El nuevo portal ofrece el primer registro de las ‘puertas giratorias’

Poner nombre y apellidos a las puertas giratorias. O lo que es lo mismo: saber quién se va de la Administración pública y a qué empresa privada. Es una de las informaciones que permite consultar por primera vez el portal de transparencia (transparencia.gob.es), activo desde el mediodía del miércoles, cuando entró en vigor la primera fase de la Ley de Transparencia.

Gracias a esta normativa es posible consultar qué altos cargos han pasado a trabajar en el sector privado. Para hacerlo deben obtener una “autorización de compatibilidad par...

Poner nombre y apellidos a las puertas giratorias. O lo que es lo mismo: saber quién se va de la Administración pública y a qué empresa privada. Es una de las informaciones que permite consultar por primera vez el portal de transparencia (transparencia.gob.es), activo desde el mediodía del miércoles, cuando entró en vigor la primera fase de la Ley de Transparencia.

Gracias a esta normativa es posible consultar qué altos cargos han pasado a trabajar en el sector privado. Para hacerlo deben obtener una “autorización de compatibilidad para actividad privada” que, en el caso de 2014, el único año sobre el que por ahora hay datos, ha sido concedida a 12 personas.

Esta es una de las pocas novedades reales del nuevo portal —que en un alto porcentaje solo centraliza información ya disponible en otras páginas web gubernamentales—: permite consultar el nombre completo, el puesto que deja esa persona en la Administración, la empresa a la que va y las fechas en las que cesó de su cargo y fue autorizado su paso a una actividad privada.

Así, el portal ofrece únicamente la lista de las autorizaciones concedidas en 2014 según la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos. Pero no permite consultar el informe con el que se autoriza al alto cargo pasarse a la empresa privada. Los 12 permisos de este año corresponden a puestos de distintos ministerios: Industria, Exteriores, Presidencia, Fomento, Justicia, Economía, Defensa y Educación.

Un solo alto cargo, Borja Adsuara Varela, obtuvo en julio pasado autorización para pasar de ser director general de Red.es (Ministerio de Industria) a trabajar para cinco empresas diferentes, según la información que aparece en el portal: Centro Universitario Villanueva, Universidad de La Rioja, Universidad de Tecnología y Arte Digital, Guidance y Walnuters.

Adsuara ha explicado que las autorizaciones las pidió para realizar colaboraciones temporales, como autónomo, con las diferentes universidades y empresas, y no para formar parte de la plantilla de ninguna de ellas. “Antes de ir a Red.es era profesor universitario y consultor, y ahora he vuelto a mi vida anterior", ha añadido. En su opinión, el registro de solicitudes de compatibilidad puede generar confusión, porque no distingue entre altos cargos que pasan a ocupar un puesto en una empresa y los que vuelven al ejercicio libre de sus profesiones, como autónomos.

Del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se han ido dos altos cargos durante 2014. En ambos casos, a grandes multinacionales. Carlos Bastarreche Sagües, exembajador en la República Francesa, pasa a trabajar en Airbus Group, e Íñigo de Palacio España, exembajador en Chile, a Indra Sistemas S.A. De Industria se marchan también dos personas: Marina Serrano González, exconsejera de la Comisión Nacional de la Energía, que pide autorización para trabajar en el despacho de abogados Pérez-Llorca, y Luis Valero Artola, exsecretario general de Industria y Pymes que se fue al consejo de administración de Enagas.

La ley que regula los conflictos de intereses establece que, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas “relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. Es decir, si dictaron resoluciones o si intervinieron en sesiones de órganos colegiados en los que se adoptaron. Son estos aspectos los que examina la Oficina de Conflictos de Intereses, que está adscrita orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas.