Reformar para consensuar
Es cierto que sin el desafío independentista catalán el PSOE no habría planteado ahora la reforma federalista de la Constitución; pero ello ni justifica retrospectivamente ese desafío ni cuestiona la oportunidad de la reforma. Frente al desafío se han planteado dos respuestas principales: 1) Resistencia jurídica en nombre de la Constitución, presentando recursos a toda decisión que la vulnere. Es la posición del Gobiern...
Es cierto que sin el desafío independentista catalán el PSOE no habría planteado ahora la reforma federalista de la Constitución; pero ello ni justifica retrospectivamente ese desafío ni cuestiona la oportunidad de la reforma. Frente al desafío se han planteado dos respuestas principales: 1) Resistencia jurídica en nombre de la Constitución, presentando recursos a toda decisión que la vulnere. Es la posición del Gobierno, que parte de la hipótesis de que Mas no puede convocar la consulta sin pactarla con Rajoy, lo que da a este una clara ventaja. 2) Un acuerdo PP-PSOE sobre una alternativa por elevación: reforma constitucional en la que integrar una reconsideración del estatus de Cataluña (o de las nacionalidades). Por ejemplo, mediante una nueva disposición adicional.
La primera tiene la dificultad de que propicia unas elecciones plebiscitarias, lo que sería tan rupturista como el referéndum de autodeterminación. La segunda choca con la evidencia de que hoy no habría un consenso comparable al que avaló la aprobación de la Constitución en 1978.
El intento valdrá la pena si recupera consensos básicos constitucionales
Pero visto desde el otro lado, tal vez el consenso necesite un proyecto común, como podría serlo la reforma constitucional, al igual que la Constitución misma lo fue en la Transición. J. M Colomer planteaba recientemente (La Vanguardia, 10-11-2013) que, como entonces, solo la conciencia del “abismo” que se abriría en ausencia de acuerdo sería capaz de incentivar el pacto. Aunque si hoy no lo hay no es tanto por falta de temor a los efectos de la independencia catalana como porque, en el fondo, la gente no se cree que vaya a producirse. En la encuesta publicada en EL PAÍS el 3 de noviembre, el 63% de los catalanes consideraba improbable que llegase a verificarse la secesión, frente al 30% que lo estimaba factible.
Cifras que aconsejan relativizar la de partidarios de la independencia que también recogía el sondeo (del mismo modo que los expertos demoscópicos rebajan el resultado de la respuesta a la cuestión “quién desea que gane” con el que responde a la de “quién cree que ganará”).
Tal vez vuelva a tener sentido una doble capitalidad Madrid-Barcelona
Tal vez también habría que relativizar la amplia mayoría que según los sondeos (EL PAÍS, 8-12-2013) está a favor de reformar la Constitución, y especialmente el modelo autonómico, a la vista de las motivaciones contradictorias que la provocan: el deseo de que el Estado recupere competencias (45%) o, alternativamente, que siga transfiriendo cuantas más mejor (35%). Lo que abre la puerta a una reforma de doble dirección. En 2006 se aprobaron de golpe en Alemania 40 modificaciones constitucionales (casi tantas como en los 57 años anteriores), muchas de ellas referidas al modelo federal. Unas lo fueron para recuperar competencias paeras el Estado central y otras para lo contrario, siempre en función de un criterio pragmático de simplificar los procedimientos legislativos y facilitar la gobernabilidad.
La falta de interés de PP y PSOE por compartir objetivos parece un argumento definitivo para dar por inviable cualquier reforma constitucional. Pero el pasado viernes Rajoy y Rubalcaba admitieron haber hablado de la reforma constitucional, y el segundo añadió algo inesperado: “Ambos sabemos que nuestros mutuos argumentos no son desdeñables”. Reconocer eso significa admitir la legitimidad de las dos posturas sobre la oportunidad de la reforma, y que esta no debe convertirse en motivo de trifulca partidaria; y abre la puerta al intento de pactar cambios concretos y tasados, siempre bajo el criterio de aumentar la eficacia del sistema: fijar la distribución competencial y los criterios de financiación autonómica, que son los principales puntos débiles del modelo; pero también incluir el reconocimiento de la singularidad de las nacionalidades, no como fuente de privilegios pero sí de un estatus simbólico diferenciado. Alguna vez se ha hablado de una doble capitalidad Madrid-Barcelona, que en su momento pudo tener sentido (y tal vez lo tenga en el futuro).
Eso es ahora utópico, y muy difícil que pueda culminar una reforma que cuente con un apoyo como el de hace 35 años. Pero el intento habrá valido la pena si proporciona la ocasión para que los dos principales partidos recuperen consensos constitucionales básicos como los que existen entre Gobierno y oposición en casi todos los países de tradición democrática.