El juez Andreu envía a prisión incondicional al etarra Santi Potros
El exdirigente etarra volverá a la cárcel por la cercanía de dos juicios
El juez Fernando Andreu ha enviado a prisión al exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, en relación con los dos atentados por los que fue detenido ayer en Lasarte (Gipuzkoa). La prisión para Potros se basa en el elevado riesgo de fuga, que se incrementa por la inminencia de la celebración del juicio y la elevada pena que podría llegar a imponérsele. "No puede obviarse que la organización terrorista ETA cuenta aún con activos personales y medios suficientes para procurar la huida y ocu...
El juez Fernando Andreu ha enviado a prisión al exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, en relación con los dos atentados por los que fue detenido ayer en Lasarte (Gipuzkoa). La prisión para Potros se basa en el elevado riesgo de fuga, que se incrementa por la inminencia de la celebración del juicio y la elevada pena que podría llegar a imponérsele. "No puede obviarse que la organización terrorista ETA cuenta aún con activos personales y medios suficientes para procurar la huida y ocultación de sus miembros tal y como se ha constatado en ocasiones anteriores", añade el juez.
Santi Potros se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional y el fiscal Juan Antonio Jabaloy, que le han informado sobre las dos causas pendientes. El fiscal había pedido su ingreso en prisión preventiva, medida que ha aceptado Andreu para las dos causas por las que fue detenido ayer: el intento de asesinato en 1986 del entonces fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba; y un atentado cometido en Barcelona en 1987 contra una patrulla de la Guardia Civil en el que murió un ciudadano que pasaba por los alrededores, Juan Fructuoso Gómez.
El juez, en dos autos, imputa al etarra un delito de asesinato frustrado (por el intento de atentado contra el fiscal) y delitos de atentado, asesinato, lesiones, estragos, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno y de falsificación de placas de matrículas (por el atentado de Barcelona con coche bomba). Andreu argumenta la vuelta a la cárcel de Potros, que salió de prisión el pasado 4 de diciembre, en la gravedad de la pena que podría imponérsele, la inminencia de la celebración del juicio y la denominada "peligrosidad procesal", ya que la gravedad de la pena a la que se expone "es tal que su elusión pudiera constituir tentación suficientemente intensa como para tratar de ponerse fuera del alcance del aparato judicial" en caso de ser puesto en libertad, añade el juez.
La sentencia sobre la primera de estas causas ya consideró probado en 1998 que el comando Madrid recibió las instrucciones para atentar directamente de Santi Potros, que ya fue procesado en 1993 por el segundo de los atentados por los que ahora ha sido enviado a la cárcel. Potros, de 66 años, estaba en libertad desde el 4 de diciembre — tras cumplir 27 años en cárceles de Francia y España—, pero su vuelta a prisión se daba por segura después de que, el martes 13 de enero, el Tribunal Supremo denegase a otro etarra, Kepa Pikabea, el descuento de las penas cumplidas en Francia. Esta decisión suponía la próxima vuelta a prisión de Potros, aunque la fiscalía no preveía pedir su reingreso hasta que el Supremo se pronunciara sobre el recurso que había presentado contra la excarcelación. Con el encarcelamiento acordado ayer, Potros previsiblemente estará ya en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio por los dos casos por los que ha sido detenido, al margen de lo que ocurra a corto plazo con los recursos sobre la acumulación de penas.
Francia había negado en 1994 y en marzo de 2014 la extradición por estas dos causas, lo que impedía juzgarlo en España. Pero el Convenio Europeo de Extradición de 1957 levanta ese veto y el imputado podrá ser juzgado cuando “habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la parte a la cual se efectuó la entrega,[ESPAÑA] no lo hizo así dentro de los 45 días siguientes a su excarcelación definitiva, o hubiere regresado a dicho territorio después de haberlo abandonado”. El plazo de 45 días se cumplió a media noche del lunes y fue detenido apenas ocho horas después.