Sin avances en la investigación de las grabaciones al ministro del Interior
El comisario encargado de averiguar quién grabó y filtró las conversaciones se jubila este viernes
El Ministerio del Interior, en plena crisis interna por el escándalo de las grabaciones en el despacho del ministro en funciones Jorge Fernández Díaz, parece estar en plena estampida por jubilaciones. Primero el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien supuestamente dependía la llamada “policía patriótica”, agentes que investigaban posibles delitos o corruptelas de adversarios políticos. Y este viernes el comisario general de Policía Judicial, Santiago Aparicio, a quien el ministro de...
El Ministerio del Interior, en plena crisis interna por el escándalo de las grabaciones en el despacho del ministro en funciones Jorge Fernández Díaz, parece estar en plena estampida por jubilaciones. Primero el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien supuestamente dependía la llamada “policía patriótica”, agentes que investigaban posibles delitos o corruptelas de adversarios políticos. Y este viernes el comisario general de Policía Judicial, Santiago Aparicio, a quien el ministro decidió encargar la investigación de las grabaciones, en lugar de denunciar los hechos en un juzgado.
Se cumplen 37 días desde que toda España escuchó —por los audios publicados por el diario digital Público— la voz de Jorge Fernández Díaz hablando de “torpedos en la línea de flotación” de Francesc Homs, consejero de la Presidencia y portavoz de la Generalitat de Cataluña. O de denuncias por presuntas corrupciones de otros líderes independentistas que podía “afinar la Fiscalía” General del Estado, que entonces —en octubre de 2014, cuando supuestamente se realizaron esas grabaciones— dirigía Eduardo Torres-Dulce.
La Fiscalía manifestaba este jueves, mediante un comunicado, que "no se desprenden indicios suficientes para inicial una investigación penal" y atribuirle alguna clase de delito al ministro, pese a que cada vez quedan menos responsables políticos y colectivos sociales que no hayan pedido su dimisión o cese. Según el órgano judicial, tiene “muy difícil encaje” en el Código Penal lo manifestado por el titular de Interior y el —ahora ya— exdirector de la Oficina Antifraude Catalana (OAC), Daniel de Alfonso, en sus conversaciones.
Tres hipótesis
Unos creen que todo responde a una “venganza” de Marcelino Martín Blas, excomisario de Asuntos Internos y fiel escudero de la “policía patriótica”, caído en desgracia tras protagonizar la detención del pequeño Nicolás y las posteriores tensiones con el CNI. Otros se inclinan por su gran enemigo, el comisario José Villarejo, “colaborador” que ha “prestado servicios” a todos los gobiernos, grabándoselo todo como garantía. La tercera hipótesis apunta a De Alfonso, que asegura que manipularon su móvil.
Y, por otra parte, nada se sabe hasta el momento de quién, cómo y por qué grabó y distribuyó el contenido de esas conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso.
Desde el ministerio se insiste en que “la investigación avanza”, aunque no se señala en que sentido, puesto que "por su propia naturaleza y por exigencias legales y para la eficacia en la investigación, han de ser totalmente reservadas. Aseguran que se "han practicado diligencias y no se ha paralizado en ningún momento". Y se resta importancia al hecho de que el principal encargado de esa investigación, el comisario Aparicio —conocido en el cuerpo como “el Chati”—, se vaya a jubilar este mismo viernes: “La investigación seguirá su ritmo y mantendrá la misma intensidad, puesto que será el número dos de la Comisaría General de la Policía Judicial, José Luis Torres, quien continúe".
Hasta la fecha, la única actuación conocida, es un barrido de las dependencias del ministerio en busca de micrófonos o aparatos similares. Dos años después no parecía probable que, si alguien los puso en el despacho del ministro o en cualquier otra parte, permaneciesen allí. No encontraron nada.