Bernat Soria: “¿Responsabilidad política? No sé exactamente de qué puedo dimitir”

El exministro de Sanidad Bernat Soria ha defendido no tener “el más mínimo indicio” de que en el ministerio que ocupó entre julio de 2007 y abril de 2009 “algo no funcionaba correctamente”. “Si lo hubiese tenido, no hubiese esperado diez años para denunciarlo”, ha contestado al portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado, Luis Aznar. El PP, único partido que participa en este órgano, ha responsabilizado políticamente a Soria de la gestión de las número dos y tres...

El exministro de Sanidad Bernat Soria ha defendido no tener “el más mínimo indicio” de que en el ministerio que ocupó entre julio de 2007 y abril de 2009 “algo no funcionaba correctamente”. “Si lo hubiese tenido, no hubiese esperado diez años para denunciarlo”, ha contestado al portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado, Luis Aznar. El PP, único partido que participa en este órgano, ha responsabilizado políticamente a Soria de la gestión de las número dos y tres del ministerio, Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo, ahora investigadas por adjudicaciones a la empresa Crespo Gomar, que Aznar considera el núcleo de la presunta trama de financiación del PSPV-PSOE. “¿Responsabilidad política? No sé exactamente de qué puedo dimitir”, ha ironizado el exministro.

Soria, que fue responsable de uno de los tres ministerios cuyas adjudicaciones a Crespo Gomar investigan cuatro juzgados después que el juzgado número 21 de Valencia se inhibiera tras el informe de la brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, ha negado conocer esta mercantil “más allá” de lo que ha leído en prensa. Según el informe de la policía, empresas adjudicatarias de la Administración podrían haber pagado servicios electorales del PSPV-PSOE que no prestaron en la campaña de 2008, un sistema que podría haberse extendido a la campaña de 2011. Este procedimiento, según el PP, tenía una segunda fase de compensación en adjudicaciones públicas a Crespo Gomar, la encargada de emitir las facturas.

El médico y científico, que dejó la militancia socialista cuando murió el dictador, también ha dicho desconocer el contenido del auto del juzgado de Valencia, cuyo origen fue una denuncia de un dirigente del PP de Alicante. “Los científicos solo opinamos cuando tenemos acceso al documento primario, que es conocimiento acreditado. El resto son opiniones, y tengo por norma no opinar sobre opiniones”, se ha escudado. En ese sentido, ha apelado a la Ley de Contratos del Servicio Público en la que hay una delegación de competencias por parte del ministro en la subsecretaria de Sanidad y Consumo en los casos de campañas de publicidad. “La Ley de Contratos establece claramente la composición de las mesas de contratación, en la que no figura el ministro. Es lo que establece la ley y el reglamento de los órganos de contratación”, ha argüido.

El compareciente ha reforzado su intervención con un alegato “deseando que este tema que afecta gravemente a la democracia se resuelva en el sentido de alcanzar soluciones”. “Me importa que lo resuelvan y que lo resuelvan bien. A los demócratas nos importa mucho que se construya un país, que creo que hemos hecho y que ahora, de alguna manera, estamos perdiendo con una deriva en la que los grandes partidos en vez de consensuar opciones para que el Estado funcione están dedicados a otras labores”. Soria también ha deplorado “la falta de propuestas de consenso entre el gran partido conservador y el gran partido socialdemócrata”.

"Primera noticia que tengo"

Sin embargo, Aznar ha hurgado en las adjudicaciones del ministerio a Crespo Gomar, que “se llevó la mayor tajada” en campañas informativas como la del sistema arbitral de consumo (1,4 millones) o la de Compra con criterio, por la que obtuvo 134.138 euros, en las que están investigadas la ex directora general de Consumo, Etelvina Andreu, y la que fue subsecretaria Consuelo Sánchez Naranjo. El exministro ha manifestado no recordar “ningún contrato”. “Primera noticia que tengo. Para ser honesto, no conozco la campaña”, ha dicho respecto a la del sistema arbitral de consumo. “Si está documentada, se produjo”, ha añadido.

El exresponsable de Sanidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido a Andreu (a quien dirigió la tesis doctoral) y a Sánchez Naranjo. También ha mostrado su “absoluta confianza en los técnicos y personal del ministerio”. “Nunca tuve ningún indicio o sospecha de que algo no funcionase bien. Si lo hubiera tenido, no hubiera esperado diez años a denunciarlo”, ha enfatizado. Con todo, respecto a que Crespo Gomar fuera la misma empresa con la que Andreu contrató su campaña como candidata al Ayuntamiento de Alicante, Soria ha señalado que él “no hubiese tolerado ese tipo ce coincidencia”. También se ha negado a pronunciarse sobre las irregularidades detectadas por la investigación en las adjudicaciones, “asuntos” que ha afirmado conocía “por primer vez”.

En la parte final de la comparecencia, Soria ha suscrito las palabras con las que solicitó la creación de esta comisión, que abandonaron el resto de grupos por considerarla una pantomima: “Toda corrupción es lesiva y corrosiva para la democracia”. “Si eso ocurrió, porque ahora solo son presunciones”, ha dicho con relación a las posibles irregularidades, “me dolerá mucho”. “No veo forma de que un ministro haga el seguimiento de todos los contratos”, se ha resguardado. Pero ha añadido: “Cualquier responsabilidad que tenga, la asumiré”. El científico ha destacado el trabajo que realizó durante su estancia en el ministerio, en el que España se puso a la cabeza de la terapia celular en el mundo (ahora está en el puesto 17) y ha pedido a la Cámara alta que se esfuerce en duplicar el presupuesto en investigación científica y que el de sanidad en cualquier comunidad autónoma alcance los 1.500 euros que dedica el País Vasco por ciudadano y año.

Por su parte, la ex directora general de Consumo Andreu se ha acogido a su derecho a no contestar sobre asuntos relacionados en la causa que investiga el juzgado número 43 de Madrid y en la que está imputada.