Del sobrecoste de un polideportivo al escándalo del ‘caso Urdangarin’
La investigación de la construcción del Palma Arena dio lugar a 26 piezas separadas, entre ellas la que afecta al duque de Palma
El Gobierno que se constituyó en Baleares en el verano de 2007, presidido por el socialista Francesc Antich, descubrió un sospechoso descuadre de más de 50 millones en las cuentas del recién inaugurado polideportivo Palma Arena. La instalación había costado 110 millones pese a que el precio de licitación de la obra se fijó en 43. Fiscal y juez investigaron aquel sobrecoste con distintos registros en las sedes de los organismos encargados de tramitar la obra. Así nació el ...
El Gobierno que se constituyó en Baleares en el verano de 2007, presidido por el socialista Francesc Antich, descubrió un sospechoso descuadre de más de 50 millones en las cuentas del recién inaugurado polideportivo Palma Arena. La instalación había costado 110 millones pese a que el precio de licitación de la obra se fijó en 43. Fiscal y juez investigaron aquel sobrecoste con distintos registros en las sedes de los organismos encargados de tramitar la obra. Así nació el caso Palma Arena. Desde entonces, el juez ha abierto 26 piezas separadas con decenas de imputados y procesados, muchos de ellos cargos públicos sobre los que ya recayó sentencia condenatoria. Entre ellos, Jaume Matas, el expresidente del Gobierno balear acusado de graves delitos relacionados con la corrupción.
En algunos de los registros la policía halló pruebas de la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares o de la adjudicación irregular de contratos de publicidad a una empresa privada. En otros registros los agentes hallaron documentos sobre dos convenios de colaboración entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos, la fundación sin ánimo de lucro que presidía Iñaki Urdangarin, para la organización de eventos. El juez descubrió en esos documentos motivos suficientes para abrir una nueva pieza separada, la número 25 del caso, por apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. Tres años después, el juez ha imputado a la hija del Rey por este escándalo.