La fiscalía investiga pagos del Ayuntamiento de Palma a un policía suspendido
Un colectivo LGTBI pide una investigación por supuestas agresiones homófobas de agentes
La Fiscalía Anticorrupción de Baleares investiga los pagos que el departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Palma —ciudad gobernada desde 2015 por una coalición de PSOE, Som Palma (la marca de Podemos) y MÉS— autorizó supuestamente en concepto de salario a un agente de la Policía Local suspendido por su implicación en la trama de presunta corrupción policial.
El pago del sueldo desde la concejalía —dirigida por Som Palma— se ha prolongado durante más de ocho meses contraviniendo pres...
La Fiscalía Anticorrupción de Baleares investiga los pagos que el departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Palma —ciudad gobernada desde 2015 por una coalición de PSOE, Som Palma (la marca de Podemos) y MÉS— autorizó supuestamente en concepto de salario a un agente de la Policía Local suspendido por su implicación en la trama de presunta corrupción policial.
El pago del sueldo desde la concejalía —dirigida por Som Palma— se ha prolongado durante más de ocho meses contraviniendo presuntamente la jurisprudencia; y se ha hecho en contra de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, en manos del PSOE. Los socialistas consideran que los abonos no tendrían que haberse realizado porque el afectado presentó el parte de baja fuera de plazo. Fuentes jurídicas indican que la Fiscalía investiga los hechos por si se ha incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación.
El asunto afecta a uno de los presuntos cabecillas de la trama de corrupción policial en Palma, el que fuera delegado del sindicato CSI-CSIF Jaime Garau, detenido el pasado diciembre por obstrucción a la justicia y amenazas a testigos del caso.
El asunto afecta a uno de los cabecillas de la trama, el exdelegado del sindicato CSI-CSIF en la Policía Local de Palma Jaime Garau, detenido el pasado en diciembre por obstrucción a la justicia y amenazas a testigos del caso en manos del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.
Choque entre concejalías
Tras su detención, Garau obtuvo la baja, pero la notificó al Ayuntamiento 28 días después. Por ello, y basándose en una sentencia dictada contra un agente que también había entregado la baja con retraso, el departamento de Seguridad Ciudadana que dirige la socialista Angélica Pastor se negó a seguir pagando al agente el sueldo de 2.200 euros mensuales.
La Concejalía de Función Publica, dirigida por Aurora Jhardi (Som Palma), decidió, sin embargo, continuar pagando al exsindicalista, esgrimiendo un informe de los servicios jurídicos. Pastor ha anunciado que revisará de oficio todas las bajas que afectan a más de una veintena de agentes municipales investigados.
Jhardi admitió este lunes los pagos pero negó que sean ilegales, al tiempo que se comprometió a “ayudar en todo lo que se pueda a la fiscalía y al juzgado”.
La diferencia de criterios ha provocado una brecha en el equipo del Ayuntamiento, integrado por concejales de PSOE, los econacionalistas de Més y Som Palma, que forma parte del Gobierno a diferencia de lo que ocurre en la región, donde la formación morada tan solo presta apoyo desde fuera.
Agresiones homófobas
La investigación del caso de presunta corrupción en la Policía Local, que continúa en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, ha desvelado nuevos episodios de irregularidades en la conducta de algunos agentes investigados. La entidad en favor de los derechos LGTBI de las islas Ben Amics ha exigido al Ayuntamiento que depure responsabilidades y abra una "investigación exhaustiva" después de recibir el testimonio de un joven que acusó de vejaciones homófobas a varios agentes.
La víctima denunció al exsindicalista Garau y otro agente por amenazas y coacciones por motivo de su condición sexual durante el periodo que estuvo detenido en el cuartel por un problema de aparcamiento hace varios años. El caso fue juzgado en la Audiencia Provincial y ambos agentes fueron absueltos por falta de pruebas, al considerar el tribunal que existían "contradicciones e incoherencias" en el relato de los hechos del denunciante, que ahora ha puesto en conocimiento de la asociación que sufrió amenazas durante meses para que se retractara de la denuncia y librara a los agentes de la responsabilidad.
A pesar de que estos hechos no pueden reabrirse judicialmente, desde la entidad no descartan que se hayan producido episodios similares en los últimos años y que estos comportamientos se hubieran repetido. Jan Gómez, que ostenta la presidencia de la entidad, ha hecho un llamamiento a miembros del colectivo que hayan podido sufrir situaciones de homofobia por parte de funcionarios municipales para que "den un paso al frente" y lo denuncien. También exigen la formación específica del cuerpo de policía municipal en diversidad sexual y de género como establece la reciente Ley Autonómica contra la fobia LGTBI.