Un castigo innecesario
España tiene en estos momentos, desde 2010, una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo que la convierte en un derecho de la mujer durante las primeras 14 semanas del embarazo, y que después de ese plazo la autoriza en determinados supuestos, de malformación o enfermedad del feto o de riesgo para la vida o la salud de la madre. En 20 de los países de la UE existen leyes similares, y en España esta legislación cuenta con el respaldo del 46% de la población, incluyendo a un 38% de quienes se declaran católicos (según un sondeo de Metroscopia: ...
España tiene en estos momentos, desde 2010, una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo que la convierte en un derecho de la mujer durante las primeras 14 semanas del embarazo, y que después de ese plazo la autoriza en determinados supuestos, de malformación o enfermedad del feto o de riesgo para la vida o la salud de la madre. En 20 de los países de la UE existen leyes similares, y en España esta legislación cuenta con el respaldo del 46% de la población, incluyendo a un 38% de quienes se declaran católicos (según un sondeo de Metroscopia: véase EL PAÍS del 21 de abril).
El Gobierno ha anunciado una nueva ley al respecto, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que solo se propone restablecer los derechos del no nacido, y que parte del reconocimiento del más importante de los derechos: el derecho a la vida. Eso implica que la ley actual, como las leyes existentes en los otros 20 países europeos que tienen leyes de plazos, no respetan los derechos del no nacido ni el derecho a la vida, una manifestación cuando menos llamativa, y en bastantes sentidos alarmante.
Como es obvio, las leyes de plazos consideran que durante las primeras semanas del embarazo el embrión no puede equipararse a un ser humano no nacido, y que en ciertos supuestos se plantea un conflicto entre el derecho a la vida del feto y el derecho a la vida de la madre. Y que en tales supuestos debe prevalecer el derecho de la madre, un ser humano pleno y consciente: en caso de conflicto entre dos bienes, se opta por el mal menor, lo que parece de sentido común.
El Gobierno, y el ministro Ruiz-Gallardón, han mantenido hasta ahora una contradictoria ambigüedad sobre las líneas generales de la nueva ley, pero se puede pensar, por lo que ha trascendido, que planean una ley de supuestos, que apoyan un 41% de los españoles frente al 46% que apoya la actual ley de plazos. Pero además parece que se intenta restringir drásticamente los supuestos —se habla de limitar las malformaciones y enfermedades fetales que justificarían el aborto—, lo que podría causar grandes sufrimientos a los padres.
¿Por qué se produciría una involución tan notable y socialmente tan cruel? Pese a las reiteradas negativas del ministro, es inevitable la sospecha de que el Gobierno se limita a ceder ante las presiones de la Conferencia Episcopal, tan explícitas en las sucesivas manifestaciones que esta protagonizó contra el Gobierno anterior. Es decir, a hacer concesiones a ese 10% de los españoles que no creen que exista ninguna razón que justifique la interrupción voluntaria del embarazo.
Pero por definición este sector integrista de la sociedad española no considerará nunca suficiente cualquier endurecimiento de la ley, ya que lo que desea es regresar a la situación anterior a 1985, cuando la interrupción del embarazo era en todo caso un delito. Tiene razón el ministro, en este sentido, cuando deja caer que la nueva ley no dejará satisfecha a la Conferencia Episcopal. Ahora bien, ¿qué sentido tiene, si en ningún caso se va a conseguir el apoyo de los sectores confesionales más conservadores, imponer innecesarias penalidades a las mujeres y a las familias españolas?
Penalidades que pueden incluir la muerte de la madre, como en el reciente caso de Savita Halappanar, muerta en el Hospital Universitario de Galway (Irlanda) por septicemia a causa de la confesionalidad de la legislación de aquel país. La víctima protestó antes de morir de que se le aplicara una legislación católica, cuando ella era hindú. Pero precisamente ese es el punto central del problema: un 10% de los españoles quieren que sus particulares creencias se conviertan en legislación que nos obligue a todos. Y el Gobierno, y el ministro, quieren hacerles concesiones aunque les resulten insuficientes. Eso suena a electoralismo, pero además a un electoralismo muy torpe. Y tiene muy poco que ver con esos intereses generales que según el presidente Rajoy son la única preocupación de su Gobierno.
Carmen Martínez Ten es miembro de la Asociación para la Reflexión y la Acción Feminista (ARAF).