Una consejera del Tribunal de Cuentas califica de falto de rigor el informe sobre la acción exterior de Cataluña
La progresista Dolores Genaro vota en contra del documento que se aprobó el jueves pasado
La consejera progresista del Tribunal de Cuentas Dolores Genaro ha emitido un voto particular en el que cuestiona la precipitación con la que el pleno del órgano fiscalizador aprobó el pasado jueves el informe que revela un presunto desvío de 7,3 millones por parte del Gobierno de la Generalitat entre 2011 y 2017 en su acción exterior para promocionar la independencia. En el informe aprobado se critican actividades que, a...
La consejera progresista del Tribunal de Cuentas Dolores Genaro ha emitido un voto particular en el que cuestiona la precipitación con la que el pleno del órgano fiscalizador aprobó el pasado jueves el informe que revela un presunto desvío de 7,3 millones por parte del Gobierno de la Generalitat entre 2011 y 2017 en su acción exterior para promocionar la independencia. En el informe aprobado se critican actividades que, aun guardando relación con el proceso soberanista, “constituyen meras declaraciones de tipo político o ideológico sin ningún tipo de trascendencia económica o contable”, sostiene la consejera.
Dolores Genaro está de acuerdo con el fondo del informe (es decir, se ha producido un desvío de fondos públicos), si bien entiende que algunos aspectos carecen de rigor contable o no están suficientemente acreditados, y que otros rezuman tintes ideológicos ajenos a la labor del tribunal. El pleno aprobó el informe con el único voto en contra de Genaro, aunque también se materializaron otros dos votos concurrentes suscritos por los consejeros progresistas Enriqueta Chicano y Felipe García. Estos consejeros, aunque están de acuerdo en general con el informe, cuestionaron determinados aspectos del mismo.
En su escrito, la consejera cita varios ejemplos, como que se incluya como gastos injustificados el viaje del presidente de la Generalitat en 2013, entonces Artur Mas, a Ámsterdam para participar en segundo Encuentro de Líderes Europeos Liberal Demócratas; el viaje que hizo a Copenhague en agosto de 2017 el president Carles Puigdemont para inaugurar la sede de la delegación catalana en los países nórdicos o el viaje a Estados Unidos en noviembre de 2016 del consejero Raül Romeva, enmarcado en una cumbre de las Naciones Unidas sobre refugiados y migrantes. Las declaraciones "realizadas a la prensa con posterioridad al acto" referidas al procés “aparecen claramente como accesorias a una actividad principal desarrollada dentro del ámbito competencial autonómico” por lo que considera “excesivo” considerar “ilegal la totalidad de la acción exterior”.
En el mismo sentido, critica que se incluyan los cuatro días del viaje de Romeva a Dinamarca y el Reino Unido porque participase en un acto relacionado con el procés. O toda la reunión de coordinación de delegados en Barcelona de julio de 2013, que duró tres días, porque hubiese una cena-debate relacionada con la independencia.
También pone en duda que se incluyan en el informe 52 actividades que son “meras declaraciones políticas o ideológicas” sin “ningún tipo de trascendencia económica o contable”, por lo que considera que han de ser objeto de consideración en “ámbitos distintos al del ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas”. Menciona como ejemplos entrevistas a medios internacionales, la participación en actos o conferencias, sin que se indique el gasto derivado, el envío de una carta a un alto representante de un gobierno regional de Kurdistán o la recepción de una carta del Ministerio de Exteriores de Polonia.
Asimismo, cuestiona algunas conclusiones a las que se llega a través de “medios de prueba no concluyentes”, como 28 actividades donde la “evidencia se obtiene de una nota de prensa” y no de documentación de “los expedientes de gasto” o la presunción de que la Generalitat hizo más de 10.000 “notas, memes e informes” sin que haya una prueba de ello.
En su escrito, Genaro aclara que votó en contra porque su aprobación fue precipitada y no se buscó el consenso, como suele ser práctica habitual en el órgano fiscalizador. Subraya que “la versión final y completa del informe” no fue conocida por todos los consejeros en el momento de la votación. Y que ello pudo deberse “a la urgencia por aprobar el proyecto de informe en la reunión plenaria del pasado marzo”.
La consejera destaca que en el informe aprobado “se incluyen resultados que, efectivamente, están debidamente acreditados, y con los cuales se está de acuerdo”, pero que existen otros aspectos que “desvirtúan” algunos de “los resultados expuestos”. Y que ello “aleja la exposición de lo que debe ser un juicio estrictamente técnico sobre el sometimiento a los principios de legalidad y de buena gestión de la actividad económico-financiera desarrollada por la Generalitat en relación con la acción exterior”.
Controversia desde su tramitación
El extenso informe del Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat —532 páginas— ha generado controversia desde su tramitación. El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, remitió a la Fiscalía General del Estado las conclusiones para que se investiguen las posibles responsabilidades de los dirigentes catalanes. Hay más de 7,3 millones de euros bajo sospecha.
El informe abarca seis años (2011 a 2017) y recoge viajes (45) de presidentes y expresidentes, actividades de la Secretaría de Acción Exterior que considera que tiene el cometido de difundir el procés (166), contratación de lobbys, reuniones con la prensa, subvenciones sin justificar, uso de locales para la consulta del 9-N de 2014 y para el referéndum del 1-O de 2017, o 2,3 millones de euros gastados por el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) para promover los contactos internacionales y el referéndum.
En las conclusiones del informe, del que ha sido ponente el consejero conservador Ángel Algarra, se pedía al Gobierno central un mayor control sobre la actividad en el exterior de las comunidades autónomas. También solicita al Gobierno catalán la “debida lealtad” al Gobierno central y recomienda el cierre de la Casa de la Generalitat de Perpiñán.