsanación de aquellos defectos ha superado con creces como resulta del hecho de haberse levantado el secreto de las actuaciones".
Según consta en el sumario de la causa, en la instrucción constan "conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precitado día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional".