El Tribunal Superior andaluz investigará al diputado socialista acusado de cobrar sin trabajar

La juez estima que el aforado Carmelo Gómez percibió 8.390 euros sin estar empleado

Carmelo Gómez, diputado andaluz del PSOE.

La juez del caso Mercasevilla, María Núñez, ha elevado la causa contra el diputado andaluz del PSOE y miembro de la ejecutiva regional del partido socialista Carmelo Gómez al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras acusarle de haber cobrado 8.390 euros del conseguidor Juan Lanzas sin haber trabajado. La magistrada ha tardado 422 días en remitir la causa a sus superiores desde que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción el 25 de septiembre de 2015, hace ya casi 14 meses.

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La juez del caso Mercasevilla, María Núñez, ha elevado la causa contra el diputado andaluz del PSOE y miembro de la ejecutiva regional del partido socialista Carmelo Gómez al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras acusarle de haber cobrado 8.390 euros del conseguidor Juan Lanzas sin haber trabajado. La magistrada ha tardado 422 días en remitir la causa a sus superiores desde que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción el 25 de septiembre de 2015, hace ya casi 14 meses.

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El diputado socialista —y por tanto aforado— está acusado de firmar contratos simulados con el exsindicalista Lanzas, imputado asimismo en el caso de los ERE, para percibir esos 8.390 euros gracias a un supuesto contrato con la firma de Lanzas Maginae Solutions. Gómez cobró de Lanzas gracias a un acuerdo que firmó este con la empresa municipal Mercasevilla. "Existen indicios razonables para considerar que Juan Lanzas, en connivencia con Fernando Mellet [exdirector de la lonja municipal] habrían instrumentalizado el pago de los servicios", censura la juez en su relato de hechos. Gómez es el secretario de Formación y Nuevos Afiliados de la ejecutiva del PSOE andaluz. De momento, el partido socialista evita aclarar el futuro próximo de su diputado y si tomará alguna medida al respecto.

La juez considera que junto a Gómez deben ser investigados por el TSJA el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, el exdirector de Mercasevilla Mellet, el conseguidor Lanzas y su cuñado Ismael Sierra, María del Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, y José Rodríguez.

Hace más de un año la Fiscalía Anticorrupción denunció que Gómez se había beneficiado del "sistema de facturas falsas" que se instauró en Mercasevilla, junto al exconcejal del PSOE José Antonio García y María del Carmen Rodríguez. Las nóminas de los tres, que sumaron 70.000 euros, "fueron pagadas indebidamente con fondos públicos", según el ministerio público.

Gómez alegó entonces que desarrolló "todas las tareas" por las que fue contratado, en este caso "estudios e informes" para Lanzas, por los que cobró una nómina "como cualquier trabajador por cuenta ajena". El diputado aseguró tener toda la información relevante sobre estos encargos. "Si hubiera conocido irregularidades las hubiera denunciado de manera inmediata", añadió. 

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Sin embargo, el fiscal consideraba acreditado que cobró sin haber trabajado: "Los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna". En ese mismo escrito la fiscalía reclamaba a las presuntas firmas pantalla Al andalus Mass Media Channel, Magina Solutions y Consulting Social Siemur que aportaran las justificaciones para el pago de dietas realizados a sus tres supuestos empleados.

En estos pagos "simulados" el fiscal entendía que estuvieron concertados el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet junto a Lanzas y su cuñado Ismael Sierra. Además, el fiscal reclamó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aportara los contratos de trabajo realizados a Gómez, García y Rodríguez, así como a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral de los tres.

La Guardia Civil extendió el periodo en el que Gómez trabajó para Lanzas a cuatro años, entre 2003 y 2007, mientras que Gómez lo reducía a "unos meses". En paralelo, los investigadores acusaban a Lanzas de ganar 800.000 euros mediante facturas falsas.

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