El PP pide al Tribunal de Cuentas que lleve la contabilidad de Ciudadanos a la Agencia Tributaria

Las fricciones entre el PP y Ciudadanos se intensifican desde que el partido de Albert Rivera es favorito en las encuestas. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido este lunes al Tribunal de Cuentas que “ponga a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)” la contabilidad de Ciudadanos de los años 2014 y 2015 para que “investigue si se han cumplido todas sus obligaciones ...

Las fricciones entre el PP y Ciudadanos se intensifican desde que el partido de Albert Rivera es favorito en las encuestas. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido este lunes al Tribunal de Cuentas que “ponga a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)” la contabilidad de Ciudadanos de los años 2014 y 2015 para que “investigue si se han cumplido todas sus obligaciones tributarias”. El PP ha realizado esta solicitud en sus propuestas de resolución sobre el Informe de fiscalización de los partidos realizado por el Tribunal de Cuentas.

El Grupo Popular pide que se le entregue a la Agencia Tributaria “toda la documentación y reflejo contable referente a los gastos de los grupos institucionales de Ciudadanos por un importe de 860.444,93 euros en 2014 y de 1.166.480 euros en 2015”. Los gastos de 2014 se realizaron “en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido al grupo, sin que disponga de justificación documental del desglose y la naturaleza de dichos servicios”, según los populares. Los de 2015 lo fueron “en concepto de gastos por disposición de bienes que, en realidad suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido, sin que se haya aportado documentación justificativa del desglose y la naturaleza de dichos servicios”.

A partir de esas sospechas, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido que se “investigue si Ciudadanos ha cumplido con todas las obligaciones tributarias correspondientes a dichos servicios de asesoría en relación con el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos o figuras tributarias”.

En las propuestas, los populares se amparan en el artículo 17.3 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que considera como infracción grave la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador durante un ejercicio. En ese sentido, piden al Tribunal de Cuentas que explique cuáles son las razones por las que no considera graves que haya partidos que “no reflejen adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio debido a la importancia cuantitativa de varias salvedades”.

Asimismo, el PP requiere al Tribunal de Cuentas a que aclare sus “criterios” para calificar de “eventuales casos de infracción” las prácticas realizadas por algunos partidos, como “la no identificación de personas físicas que realizaron donaciones, las donaciones recibidas de personas jurídicas, los pagos efectuados por terceras personas contabilizados como donaciones en especie de facturas, la participación de partidos a través de sociedades mercantiles en los rendimientos de actividades de carácter mercantil y el incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas”.

El propio presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, explicó la pasada semana en el Congreso, durante la presentación del mencionado informe, que el hecho de un partido no reciba el visto bueno a su contabilidad no es un delito porque así lo decidieron los propios partidos en la reforma legal de 2015, en un momento de mayoría absoluta del PP. "La no aprobación de la cuenta de un partido no lleva aparejado sanción, porque ustedes lo determinaron así al redactar la ley. No hay ningún efecto. Si ustedes quieren ser más exigentes consigo mismos, está en su mano cambiarlo", aclaró entonces.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Susana López Ares, ha considerado que estas propuestas de resolución se enmarcan en la “apuesta del Partido Popular por la transparencia y la lucha contra el fraude y la corrupción afecte a quién afecte”. “En España la Ley es igual para todos”, ha afirmado, subrayando que “con el Gobierno de Mariano Rajoy los casos de corrupción se conocen y se investigan”.

Degradación de instituciones

La reacción de Ciudadanos al movimiento del PP no se ha hecho esperar. "Los mismos que han hecho amnistías fiscales para los que han defraudado a Hacienda y han cobrado billetes en sobres y en cajas de puros ahora pretenden usar la Hacienda para atacar a adversarios políticos", han arremetido fuentes del partido de Rivera, que han considerado que "sería muy grave que el Gobierno pusiera a la Hacienda Pública al servicio del PP politizándola y degradando las instituciones que son de todos los españoles".

Estas prácticas, según las mismas fuentes, ya las ha ejercido el PP "con periodistas y medios de comunicación". "Y ahora van a por el partido que puede ganar las elecciones, el único partido que apoyó al Gobierno en su investidura y en Cataluña", han añadido. Ciudadanos asegura no tener "nada que esconder" en su contabilidad y defiende que tiene "un 10 en Transparencia Internacional, mientras otros están declarando en los juzgados de media España por la corrupción de su partido", han señalado. "Y no han dado cuenta de los sobresueldos de M. Rajoy [en relación con el apunte contable de los papeles de Bárcenas], que parece ser que la Hacienda pública nunca tuvo oportunidad de inspeccionar", han añadido.

Ciudadanos enmarca la reacción del PP en la pérdida de apoyos que recibe en los sondeos. "Esto es el PP cuando pierde y cuando se estampa en las encuestas. Han denigrado el Senado y ahora siguen denigrando las instituciones. Pero el hundimiento del PP no va a arrastrar a España en su caída: la democracia y las instituciones democráticas valen mucho más que el intento del PP de ponerlas a su servicio a la desesperada", han agregado estas fuentes.