Gómez de la Serna rechaza declarar sobre las comisiones ilegales
El exdiputado del PP está acusado de cobrar por mediar en contratos de empresas españolas en el extranjero
El exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez en la causa sobre el cobro de comisiones ilegales por intermediar en contratos de empresas españolas en el extranjero. Fuentes jurídicas señalan que el exparlamentario, que perdió el aforamiento tras la disolución del Congreso el pasado 2 de mayo, ha optado por no contestar a las preguntas del juez José de la Mata hasta que no se levante el secreto del sumario.
Gómez de la Serna, que ha acudido a la Audiencia sobre las 9.30, ha optado por la misma estrategia empleada el pasado viernes por el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui, también imputado en la misma causa.
De la investigación preliminar de la Fiscalía se deducen tres delitos: corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales. El primero de los delitos tiene que ver con pagos de dinero realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relaci...
Gómez de la Serna, que ha acudido a la Audiencia sobre las 9.30, ha optado por la misma estrategia empleada el pasado viernes por el exembajador de España en India Gustavo de Arístegui, también imputado en la misma causa.
De la investigación preliminar de la Fiscalía se deducen tres delitos: corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales. El primero de los delitos tiene que ver con pagos de dinero realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos de obra: el primero, llamado La Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta, por 250 millones de euros; el segundo, el Tranvía de Ouargla, por importe de 230 millones. Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el cual era dirigido por Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, y por la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.
Respecto al delito de cohecho, la resolución de enero afirmaba que estaría relacionado con los pagos realizados por las empresas españolas a De la Serna y Arístegui, directamente o a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, por su condición de autoridad y funcionario público.
El magistrado mencionaba un tercer delito, de blanqueo de capitales, supuestamente cometido por conexión con los anteriores por cuanto se habría estructurado a nivel internacional mediante la utilización de sociedades pantalla carentes de actividad mercantil y movimientos internacionales de capital "que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero". Ese sería el caso, sostenía el auto, de las sociedades Arroyo de Lagasca SL, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, "tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".