Una ley infausta que acabó con Gallardón
El Gobierno renunció a su reforma del aborto tras dos años de protestas
El sueño se convirtió en pesadilla para Alberto Ruiz-Gallardón, y la pesadilla se consumó en este año 2014. Uno de los políticos más omnipresentes y veteranos de España y el más popular a izquierda y derecha durante dos décadas, eterno aspirante a la presidencia del Gobierno mientras encadenaba mayorías absolutas en Madrid, símbolo de la derecha más pura y, a la vez, verso suelto en el PP, acabó estrellado cuando menos lo esperaba: ...
El sueño se convirtió en pesadilla para Alberto Ruiz-Gallardón, y la pesadilla se consumó en este año 2014. Uno de los políticos más omnipresentes y veteranos de España y el más popular a izquierda y derecha durante dos décadas, eterno aspirante a la presidencia del Gobierno mientras encadenaba mayorías absolutas en Madrid, símbolo de la derecha más pura y, a la vez, verso suelto en el PP, acabó estrellado cuando menos lo esperaba: tras dar el salto, por fin, a la política nacional. Después de tres años como ministro de Justicia en los que fue declarando un incendio tras otro con sus reformas legales y desplomándose en los índices de popularidad, Gallardón anunció su dimisión irrevocable y abandonó la política el pasado 23 de septiembre, horas después de que el presidente Mariano Rajoy decidiera aparcar definitivamente un proyecto maldito que su ministro había asumido y defendido sin matices: la ley del aborto.
Esa inesperada dimisión dejó dos noticias sobre la mesa: una, la obvia, el adiós a la política de Gallardón, Homo politicus. Otra, menos obvia pero fundamental: la renuncia del PP a sacar adelante su ley del aborto, que estaba llamada a ser la más restrictiva en 30 años. Una ley que Rajoy encargó a Gallardón y llegó a aprobar en primera vuelta (en diciembre de 2013) y que después, por el camino, los populares entendieron que había perdido todo apoyo social, incluso entre su electorado. Distintas encuestas publicadas en estos tres años venían mostrando un respaldo mayoritario de la población (y de los votantes del PP, y de los católicos practicantes) a la actual ley de plazos del aborto, la que aprobó el PSOE en 2010 y que otorga a la mujer el derecho a interrumpir su embarazo sin alegar motivo en las primeras 14 semanas de gestación.
La dirección del PP asistió estupefacta a esa evolución social que no había previsto (el apoyo progresivo a una ley que el PSOE había aprobado en 2010 sin ni siquiera anunciarla en su programa electoral para evitar rechazo) y concluyó, aparentemente, que en esa evolución ya no había marcha atrás. Algo muy parecido a lo que ocurrió años antes con la ley del matrimonio entre homosexuales, que el PP llegó a recurrir ante el Tribunal Constitucional pero que finalmente, cuando alcanzó el Gobierno, renunció a derogar.
El proyecto original de Rajoy y Gallardón para la ley del aborto (que consistía en volver al modelo de supuestos despenalizados que rigió hasta 2010, pero endureciéndolo y eliminando el supuesto específico de malformación fetal) decayó, pues, tras dos años de protestas de todos los partidos de oposicion y de asociaciones feministas y colectivos médicos. El presidente del Gobierno comunicó en septiembre que, ante la “division” generada, solo se modificaría un aspecto puntual de la ley vigente, para obligar a las embarazadas de 16 y 17 años a contar con la autorización de sus padres si deciden abortar. Un cambio que se anunció como inminente pero que tampoco le está siendo fácil al PP sacar adelante: el Consejo de Estado ya ha advertido al Gobierno de que la vía rápida por la que pretende articular esa minireforma no es válida.
En manos del Constitucional
El futuro de la legislación sobre el aborto sigue estando, en todo caso, en manos del Constitucional. Como la ley de 2010 fue recurrida por el PP, si el alto tribunal da la razón a los populares y llega a dictaminar que en España no cabe constitucionalmente un modelo de plazos como el vigente, esa sentencia no solo permitiría al Gobierno derogar la ley de 2010 sino que impediría a un Gobierno futuro, por ejemplo del PSOE, recuperarla. Varios partidos han pedido por ello al PP que, además de renunciar a la ley Gallardón, retire el recurso de inconstitucionalidad, pero ni el PP ha mostrado voluntad de hacerlo ni está claro que jurídicamente pudiera hacerlo (quienes tienen la potestad de retirar el recurso son los diputados que lo presentaron, que ya no son los mismos que en la actualidad).
A la espera de esa decision del Constitucional, España sigue teniendo una ley de plazos del aborto. Y, de la mano de esta polemica, la escena política española ha dicho adiós a quien siempre aspiró a presidir un Gobierno que finalmente ha enterrado su carrera: el expresidente autonómico, exalcalde y exministro Alberto Ruiz-Gallardón.