La falsedad de que era ETA

Cuando estallaron los trenes provocando el atentado más sangriento de la historia de España faltaban tres días para que se celebrasen elecciones generales. El Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, no dudó desde el principio en asegurar que “todo apuntaba” a ETA, pese a evidencias policiales que hablaban de un ataque yihadista.

En la víspera de los comicios y pocas horas antes de que la célula local del 11-M asumiese, a través de un vídeo facilitado a Telemadrid, la autoría de la masacre, el entonces ministro d...

Cuando estallaron los trenes provocando el atentado más sangriento de la historia de España faltaban tres días para que se celebrasen elecciones generales. El Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, no dudó desde el principio en asegurar que “todo apuntaba” a ETA, pese a evidencias policiales que hablaban de un ataque yihadista.

En la víspera de los comicios y pocas horas antes de que la célula local del 11-M asumiese, a través de un vídeo facilitado a Telemadrid, la autoría de la masacre, el entonces ministro del Interior Ángel Acebes comparecía ante los medios para insistir en que la línea prioritaria de la investigación seguía siendo ETA.

El día siguiente al atentado, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, encargó un informe a la desesperada sobre la relación que mantenían en las cárceles terroristas islamistas y etarras. Confesó después a EL PAÍS que había tomado esa decisión tras leer una información en un periódico italiano que apuntaba a ese lazo. El informe fue escrito a toda prisa por funcionarios de prisiones que no encontraron más que seis comunicaciones entre etarras e islamistas, y ninguna en relación al 11-M.

Los hechos no importaron a El Mundo, que tituló el 1 de junio de 2004: “Un líder islamista propuso a ETA tras el 11-S realizar atentados conjuntos”. Una de las supuestas pruebas era una comunicación de Antonio Toro Castro, un delincuente, con Emilio Suárez Trashorras, el minero que facilitó la dinamita y que fue condenado a más de 3.000 años de cárcel. Según esta versión, Toro le había pasado a Trashorras un teléfono de contacto con ETA para vender explosivos, pero la investigación confirmó que el teléfono no era de los etarras, sino de una señora que no tenía nada que ver con el caso.