El PP pide que Rajoy declare por videoconferencia en el juicio de Gürtel
El partido se opone a la idea de la acusación popular de Adade de que el tribunal se desplace a La Moncloa
El Partido Popular ha pedido al tribunal que enjuicia la trama central del caso Gürtel de corrupción —la llamada Época I 1999-2005— que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en la vista oral por videoconferencia. Según el partido, personado en la causa como partícipe a título lucrativo —beneficiario del fruto de delitos de los que no tenía conocimiento— la videoconferencia “es el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio de su cargo” como jefe del Ejecutivo.
El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se opone a la propuesta de la acusación popu...
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El Partido Popular ha pedido al tribunal que enjuicia la trama central del caso Gürtel de corrupción —la llamada Época I 1999-2005— que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en la vista oral por videoconferencia. Según el partido, personado en la causa como partícipe a título lucrativo —beneficiario del fruto de delitos de los que no tenía conocimiento— la videoconferencia “es el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio de su cargo” como jefe del Ejecutivo.
El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se opone a la propuesta de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) de que sea el tribunal el que, junto con las acusaciones y las defensas, se desplace al Palacio de La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, para que Rajoy preste su declaración testifical. “No es una decisión o una petición de la acusación popular la que determina la forma en que debe practicarse una declaración testifical”, sostiene el representante legal del partido, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos.
Según el PP, la videoconferencia “está contemplada” en el ordenamiento jurídico español y es “una práctica cada vez más extendida en el proceso penal”. El abogado del partido señala también que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalan que la técnica de declaración a distancia por vía telemática “no vulnera el principio de inmediación” —que exige que las pruebas se practiquen en presencia del juez o tribunal— y admiten que se use para un fin legítimo “como la defensa del orden público”.
Para el partido del Gobierno, la “posición institucional” del testigo aconseja que declare a distancia. “No podemos olvidar que la agenda del presidente del Gobierno, de este o de cualquier otro país, es un asunto de Estado que afecta a la totalidad de sus ciudadanos”, sostiene el abogado Santos. “Basta consultar la agenda publicada por el Palacio de la Moncloa en su página web para confirmar el perjuicio evidente que causaría al desempeño de dicho cargo público la paralización de su actividad para comparecer en persona ante ese Tribunal” añade. Y todo ello, “sin tener en cuenta todos los imprevistos y cuestiones de Estado que debe atender un Presidente del Gobierno tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, señala el letrado.
El pasado 18 de abril, la Sección Segunda de lo Penal decidió, por dos votos contra uno que Mariano Rajoy deberá declarar como testigo en el juicio de la trama central del caso Gürtel. Los magistrados, que en dos ocasiones anteriores rechazaron citar a Rajoy, dieron esa vez la razón a las acusaciones populares frente al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que la testifical del jefe del Ejecutivo no es “ni útil ni necesaria”. El PP acogió con estupor la decisión judicial y la oposición la empleó de inmediato como munición política. Mariano Rajoy será el primer presidente del Gobierno español en ejercicio que debe acudir a declarar como testigo ante un tribunal de justicia.