Conde-Pumpido ve “imposible” reabrir la causa penal por el Yak-42
El ex fiscal general aprecia que existe una "responsabilidad moral" con las familias de las víctimas
Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, ha afirmado este lunes que, "dado el tiempo transcurrido", es "prácticamente imposible" reabrir la causa sobre el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles en 2003, ya que se trata de un asunto "penalmente zanjado". En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, Conde-Pumpido ha reconocido, no obstante, que "las cosas no se hicieron bien" y que existe ...
Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, ha afirmado este lunes que, "dado el tiempo transcurrido", es "prácticamente imposible" reabrir la causa sobre el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles en 2003, ya que se trata de un asunto "penalmente zanjado". En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, Conde-Pumpido ha reconocido, no obstante, que "las cosas no se hicieron bien" y que existe una "responsabilidad moral" con las familias de las víctimas.
El jurista ha recordado que el ministerio público no apreció en su momento responsabilidad penal por el Yak-42 del exministro de Defensa Federico Trillo y ha señalado que no ve posible revisar la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de archivar la causa sobre las supuestas irregularidades en la contratación de la aeronave, que fue confirmada por la Sala de lo Penal de ese tribunal. "Es prácticamente imposible que pueda reabrirse el caso desde el punto de vista penal", ha mantenido Conde-Pumpido.
El ex fiscal general ha recordado que la Audiencia Nacional ya condenó a los responsables de las falsedades en los certificados de defunción y en los problemas de identificación de los cadáveres. Esta sentencia fue confirmada después por los tribunales Supremo y Constitucional, aunque luego el Gobierno los indultó "en una decisión política".
Para Conde-Pumpido, "el asunto está zanjado desde el punto de vista judicial", pues, además, el proceso civil seguido en Zaragoza desembocó en una sentencia que otorgó indemnizaciones a las víctimas, que ha sido confirmada por el Supremo, el Constitucional y un tribunal internacional.
De hecho, ha aclarado que el informe que ha elaborado ahora el Consejo de Estado señala que aprecia cierta responsabilidad política en la contratación de los aviones, pero que no la hay ya patrimonial, pues ha habido indemnizaciones.