El Poder Judicial veta al juez clave en la condena del PP por el ‘caso Gürtel’

El órgano de gobierno de los jueces rechaza su vuelta a la Audiencia por seguir en activo en La Haya

El juez José Ricardo de Prada, en una imagen de archivo.ÁLVARO GARCÍA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este jueves la vuelta a la Audiencia Nacional del juez José Ricardo de Prada, lo que complica su aspiración a conseguir un puesto como vocal en el CGPJ, para el que ha presentado su candidatura. De Prada, magistrado alineado con el sector progresista de la carrera, dejó en marzo su despacho en la Audiencia para incorporarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde ha participado en la revisión de la condena por genocidio al exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic. La sentencia de ese caso aún no está terminada, pero el juez ha pe...

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este jueves la vuelta a la Audiencia Nacional del juez José Ricardo de Prada, lo que complica su aspiración a conseguir un puesto como vocal en el CGPJ, para el que ha presentado su candidatura. De Prada, magistrado alineado con el sector progresista de la carrera, dejó en marzo su despacho en la Audiencia para incorporarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde ha participado en la revisión de la condena por genocidio al exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic. La sentencia de ese caso aún no está terminada, pero el juez ha pedido el reingreso al servicio activo en España para aspirar a un puesto en el CGPJ.

El órgano de gobierno de los jueces ha rechazado su reingreso alegando una razón técnica: el juez no ha acreditado el cese de su cargo en La Haya, un requisito indispensable para volver a la Audiencia, según el CGPJ. De Prada formó parte del tribunal que juzgó Gürtel y a él se atribuyen las frases más duras forzó, junto al juez Julio de Diego, que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testificara en el juicio de la trama de corrupción del PP.

El magistrado emitió un comunicado en el denuncia su “expulsión” encubierta de la carrera judicial y asegura que la decisión que vulnera “sus derechos a la inamovilidad”. El magistrado afirma que no puede renunciar ahora al tribunal internacional “por razones de pura responsabilidad ético profesional, institucional y de respeto a los compromisos del Estado español”.

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