El Gobierno presenta por cuarta vez su oferta de pacto contra la corrupción
PSOE y UPyD plantan al Ejecutivo en la reunión para impulsar el plan
El Gobierno volvió a presentar este jueves, por cuarta vez, su plan de medidas para la regeneración democrática y su oferta de pacto contra la corrupción. Lo hizo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en una reunión con los grupos parlamentarios en el Congreso. PSOE y UPyD no acudieron porque fueron convocados dos horas antes de la reunión y poco después de que el presidente del Gobierno anunciara el encuentro en Radio Nacional. Ambos grupos aseguraron que el Ejecutivo solo pretendía una foto.
El pasado 20 de febrero, ...
El Gobierno volvió a presentar este jueves, por cuarta vez, su plan de medidas para la regeneración democrática y su oferta de pacto contra la corrupción. Lo hizo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en una reunión con los grupos parlamentarios en el Congreso. PSOE y UPyD no acudieron porque fueron convocados dos horas antes de la reunión y poco después de que el presidente del Gobierno anunciara el encuentro en Radio Nacional. Ambos grupos aseguraron que el Ejecutivo solo pretendía una foto.
El pasado 20 de febrero, Mariano Rajoy anunció en el debate sobre el estado de la nación que iniciaría contactos para ese pacto y detalló sus medidas, que coinciden con el texto entregado este jueves a los grupos. En aquel debate, el PP rechazó la petición del PSOE para crear una subcomisión que estudiara iniciativas contra la corrupción.
Entre las medidas anunciadas entonces había algunas que no requerían reforma legal, sino acuerdo en la Mesa del Congreso, como la creación de un registro de lobbies. Esta medida se ha aparcado y ha desaparecido de las propuestas del Gobierno.
El 13 de marzo se creó una comisión en La Moncloa que solo se reunió ese día e hizo pública una nota con el anuncio de esas medidas. Fueron reiteradas el 1 de agosto por Rajoy, en el pleno en el que compareció por el caso Bárcenas, y el 20 de septiembre el Consejo de Ministros estudió un informe con el anuncio de las mismas medidas.
Este jueves, nueve meses después del primer anuncio, el Gobierno entregó a los grupos un documento de 18 folios con el informe aprobado hace dos meses en el Consejo de Ministros. En él se vuelve a hablar de la modificación o aprobación de un total de 15 leyes en tres bloques de asuntos: financiación de los partidos políticos, un estatuto del cargo público y medidas procesales y penales contra la corrupción. El Ejecutivo ofreció a los grupos un acuerdo y anunció que algunas de las normas empezarán a llegar a las Cortes antes de final de año.
El documento asegura que "el Gobierno entiende que es imprescindible trabajar con determinación en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la democracia y las instituciones". Para eso presentará "tres paquetes normativos: ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción". La primera incluye "la comparecencia anual obligatoria del responsable financiero de cada partido ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas", "la obligación de publicar en la web de los partidos todas las subvenciones recibidas, así como las donaciones superiores a la cantidad que se determine" y "la definición de fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y determinados organismos públicos como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses", entre otros.
La segunda supone la "codificación de derechos y obligaciones del cargo público", "la ampliación del régimen de publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales", "la homologación total del régimen de protección social para que los cargos públicos contribuyan al régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos" y la delimitación de los gastos de representación. El resto de medidas se refieren a la reforma del Código Penal, cuyo trámite parlamentario acaba de iniciarse en el Congreso. En este caso, las propuestas del Gobierno se refieren, por ejemplo, a tipificar el delito de financiación ilegal de partidos y "una nueva pena de inhabilitación especial en los delitos de tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegales para prohibir a los condenados —además de contratar con la Administración Pública— recibir subvenciones o ayudas públicas, o recibir beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social".