A Coruña aprueba la primera renta municipal para familias empobrecidas
Los inmigrantes sin papeles han sido excluidos de la prestación de entre 532 y 1.064 euros
A Coruña se convertirá en la primera ciudad de España en contar con una renta municipal para cubrir necesidades básicas, una prestación de entre 532 y 1.064 euros mensuales con la que se pretende “garantizar recursos económicos de subsistencia” a familias empobrecidas. Tras ocho meses de tramitación y retoques jurídicos, la Marea Atlántica, que gobierna en minoría esta urbe desde hace un año, ha logrado este lunes que el pleno apruebe inicialmente la medida con...
A Coruña se convertirá en la primera ciudad de España en contar con una renta municipal para cubrir necesidades básicas, una prestación de entre 532 y 1.064 euros mensuales con la que se pretende “garantizar recursos económicos de subsistencia” a familias empobrecidas. Tras ocho meses de tramitación y retoques jurídicos, la Marea Atlántica, que gobierna en minoría esta urbe desde hace un año, ha logrado este lunes que el pleno apruebe inicialmente la medida con el apoyo del PSdeG-PSOE y la abstención de PP y BNG. Tanto los populares —que han desplegado un discurso conciliador con la medida de Marea en contra de lo habitual— como los nacionalistas se han ofrecido al gobierno local para seguir "mejorando" la ordenanza que la regula de cara a su aprobación definitiva.
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha cifrado en un millar el número de familias que se beneficiarán de la renta social, un instrumento para "combatir frontalmente la pandemia de la desigualdad" en "este tiempo de austericidio". La prestación se ha diseñado con las aportaciones de todos los grupos políticos y de colectivos sociales y vecinales y Ferreiro ha agradecido incluso la colaboración, "sin la comprensión de su entorno", del consejero de Política Social de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP), que impulsó un cambio en la normativa autonómica que ha permitido la aprobación de la renta.
La Renta Social Municipal deja fuera a un importante colectivo ciudadano, los inmigrantes sin papeles, debido a la falta de encaje legal, según explican fuentes del gobierno coruñés. "El marco normativo en el que nos movemos no nos lo ha permitido. Buscaremos otras vías, otros programas, para atender a estas personas", ha señalado la concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán.
Para recibir la renta social, los empadronados en esta ciudad gallega deberán tener unos ingresos que no superen en ningún caso los 1.064 euros por familia (el tope es de 532 euros para una sola persona y a partir de ahí se incrementa en función de número de miembros del hogar) y no percibir otras prestaciones como la Renta de Inserción Social (Risga) de la Xunta o una pensión contributiva. Los beneficiarios estarán obligados a entrar en “itinerarios” de inserción social y laboral diseñados por el Ayuntamiento, con cursos de formación e integración, ya que sus promotores inciden en que no se trata de una ayuda de emergencia sino de una prestación periódica que tiene como finalidad “modificar las situaciones de necesidad como apoyo a procesos de inclusión”.
Colectivos como Cáritas o el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia han alabado el proyecto, ideado para esquivar los obstáculos que familias sin las necesidades básicas cubiertas tienen para cobrar la Risga que otorga la Xunta. Según los datos aportados por la Concellalía de Xustiza Social, la mitad de los coruñeses que solicitaron la prestación autonómica en 2014 recibieron una carta de denegación, todo en una ciudad donde el número de hogares que malviven bajo el umbral de la pobreza se ha incrementado un 50% entre 2011 y 2013.
La renta, que se cobrará por transferencia bancaria para cubrir los gastos en alimentación, vestuario y vivienda, se concederá por un plazo máximo de seis meses que, en caso de persistir la situación de necesidad, podrá ser prorrogado por un máximo de año y medio. El gobierno de A Coruña se compromete a contestar las solicitudes en dos meses como mucho pero, superado este periodos de tiempo, la petición se considerará denegada. Está previsto que la prestación entre en funcionamiento en septiembre y para financiarla contará, en lo que queda de año, con una partida de 2,1 millones de euros.